ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION Y ACCION SOCIAL
Personería jurídica No. 138 del 10 de abril de 2000
Santiago de Cali 6 de mayo de 2010
S.O.S
Nuevas amenazas sobre líderes de los municipios de Suárez y Buenos Aires-Cauca, Organizaciones de derechos humanos, sindicales, indígenas y la Minga de Resistencia Social y Comunitaria.
Hechos
El día jueves 5 de mayo de 2010 a las 8:20 de la noche, llegó a los celulares de los líderes Plutarco Sandoval Ararat, Licifrey Ararat, Ives Trujillo, Cenen Aponsá, Wilsón Saenz, entre otros, un mensaje proveniente del número 3117258756 donde se amenaza a líderes los municipios de Suárez y Buenos Aires-Cauca pertenecientes al Consejo Comunitario La Toma, Proceso de Comunidades Negras de Colombia –PCN-, Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC-; organización de derechos humanos NOMADESC, la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, la organización sindical SINTRAUNICOL, la CUT- Valle y el Polo Democrático Alternativo.
El mensaje:
“Nomadesc ddhh, cut, sintraunicol CRIC PCN la toma, buenos aires, polo hp auxiliadores de las milicias los tenemos no vamos a fallar bere o la chiqui diego escobar wilson machete jose milciades feliciano valencia goyes enrique licifredi edward recheche villegas cenen plutarco ives Trujillo att águilas negras nueva generación”.
Antecedentes
-Los y las líderes y organizaciones amenazadas trabajan permanentemente en la denuncia y defensa del territorio y los derechos humanos y hacen parte de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria.
-Los territorios objeto de la amenaza: Suárez, Buenos Aires, Cerro Tijeras y Morales-Cauca, son zonas estratégicas para la intervención de multinacionales como Anglo Gold Ashanty, Unión Fenosa, EPSA, Kedahda, Smurfit Kappa Cartón de Colombia y Aguas de Barcelona, quienes, en asocio con grupos paramilitares se han opuesto a la resistencia de las comunidades por la defensa de sus recursos y el territorio.
- El día 11 de octubre de 2009 a las 19:12 minutos con 44 segundos, se recibió un mensaje de texto en el celular del señor Diego Restrepo quien se desempeña como presidente del Concejo Municipal del Municipio de Suárez en el que se le manifestaba “presidente nesecitamos una colaboración de DIES MILLONES DE PESOS $10.000.000 y no molestar mas, colabore que Buenos Aires ya negocio con nuestro grupo, lo que SI es que dos Concejales los declaramos objetivo militar a esos HP, Meraldiñ Cabiche y Gerly Campo (SIC) ya sabemos como se mueven, donde viven pronto tienen que a recogerlos y verlos en su recinto; con el resto no hay problemas pronto les aremos un panfleto para que se larguen lejos con sus familias. Grupo AGUILAS NEG. El mensaje fue enviado desde el numero de celular numero 3146596640.”
- El día 18 de octubre 6 25 a.m. llego un mensaje de texto al teléfono personal del concejal Meraldiño Cabiche No. 311 5611567 “Muerte h.p. el próximo mensaje lo llevas en el cuello, para que sepas que no estamos jugando. Pronto nos vemos Meraldiño como los demás. Águilas Negras” El mensaje fue enviado desde el numero de celular numero 310 453 48 76.
Estas deducías fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, el GAULA, la Procuraduría General de la Nación y la Gobernación del Cauca.
-Los y las líderes y organizaciones sociales y de derechos amenazadas hoy, han recibido reiteradas amenazas por parte de las Águilas Negras Nueva Generación: el día 22 de octubre de 2009 a las 12:33 pm, llegó vía fax a las oficinas de la Asociación de derechos humanos Nomadesc y la CUT-Valle, un mensaje donde se amenazaba a Nomadesc, PCN, Cut Valle, Consejo Comunitario La Toma, Cerro Tijeras, Licifrey Ararat, Edward Villegas, Joseé Goyes, Diego Escobar, Plutarco Sandoval Ararat, Meraldiño Cabiche. El Mensaje: “(…) Que con la ayuda de familias en acción, guardabosques y la seguridad democrática, un grupo de hombres y mujeres preocupados por el acontecer del apaís, hemos definido que se hace de nuevo emprender la lucha contra aquellos que se camuflan en las organizaciones sociales como la CUT Valle, NOMADESC, Defensores de D DDHH, enemigos de nuestra democracia. Esos burócratas no dejan progresar el CAUCA, donde no permiten el ingreso de las multinacionales que si traen beneficio a las comunidades en SUAREZ, MORALES Y BUENOS AIRES”.
