Sobre la paz. (A propósito de Oslo)
Por:
Federico Pérez Bonfante
Profesor. Universidad del Valle
Afiliado a SINTRAUNICOL – Cali
Miembro de la ONG de DDHH NOMADESC
En la instalación de los diálogos de Oslo, tanto el pronunciamiento de las FARC como del gobierno Santos han dejado claro lo obvio: las posiciones son diametralmente distintas. A pesar del manejo que los medios de comunicación han dado al discurso pronunciado por Márquez, no se deben generar alarmas, oleajes de pesimismo o profundas preocupaciones, pues precisamente las partes han convenido sentarse en una mesa porque mantienen concepciones asimétricas en varios temas, quizá no en todos, pues hay cosas en las que las FARC y el establecimiento se parecen, por ejemplo en las acciones de guerra que ambos despliegan contra las comunidades indígenas. Lo que resultaría absurdo es que, por ejemplo, el partido Liberal y el Conservador instalaran una mesa de diálogo y negociación, pues entre estos partidos y sus mutaciones no existen diferencias reales, obsérvese cómo el Procurador Ordóñez, por ejemplo, borra cualquier asomo de disenso entre los unos y los godos.
En el discurso de instalación y en las posteriores declaraciones en la rueda de prensa, Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno Santos, ha dejado claro lo que persigue el Estado colombiano en este proceso: 1. Que las FARC acompañen las iniciativas de Restitución de Tierras y Reparación a Víctimas; 2. Que las FARC se constituyan en una organización política que actúe en el marco de la democracia vigente en Colombia[i]; 3. Que este proceso es entre las FARC y el gobierno; 4. Que este proceso no debe tomar mucho tiempo; 5. Que el modelo económico y de desarrollo no se somete a discusión, así como tampoco (6) el tamaño del Ejército. En este marco de cosas, además, el gobierno no está dispuesto a pactar un cese al fuego para adelantar las conversaciones.
En el caso de las FARC, el discurso de Márquez es opuesto al del gobierno en cada uno de los anteriores puntos: 1. Han señalado de la política de Restitución de Tierras es una trampa para el campesino; 2. Las FARC no creen en la democracia a la colombiana; 3. Las FARC insistieron en un proceso amplio con sectores de la sociedad, más allá del gobierno; 4. Asimismo insistieron que cinco décadas de guerra no se resuelven en pocos meses; 5. Las FARC consideran que la paz implica discutir el modelo de Estado, el modelo económico y de desarrollo y; 6. Para las FARC, el tamaño del Ejército debe reducirse una vez culminado con éxito un proceso de paz con la insurgencia.
Para que este proceso sea exitoso en los márgenes y alcances del mismo, quizá las partes deban comprender recíprocamente cosas: el gobierno Santos debería asumir que la paz SI pasa por el modelo de Estado, de desarrollo y económico, es la causa misma de la guerra; al tiempo que las FARC deberían entender que no todos los asuntos a transformar en el Estado y la sociedad colombiana se alcanzan concretamente en un proceso de paz.
Es un principio ampliamente validado, incluso Humberto de la Calle así lo dejo ver, que la paz va más allá del silenciamiento de los fusiles. En este sentido, la paz tiene mayor relación con las condiciones de vida digna que los ciudadanos puedan gozar en la sociedad que con el fin mismo de la guerra. Esas condiciones pasan, sin duda alguna, por la orientación económica, la concepción de desarrollo y el tipo de Estado que adopte una sociedad.