-El 1 de diciembre de 2009 se realizó una reunión con altos funcionarios de la EPSA donde se discutió el tema de consulta previa y se presentaron irregularidades como un acta de asistencia donde el encabezado citaba: “Formulación del Plan de Manejo Ambiental y Consulta Previa de la Operación de la Central Hidroeléctrica de Salvajina”. Los líderes se opusieron, argumentando que esta acta no debería llevar la palabra CONSULTA PREVIA, ya que es costumbre alterar los documentos para presentarlos ante el gobierno como legitimación por parte de las comunidades para entregar el territorio a las multinacionales.
- El 4 de diciembre de 2009 los mismos líderes mencionados anteriormente recibieron un mensaje de texto de las Águilas Negras donde les daban 8 días para salir del territorio.
- El miércoles 7 de abril de 2010 a las 12:30 p.m, 8 mineros provenientes de Chocó: WILBER FERNANDO MOSQUERA RUIZ, JOSE ASNOLDO MOSQUERA MOSQUERA, JEISON ANTONIO IBARGUEN, HENRY IBARGUEN MOSQUERA, MACEDONIO IBARGUEN MOSQUERA, PABLO CESAR IBARGUEN MOSQUERA, PETER GOMEZ SANCHEZ, JOSE YUVER OCORO BALANTA fueron ajusticiados en una parte aislada de la vereda El Hato de Santa Marta conocida como “Alto de Ovejas” del corregimiento La Toma, en el municipio de Suárez-Cauca, donde pretendían instalarse en la orilla del Rio Ovejas para extraer oro. Siete de las víctimas eran integrantes de una misma familia, procedían de Chocó y habían llegado hace pocos días a trabajar en una mina cercana al Río Ovejas que recién empezaba a explorarse. Otra de las víctimas era oriundo de la zona donde ocurrieron los hechos. Siete de las víctimas fueron colocados de espaldas en línea cerca al río y ejecutados con dos tiros de gracia en la cabeza. El octavo cuerpo fue encontrado a pocos metros de los otros. NOMADESC, PCN, ACIN y la Comisión Interétnica del Cauca hicieron presencia el día de esta masacre conformando una Comisión de Verificación que denunció los hechos.
Solicitudes
Solicitamos se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de las personas amenazadas y dar trámite ante las instancias que sea necesario para iniciar las investigaciones.
Solicitamos a todos y todas ustedes pronunciarse a la mayor brevedad y exigir del Estado colombiano una respuesta clara y oportuna para prevenir cualquier hecho que atente contra la integridad de los miembros de las organizaciones amenazadas.
Finalmente, solicitamos a todos y todas ustedes exigir al Gobierno Colombiano tomar medidas oportunas para prevenir nuevos hechos de violación de derechos humanos en la zona.
ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION Y ACCION SOCIAL NOMADESC
PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS PCN
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA ACIN
CONCEJO COMUNITARIO LA TOMA
COORPORACION SERVICIOS PROFESIONALES COMUNITARIOS SEMBRAR
FUNDACION COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PRESOS POLITICOS VALLE DEL CAUCA
RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CON COLOMBIA REDHER
CAMPAÑA PROHIBIDO OLVIDAR
DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS CUT-VALLE
SINTRAUNICOL
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA
CRIC
MINGA DE RESISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
Sus pronunciamientos los puede enviar a:
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
fsantos@presidencia.gov.co
General FREDY PADILLA
Ministro de la Defensa (E)
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
siden@mindefensa.gov.co
infprotocol@mindefensa.gov.co
mdn@cable.net.co
FABIO VALENCIA COSSIO
Ministro del Interior y de Justicia
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
Fax. 2221874
ministro@minjusticia.gov.co
GUILLERMO MENDOZA DIAGO
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.
Fax. 570 20 00
contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co
WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo
Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.
Fax. 640 04 91
defensoria@defensoria.org.co
secretaria_privada@hotmail.com
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co
reygon@procuraduría.gov.co
Dirigir copia de sus comunicaciones a:
ASOCIACION NOMADESC
Accionjuridica.nomadesc@gmail.com
CAMPAÑA PROHIBIDO OLVIDAR
dhprohibidolvidar@yahoo.com
PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS
pcnkol.bogota@renacientes.net
Nuevas amenazas sobre líderes de los municipios de Suárez y Buenos Aires-Cauca, Organizaciones de derechos humanos, sindicales, indígenas y la Minga de Resistencia Social y Comunitaria.
Declaraciones de Gay MacDougall relatora de minorias
Relatora de la ONU vio en Colombia un ‘Avatar’
Foto: Archivo Naciones UnidasGay McDougall, experta independiente de Naciones Unidas sobre asuntos de las Minorías.
Antes de hacer su trabajo de campo, alguien le dijo a Gay McDougall que la gente negra de Colombia era violenta e incapaz de organizarse.
Sin embargo, esta experta sobre minorías que vino a hacer un informe para Naciones Unidas, se fue para Cartagena, Urabá, Apartadó, Quibdó, Cali, Buenaventura, Suárez (Cauca) y San Basilio de Palenque (Bolívar). En esos sitios, se reunió con afrocolombianos y “encontré que reinaba el consenso, la participación de todos, el respecto y el sentimiento de igualdad”.
Y no sólo notó esto, sino que se trata de personas que “durante siglos han vivido en regiones de aislamiento extremo, clima arduo y, a menudo, en extrema pobreza”, según dijo. Además de que la Ley 70 dice que estas personas son las únicas dueñas de esa tierra, McDougall encontró que allí tienen su fuente de sustento y supervivencia, la conservación de su cultura, de su idioma y sus tradiciones.
Justamente en esos sitios, donde vive la mayoría de gente negra de Colombia, hay grupos armados que tienen intereses en cultivar y traficar coca. Y también “hay nuevos planes de desarrollo macroeconómico que han escogido estas regiones para inversiones de monocultivo, que incluyen el cultivo de palma de aceite y el banano, para las concesiones mineras, para la ganadería extensiva y para operaciones madereras y otros intereses económicos”, registró la experta en su declaración al terminar su visita.
En aquel documento, dice que “los megaproyectos han desplazado a muchos afrocolombianos. Se trata de operaciones económicas a gran escala, a menudo con la participación de compañías nacionales y multinacionales que fomenta el gobierno para traer el desarrollo y el beneficio económico a toda Colombia. Sin embargo, las comunidades sienten grandes temores por la intromisión en sus derechos a la tierra y el impacto medioambiental adverso. Ante semejantes intereses económicos y megaproyectos, parecería que los derechos de las comunidades son derechos “incómodos” y que las leyes que se promulgaron para protegerlos son igual de incómodas”.
Todo aquello se ha convertido en lo que ella llamó “las motivaciones en años recientes” de desplazamientos, muertes, violaciones sexuales a mujeres y cualquier manifestación de violencia en tierras de afrocolombianos. Los grupos armados ya no hacen masacres ni crímenes muy visibles, sino muertes selectivas, amenazas, desapariciones y agresiones a líderes que ven como obstáculos para sus planes.
No hace mucho, Semana.com había publicado cómo algunas personas estaban apoderándose de la explotación de la madera en Chocó. Y luego publicó denuncias que decían que posiblemente son paramilitares los que están controlando el comercio en ese departamento.
Estos hechos están pasando en momentos en que “el Gobierno ha adoptado una posición política según la cual ya no hay conflicto armado y que los grupos paramilitares se han desmovilizado”, de acuerdo con McDougall. Pero lo que ella encontró fue que “en muchas comunidades rurales negras que yo visité, he escuchado relatos conmovedores y creíbles de asesinatos y amenazas contra los líderes comunitarios”.
Para la experta, lo que está ocurriendo es que “los paramilitares se quitaron los uniformes y se armaron como ‘Águilas Negras’ u otros nombres”. La gente sabe que son ellos los mismos que los habían acosado anteriormente porque “los rostros se reconocen en la comunidad. Es difícil olvidar las caras de los verdugos de sus parientes y amigos”.
La gente sabe que necesita protección, pero “temen que la presencia del ejército o de la policía en sus comunidades las expongan a retaliaciones de la guerrilla o de otros grupos ilegales armados”, según McDougall. Ella advirtió que las autoridades tienen mucho por hacer para recuperar la confianza de estas personas e instó al Ministro de Defensa para que proteja a estas comunidades.
Claro que para el Gobierno es complejo atender las quejas de aquellas violaciones porque afectaría sus intereses y sus políticas. “Los proyectos de desarrollo agroindustriales de monocultivo, como las plantaciones de palma de aceite, figuran de manera destacada en los planes nacionales de desarrollo”, dice la experta en su declaración.
Ella conoció que “el Gobierno tiene un programa de préstamos y financiación para proyectos de conformidad con objetivos de planificación nacional en agricultura y minería, que algunos dicen, ha financiado proyectos en tierras usurpadas de afrocolombianos”. A este respecto, “me atrevería a decir que ni una comunidad con títulos ha recibido aportes del Gobierno para desarrollar sus proyectos en su propia tierra”.
Sin embargo, McDougall reconoce que en Colombia existen leyes, autos de la Corte Constitucional y programas de Acción Social que apuntan a atender y respetar los derechos de la gente negra. Pero poco se materializa sobre el terreno.
Foto: Archivo Naciones UnidasGay McDougall, experta independiente de Naciones Unidas sobre asuntos de las Minorías.