Para dar un ejemplo: la ciudad de Oslo es la que es en razón de decisiones sobre estos asuntos, por supuesto, también en razón a su continuo histórico y cultural. Por las mismas razones podemos afirmar que Bogotá, Cali, Barranquilla o Medellín son las ciudades que son, pues hacen parte de un país económicamente gobernado por la facultad de Economía de la Universidad de los Andes, el Banco Mundial, el FMI, el BID, la OMC, entre otras instituciones de inspiración neoliberal, teoría económica que lleva a cierta concepción y rol del Estado, al tiempo que entiende el desarrollo de una manera particular. El hecho de que tengamos cada vez más EPS´s y menos hospitales públicos, el hecho de que para poder adquirir una vivienda debamos pagarle a bancos privados altísimos intereses, así como el hecho de que se proponga a los jóvenes recién egresados de los colegios que para estudiar deban recurrir a préstamos al ICETEX y a la banca privada, entre muchas más situaciones, obedece al modelo económico, de desarrollo y de Estado, insisto.
Los resultados de esta orientación que nos ha gobernado por al menos tres décadas saltan a la vista: “Colombia solo supera a Haití y a Angola en desigualdad”[ii] mundial. Por allí comienza la guerra, pues la mayor parte de los muertos de este país no se deben al conflicto armado, sino que están vinculados con las condiciones de pobreza de la mayor parte de la población colombiana. Si el gobierno no admite esto, definitivamente no le interesa la paz. En lo que acierta el gobierno, parcialmente, es que este tema no tiene por qué tratarse con las FARC, exclusivamente añadiría yo, sino que debe discutirse y decidirse por el soberano de la democracia: el pueblo. Pero el gobierno no lo somete a diálogo con las FARC ni con el pueblo. Se reúne y acuerda la política económica colombiana con el Sr. Slim, el hombre más rico del mundo, con los Presidentes de las más devastadoras multinacionales o con los representantes del Banco Mundial, el FMI y el BID para Colombia. El gobierno no está prisionero al proceso con las FARC, ha dicho, pero el país si esta preso a las voluntades de un gobierno que obedece a la receta neoliberal que tiene en crisis a los Estados Unidos y a Europa.
El proceso que ha iniciado debe constituirse en una oportunidad, más allá del gobierno y de las FARC, para que el pueblo colombiano redefina el rumbo del país luego de décadas de un modelo de Estado, económico y de desarrollo que ha conducido a Colombia a ser una vergüenza social internacional. El problema es que el pueblo colombiano, en su mayoría, ha sido ubicado como espectador cuando debería ser precisamente el actor protagónico del proceso. Y cuando sectores de la población manifiestan su legítimo interés por asomar en el proceso, son silenciados o descalificados. ¿De qué democracia es que estamos hablando?
[i] Igual se le propuso al M – 19 y ya sabemos todos en lo que terminó este proceso, incluyendo candidato presidencial (Carlos Pizarro) asesinado.
[ii] Diario Portafolio.co Enlace: http://www.portafolio.co/economia/colombia-solamente-supera-haiti-y-angola-desigualdad
Represión y terror, constantes en Colón (Panamá)
CAROLINA A. IDROBO
Heridos, presos sin ley y una niña en estado grave. Policía dio gas y palos en otra jornada de terror
2012-10-23 — 12:00:00 AM — COLÓN. En Colón no hay Estado de derecho. Policías disparan, tiran gases lacrimógenos, golpean a manifestantes. Hubo detenidos sin orden. Una comisión de abogados intentó darles defensa, pero fue imposible. No hay garantías.
Ayer se vivió otra jornada de terror. A las 9 de la mañana la policía comenzó a disparar sobre la marcha del pueblo colonense, convocada por organizaciones sociales y sindicales en rechazo de la Ley 72. Las más de 100 personas que repetían la consigna ‘la tierra no se vende’ por la calle 10 central rumbo a la calle 2, recibieron olas perdigones
En los edificios resonaban pailas. En las calles, explosiones de basura, humo y fuego. Corridas y gritos.
La gente resistió aunque el encuentro con policías significaba la cárcel. No faltó mucho para que empezaran los apresamientos. Mario Cabrera, las hermanas Deika y Florencia Rodríguez, Domitilo Palacio, José González, Adme Bárcenas, Luis Alabarca, Román Rodríguez, detenidos. El dirigente barrial Jorge Luis Almengor tuvo que huir cuando la policía ‘forzó la puerta sin ninguna orden de allanamiento y le golpearon la cabeza’, según denunció su esposa mientras mostraba los destrozos de su casa. Algo parecido sufrió otro dirigente, Virgilo Ávila, apresado, golpeado y encerrado, según narraron sus compañeros.
A las 10 de la mañana la comisión de abogados recibía los primeros nombres de heridos, detenidos y los informes de más allanamientos ilegales. Registraron cada dato que llegaba, con la esperanza de que en algún momento las institución responda en Panamá.
Una hora después, la marcha se calentaba: la gente debía correr, más heridos y detenidos.
A LLORAR A LA IGLESIA
Mientras tanto, en el barrio La Feria cien personas resistían los ataques del Senafront, según contó el tío de ‘Pelón’, el niño muerto por una bala el viernes pasado, cuando empezaron los enfrentamientos. Y así en cada barrio de la ciudad que alberga el meganegocio de la Zona Libre y padece los peores índices sociales del país.
‘¡Unidad, unidad!’ decían las consignas. ‘La lucha es peleando’, agregaban. Eran cientos en María Chiquita; otro tanto en Buena Vista, N uevo San Juan y el 20.
En cada esquina el sonido del metal. ‘¡Dispararon a mansalva!’, contó con los ojos llorosos la profesora Yara Fiengo, que tuvo que refugiarse en la Iglesia San José, sobre la calle 10 y Avenida Central, con un pañuelo con vinagre en la nariz para protegerse del gas irritante.
Esa iglesia, epicentro de encuentro entre organizaciones sociales y líderes de la ciudad, fue cercada luego de que los policías dispararan a los muchachos y la multitud respondiera.
‘Un policía herido es suficiente para que arremetan con toda su fuerza y ya hay un niño muerto, no queremos más víctimas’, decían preocupados los abogados de la comisión. Y es que allí, en la San José, donde se negociaban los asuntos de derechos humanos y recibían los nombres de las personas heridas, desaparecidas, detenidas, empezó a entrar la gente asustada tras los ataques policiales.
‘A la iglesia no pueden meterse’, dijo alguien. Pero los agentes llegaron y empezaron a presionar. ‘Quieren tirar la puerta, la casa de Dios sitiada’, dijo una de las mujeres que atendía a los golpeados entre las bancas.
Tomaron el edificio de al lado y dispararon desde la azotea, contó la secretaria de la Coordinadora Estudiantil Universitaria. Afuera algunos respondían a la policía. Desde el último piso de la Casa Lara también apuntaban más agentes.
SUMAN VÍCTIMAS
Un joven herido en Buena Vista, seis heridos de bala en el cuarto de urgencia del Hospital Manuel Amador Guerrero: dos de gravedad. Una niña herida en la comunidad de Santa Rita, en Sabanitas.
Según el médico de urgencias del hospital, Mariano López, la situación es tan complicada que solo recibieron los heridos que normalmente reciben en una semana: ‘Sumamos las víctimas de casi un mes en cuatro días’.
La represión fue constante en otro día de terror para Colón. En La Feria allanaron las viviendas y sacaron a los jóvenes de sus casas, en Puerto Escondido tiraron balas y cortaron la luz en toda la Transístmica. Ellos, otra vez, prometen resistir.
http://www.laestrella.com.pa/online/impreso/2012/10/23/represion-y-terror-constantes-en-colon.asp
Ayer se vivió otra jornada de terror. A las 9 de la mañana la policía comenzó a disparar sobre la marcha del pueblo colonense, convocada por organizaciones sociales y sindicales en rechazo de la Ley 72. Las más de 100 personas que repetían la consigna ‘la tierra no se vende’ por la calle 10 central rumbo a la calle 2, recibieron olas perdigones
En los edificios resonaban pailas. En las calles, explosiones de basura, humo y fuego. Corridas y gritos.