Antes de hacer su trabajo de campo, alguien le dijo a Gay McDougall que la gente negra de Colombia era violenta e incapaz de organizarse.
Sin embargo, esta experta sobre minorías que vino a hacer un informe para Naciones Unidas, se fue para Cartagena, Urabá, Apartadó, Quibdó, Cali, Buenaventura, Suárez (Cauca) y San Basilio de Palenque (Bolívar). En esos sitios, se reunió con afrocolombianos y “encontré que reinaba el consenso, la participación de todos, el respecto y el sentimiento de igualdad”.
Y no sólo notó esto, sino que se trata de personas que “durante siglos han vivido en regiones de aislamiento extremo, clima arduo y, a menudo, en extrema pobreza”, según dijo. Además de que la Ley 70 dice que estas personas son las únicas dueñas de esa tierra, McDougall encontró que allí tienen su fuente de sustento y supervivencia, la conservación de su cultura, de su idioma y sus tradiciones.
Justamente en esos sitios, donde vive la mayoría de gente negra de Colombia, hay grupos armados que tienen intereses en cultivar y traficar coca. Y también “hay nuevos planes de desarrollo macroeconómico que han escogido estas regiones para inversiones de monocultivo, que incluyen el cultivo de palma de aceite y el banano, para las concesiones mineras, para la ganadería extensiva y para operaciones madereras y otros intereses económicos”, registró la experta en su declaración al terminar su visita.
En aquel documento, dice que “los megaproyectos han desplazado a muchos afrocolombianos. Se trata de operaciones económicas a gran escala, a menudo con la participación de compañías nacionales y multinacionales que fomenta el gobierno para traer el desarrollo y el beneficio económico a toda Colombia. Sin embargo, las comunidades sienten grandes temores por la intromisión en sus derechos a la tierra y el impacto medioambiental adverso. Ante semejantes intereses económicos y megaproyectos, parecería que los derechos de las comunidades son derechos “incómodos” y que las leyes que se promulgaron para protegerlos son igual de incómodas”.
Todo aquello se ha convertido en lo que ella llamó “las motivaciones en años recientes” de desplazamientos, muertes, violaciones sexuales a mujeres y cualquier manifestación de violencia en tierras de afrocolombianos. Los grupos armados ya no hacen masacres ni crímenes muy visibles, sino muertes selectivas, amenazas, desapariciones y agresiones a líderes que ven como obstáculos para sus planes.
No hace mucho, Semana.com había publicado cómo algunas personas estaban apoderándose de la explotación de la madera en Chocó. Y luego publicó denuncias que decían que posiblemente son paramilitares los que están controlando el comercio en ese departamento.
Estos hechos están pasando en momentos en que “el Gobierno ha adoptado una posición política según la cual ya no hay conflicto armado y que los grupos paramilitares se han desmovilizado”, de acuerdo con McDougall. Pero lo que ella encontró fue que “en muchas comunidades rurales negras que yo visité, he escuchado relatos conmovedores y creíbles de asesinatos y amenazas contra los líderes comunitarios”.
Para la experta, lo que está ocurriendo es que “los paramilitares se quitaron los uniformes y se armaron como ‘Águilas Negras’ u otros nombres”. La gente sabe que son ellos los mismos que los habían acosado anteriormente porque “los rostros se reconocen en la comunidad. Es difícil olvidar las caras de los verdugos de sus parientes y amigos”.
La gente sabe que necesita protección, pero “temen que la presencia del ejército o de la policía en sus comunidades las expongan a retaliaciones de la guerrilla o de otros grupos ilegales armados”, según McDougall. Ella advirtió que las autoridades tienen mucho por hacer para recuperar la confianza de estas personas e instó al Ministro de Defensa para que proteja a estas comunidades.
Claro que para el Gobierno es complejo atender las quejas de aquellas violaciones porque afectaría sus intereses y sus políticas. “Los proyectos de desarrollo agroindustriales de monocultivo, como las plantaciones de palma de aceite, figuran de manera destacada en los planes nacionales de desarrollo”, dice la experta en su declaración.
Ella conoció que “el Gobierno tiene un programa de préstamos y financiación para proyectos de conformidad con objetivos de planificación nacional en agricultura y minería, que algunos dicen, ha financiado proyectos en tierras usurpadas de afrocolombianos”. A este respecto, “me atrevería a decir que ni una comunidad con títulos ha recibido aportes del Gobierno para desarrollar sus proyectos en su propia tierra”.
Sin embargo, McDougall reconoce que en Colombia existen leyes, autos de la Corte Constitucional y programas de Acción Social que apuntan a atender y respetar los derechos de la gente negra. Pero poco se materializa sobre el terreno.