La gente resistió aunque el encuentro con policías significaba la cárcel. No faltó mucho para que empezaran los apresamientos. Mario Cabrera, las hermanas Deika y Florencia Rodríguez, Domitilo Palacio, José González, Adme Bárcenas, Luis Alabarca, Román Rodríguez, detenidos. El dirigente barrial Jorge Luis Almengor tuvo que huir cuando la policía ‘forzó la puerta sin ninguna orden de allanamiento y le golpearon la cabeza’, según denunció su esposa mientras mostraba los destrozos de su casa. Algo parecido sufrió otro dirigente, Virgilo Ávila, apresado, golpeado y encerrado, según narraron sus compañeros.
A las 10 de la mañana la comisión de abogados recibía los primeros nombres de heridos, detenidos y los informes de más allanamientos ilegales. Registraron cada dato que llegaba, con la esperanza de que en algún momento las institución responda en Panamá.
Una hora después, la marcha se calentaba: la gente debía correr, más heridos y detenidos.
A LLORAR A LA IGLESIA
Mientras tanto, en el barrio La Feria cien personas resistían los ataques del Senafront, según contó el tío de ‘Pelón’, el niño muerto por una bala el viernes pasado, cuando empezaron los enfrentamientos. Y así en cada barrio de la ciudad que alberga el meganegocio de la Zona Libre y padece los peores índices sociales del país.
‘¡Unidad, unidad!’ decían las consignas. ‘La lucha es peleando’, agregaban. Eran cientos en María Chiquita; otro tanto en Buena Vista, N uevo San Juan y el 20.
En cada esquina el sonido del metal. ‘¡Dispararon a mansalva!’, contó con los ojos llorosos la profesora Yara Fiengo, que tuvo que refugiarse en la Iglesia San José, sobre la calle 10 y Avenida Central, con un pañuelo con vinagre en la nariz para protegerse del gas irritante.
Esa iglesia, epicentro de encuentro entre organizaciones sociales y líderes de la ciudad, fue cercada luego de que los policías dispararan a los muchachos y la multitud respondiera.
‘Un policía herido es suficiente para que arremetan con toda su fuerza y ya hay un niño muerto, no queremos más víctimas’, decían preocupados los abogados de la comisión. Y es que allí, en la San José, donde se negociaban los asuntos de derechos humanos y recibían los nombres de las personas heridas, desaparecidas, detenidas, empezó a entrar la gente asustada tras los ataques policiales.
‘A la iglesia no pueden meterse’, dijo alguien. Pero los agentes llegaron y empezaron a presionar. ‘Quieren tirar la puerta, la casa de Dios sitiada’, dijo una de las mujeres que atendía a los golpeados entre las bancas.
Tomaron el edificio de al lado y dispararon desde la azotea, contó la secretaria de la Coordinadora Estudiantil Universitaria. Afuera algunos respondían a la policía. Desde el último piso de la Casa Lara también apuntaban más agentes.
SUMAN VÍCTIMAS
Un joven herido en Buena Vista, seis heridos de bala en el cuarto de urgencia del Hospital Manuel Amador Guerrero: dos de gravedad. Una niña herida en la comunidad de Santa Rita, en Sabanitas.
Según el médico de urgencias del hospital, Mariano López, la situación es tan complicada que solo recibieron los heridos que normalmente reciben en una semana: ‘Sumamos las víctimas de casi un mes en cuatro días’.
La represión fue constante en otro día de terror para Colón. En La Feria allanaron las viviendas y sacaron a los jóvenes de sus casas, en Puerto Escondido tiraron balas y cortaron la luz en toda la Transístmica. Ellos, otra vez, prometen resistir.
CARTA ABIERTA A LOS NEGOCIADORES UN PROCESO DE PAZ CON PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
CARTA ABIERTA A LOS
NEGOCIADORES
UN PROCESO DE PAZ CON
PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Bogotá,
octubre 8 de 2012
Señores
negociadores plenipotenciarios del
gobierno:
Humberto de La Calle
Luis
Carlos Villegas
Óscar Naranjo
Jorge Enrique Mora
Frank Pearl
Sergio Jaramillo
Señores
Negociadores plenipotenciarios de las FARC-EP:
Iván
Márquez
Rodrigo
Granda
Andrés
París
Marco
León Calarcá
Simón
Trinidad
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes
de Estado -Movice-, saluda con mucha esperanza la proximidad del inicio de
negociaciones de paz en Colombia y
espera que a esta iniciativa se adhiera prontamente el Ejército de Liberación
Nacional (ELN).
Nosotros y nosotras, víctimas de los crímenes
del Estado colombiano, encarnando la
experiencia de una de las causas fundamentales del conflicto social y armado en
nuestro país, consideramos que la
negociación política es la
salida efectiva a más de 50 años de guerra. Sin embargo, creemos que este proceso no
compete únicamente al gobierno y a la insurgencia, sino que debe contar
con la activa participación de las
víctimas y de la sociedad civil en su conjunto, y culminar con cambios
estructurales democráticos e incluyentes; así como con reformas económicas,
sociales, políticas, culturales y
ambientales. También debe
concluir con el esclarecimiento de lo ocurrido, con la reparación y
reconstrucción de los tejidos sociales destruidos, y con el castigo a los
responsables de los crímenes de Estado como elemento fundamental para avanzar
en la reconciliación tan anhelada por la sociedad colombiana.
Desde esta perspectiva, queremos manifestar
algunas propuestas iniciales que deben ser tenidas en cuenta, en consideración
al derecho que nos asiste.
CONSIDERACIONES:
•
El
conflicto social y armado en Colombia hunde sus raíces en la exclusión
política, económica y social a la que ha estado sometida la mayoría de la
población colombiana. Las desigualdades sociales son el producto de la
concentración en una minoría de lo que es producto del esfuerzo y trabajo
de toda una colectividad, de allí la
necesidad de reconocer el carácter político de este conflicto.
•
Toda
consideración sobre la violencia en Colombia debe partir del reconocimiento de
la existencia de crímenes de Estado, y asumir que su esclarecimiento no es sólo
un elemento central del derecho que tiene la sociedad de conocer las causas que
le han llevado a la violencia, o del derecho de las víctimas a la reparación
integral; sino que este reconocimiento conduce también a sostener el carácter
político de este conflicto.
•
Las
prácticas genocidas y crímenes de Estado
se han justificado con la existencia de un conflicto armado, pero en realidad
no han tenido otro propósito que
debilitar y eliminar las iniciativas sociales que han realizado
propuestas alternativas en torno a la propiedad de la tierra, a la destinación
del territorio; a la explotación de la naturaleza y de sus recursos; al
fortalecimiento de la economía
campesina, a la necesidad de fortalecer la producción nacional, al cambio de
modelo político, social y cultural; a la restructuración y democratización del poder, y a la
redistribución de la riqueza como manera de
superar todas las formas de exclusión.
En este sentido la
criminalidad estatal hace parte de una estrategia de represión, acumulación, exclusión económica,
política, social y cultural, que ha
tenido como principal excusa al conflicto armado para debilitar y eliminar las iniciativas sociales
y propuestas alternativas. De aquí, que
las víctimas de los crímenes del Estado en Colombia han sido, y continúan siendo, las expresiones
organizadas e inconformes de la
población civil, los movimientos políticos de oposición, las organizaciones
sindicales, campesinas, indígenas y estudiantiles, los y las defensoras de
derechos humanos, entre otros. Quienes
al ser señalados como “brazos desarmados
y fachadas de la subversión” y como parte de “la guerra jurídica y política de
la guerrilla”, son estigmatizados y judicializados para poner en funcionamiento
planes y prácticas de eliminación y exterminio. El caso del partido político
Unión Patriótica (UP) es uno de los
ejemplos más palpables de nuestra historia reciente.
Mientras estas
concepciones y prácticas no sean
eliminadas de las instituciones del Estado, no se podrá avanzar hacia la paz,
ni se harán efectivas las garantías de no repetición.
•
En
la dinámica de la criminalidad estatal, también ha sido determinante el despojo
de 10 millones de hectáreas, usurpadas a sus legítimos propietarios o
tenedores gracias al desplazamiento
forzado. Este despojo, y las amenazas de
despojo que en la actualidad subsisten, coinciden con intereses en obras de
infraestructura o de explotación de recursos, y dan vía libre a la
implementación de proyectos de acumulación de capital en el campo. Un proceso de paz debe entonces redefinir los
acuerdos comerciales para que sean democráticos y justos en lo social y en lo
ambiental.
•
Los
crímenes de Estado han combinado métodos legales e ilegales, entre ellos el
impulso y apoyo a estructuras paramilitares. La Corte Interamericana de derechos humanos (CIDH) ha
reconocido como un hecho probado la responsabilidad del Estado en la creación
de estas estructuras criminales, no sólo
por haber adoptado una serie de medidas
legislativas que permitieron al Ejército colombiano armar a la población
civil; sino por los innumerables fallos judiciales que han establecido la
complicidad entre grupos paramilitares,
fuerza pública, organismos de seguridad del Estado, sectores de la clase política tradicional,
gremios económicos, y empresas nacionales y extranjeras. De aquí que el Estado deba responder de
forma directa por los crímenes cometidos por estas estructuras así como por los
problemas del proceso de desarme y desmovilización.
•
En
la actualidad continúan ejecutándose crímenes de Estado sin que se generen
avances satisfactorios para su no repetición y para las garantías de nuestros
derechos. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) afirma que entre el 7 de
agosto de 2010 y el 23 de julio de 2012 se cometieron 58 homicidios contra
sindicalistas; la Organización Nacional
Indígena de Colombia (ONIC) informa que entre enero y julio de 2012 se
presentaron 54 homicidios en contra de integrantes de los pueblos indígenas; y el Movimiento Nacional de Víctimas de
Crímenes de Estado ha registrado durante el periodo del gobierno de Juan Manuel
Santos 186 agresiones contra sus integrantes.
•
Durante
el Gobierno de Juan Manuel Santos se han implementado numerosos mecanismos legales de impunidad como el Marco
Jurídico para la Paz, la prórroga de la Ley de Justicia y Paz, y la propuesta
de fortalecimiento del Fuero Penal Militar.
Que más allá de facilitar un diálogo con la insurgencia, buscan aplicar
indultos velados a los militares, policías y paramilitares involucrados en la
comisión de crímenes de lesa humanidad.
•
Expresamos
nuestra preocupación por la carencia de garantías en materia de participación
de la sociedad en los diálogos de paz. A la fecha no conocemos de la
existencia de escenarios o mecanismos
para escuchar a las víctimas de crímenes de Estado y mucho menos de garantías
políticas y materiales para preservar la vida e integridad física de quienes
eventualmente pudiesen participar en el proceso.
Conforme a lo anterior expresamos lo siguiente:
•
Exigimos
que se avance hacia el cese bilateral de hostilidades como garantía fundamental
para la preservación de la vida de las comunidades en las zonas donde se
desarrollan las confrontaciones. En esa
perspectiva, hacemos un llamado a los respectivos actores armados a cumplir con
las prescripciones del Derecho Internacional Humanitario y comprometerse a la
suscripción de un Acuerdo Humanitario que priorice como mínimo aspectos como la
no militarización de centros escolares, la prohibición del desplazamiento
forzado, el no reclutamiento de menores de edad, la protección y respecto a la
misión médica, la prohibición de las minas antipersonales y la proscripción de
ataques a bienes indispensables para la supervivencia de la población
•
Exigimos
que cesen los hostigamientos contra la población organizada por parte de las
Fuerzas Armadas y de los grupos paramilitares. Y exigimos el desmonte real de
las estructuras paramilitares.
•
En
virtud del derecho a la participación que corresponde a las víctimas frente a
todas las decisiones que les afecten, exigimos la apertura de escenarios de
expresión, seguimiento y diálogo en los niveles nacional y regional. Esta participación debe ser regida por el
respeto a la autonomía de las víctimas y de sus organizaciones, propender
por el fortalecimiento de las
organizaciones de víctimas y garantizar que las propuestas de las víctimas sea
tenidas en cuenta en el logro de una paz estable y duradera.
•
Solicitamos
que la participación de las víctimas de crímenes de Estado se de más allá de la
participación en el Consejo Nacional de Paz (escenario propuesto por el gobierno nacional), por considerar que
este espacio no permite la participación real de las víctimas y es susceptible
de la cooptación por parte de los funcionarios del gobierno.
•
Con
el fin de dar pasos adelante, el MOVICE comunica a todas las víctimas, a la
sociedad colombiana, al Estado y a la
insurgencia, la existencia de un trabajo de más de diez años en la construcción
de la verdad y resguardando la memoria de las víctimas de crímenes de Estado en
Colombia, sintetizado en propuestas como el Proyecto Colombia Nunca Más y la
Comisión Ética por la Verdad. Este
trabajo, entre otros, debe fortalecerse, garantizarse e impulsarse como parte
de los escenarios de participación que las víctimas exigimos.
•
Exigimos
que cesen los montajes judiciales, las desapariciones forzadas, los
hostigamientos y amenazas, y la injusta persecución y judicialización de la
protesta social, ya que en la movilización y en
ejercicio de la ciudadanía se encuentran las posibilidades de éxito del
proceso de paz como proceso de
democratización, de no repetición, de garantía de los derechos humanos y de
transformaciones estructurales.
•
Por
último, valoramos que se incluya en las negociaciones el tema de los presos y
presas(as) políticas, pero este punto debe permitir el abordaje de la
problemática carcelaria en general como elemento necesario para la construcción
de la paz.
Esperamos que los hombres y mujeres que hemos
sufrido las causas y los efectos de esta
guerra seamos tenidos en cuenta, y que se consulte de manera prioritaria las
propuestas de las iniciativas de la sociedad por la paz, expresadas en el
Congreso de Paz, las Constituyentes por la Paz y la Ruta Social Común por la
Paz.
Agradecemos la atención.
Cordialmente,
Movimiento Nacional de Víctimas de
Crímenes de Estado, Movice
Cínicos, todos cínicos y corruptos
Cínicos, todos cínicos y corruptos.
(O sobre la relección del Procurador Ordóñez)
Por:
FEDERICO PÉREZ BONFANTE
Docente. Universidad del Valle
Afiliado a SINTRAUNICOL – Cali
Miembro de la ONG de DD.HH. NOMADESC
Hay algo de bueno en todo esto de la relección del actual Procurador Alejandro Ordóñez: se trata de una de las muestras más fehacientes del grado de podredumbre al cual han llegado quienes ocupan las más altas esferas del Estado en Colombia. Es decir, el Gobierno de Juan Manuel Santos con su Urna de Cristal; el Congreso de la República, al mando de Roy Barreras y la Corte Suprema de Justicia, la misma que retiró de su cargo al más brillante y valiente investigador en el proceso denominado “Parapolítica”.
En relación al Congreso de la República con su Unidad Nacional, aún no han sido postulados los otros dos miembros de la terna y ya la coalición de estos partidos ha expresado su decisión de votar por el actual Procurador Ordóñez. Este hecho huele bastante mal, pues permite afirmar que no son el análisis y el debate los principios rectores del Congreso de la República, algo ya sabido, pero que con esta actuación queda absolutamente demostrado. No lo es tampoco la solidez y la diferencia ideológica, pues ¿qué hace un partido que se dice liberal respaldando a un hombre absoluta y radicalmente conservador? Lo anterior permite sostener entonces que son otros los principios que conducen las actuaciones del Legislativo.
Ahora bien, ¿quién ternó al Procurador Ordóñez? La Corte Suprema de Justicia. Se trata de la misma Corte que separó de su cargo al más brillante y valiente investigador de la “Parapolítica”, el hoy ex Magistrado Auxiliar Iván Velásquez. ¿Cómo puede entenderse que una de las más altas cortes haya ternado a una persona que ha violado una sentencia de otra alta corte (la Constitucional)? Me refiero a la sentencia que reconoce los derechos sexuales y reproductivos. Un Procurador que es capaz de violar la Ley no sólo no debería ser ternado para relegirse, sino que debería ser separado de su cargo. Pero Colombia es el país donde las cosas funcionan al revés: el Procurador Ordóñez es promovido y el Magistrado Velásquez es relevado.
Caso similar ocurrió con la Fiscal General de la Nación, Vivián Morales, quien emprendió una serie de decididas acciones encaminadas a que se aplicara justicia en los casos más sonados de corrupción en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Buscaron la leguleyada para separarla de su cargo y en su lugar la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno Nacional convinieron nombrar a Luis Eduardo Montealegre, un hombre que recibió 5 mil millones de pesos por asesorar a SALUDCOOP, la EPS más sonada en materia de corrupción en el país. La consecuencia: al congelador los procesos de los más altos funcionarios del gobierno Uribe.
¿Cuál será el proceder del Gobierno Nacional? Se lavará las manos: ternará a su candidato (el otro será postulado por el Consejo de Estado, instancia que tumbó a Vivián Morales) y dirá que nada tuvo que ver en su elección. Sin embargo al gobierno de la urna de cristal le quedan recursos de carácter político. Así como lo ha hecho para otros temas, podría convocar a su bloque parlamentario de la Unidad Nacional a uno de sus habituales desayunos para reversar la decisión de los congresistas. Podría igualmente pronunciarse públicamente sobre lo inconveniente de que el actual Procurador haya sido ternado. No obstante, Juan Manuel Santos no lo hará, está comprometido con la relección de Ordóñez, era su candidato, la Corte Suprema se le adelantó.
¿Qué es aquello que Ordóñez tiene que convoca la decisión de todos los anteriores? Como es de público conocimiento, la Procuraduría General de la Nación cuenta con 500 altos cargos, muy bien remunerados, de libre nombramiento y remoción. Allí está el encanto del Procurador, quien ya ha demostrado ser muy serio en el cumplimiento de sus compromisos burocráticos y clientelistas, no tanto en el acatamiento de las sentencias de la Corte Constitucional.
Los tres poderes del Estado (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial), en sus más altas esferas, se han unido (como lo hicieron para la oscura Reforma a la Justicia) para relegir a un hombre que les garantiza dinero y poder, los mismos principios “éticos” de los Nule. Son esos mismos, Juan Manuel Santos, Roy Barreras y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes cotidianamente nos hablan, al tiempo de estas actuaciones, de superación de la pobreza, transparencia, prosperidad para todos, justicia, voluntad de paz, democracia, etcétera. ¿Con qué autoridad hablan? Cínicos, todos cínicos y corruptos. Definitivamente el Estado colombiano carece de cualquier legitimidad. Y todo lo anterior ocurre con la anuencia sombría de lglesia, los grandes empresarios y los medios de comunicación.
Septiembre 18 de 2012
Semana de la Indignación
SEMANA NACIONAL DE LA
INDIGNACIÓN
Del 4 al 12 de octubre
Los pueblos unidos luchamos por la paz y la vida digna.
Mandatamos país para la vida digna y nos movilizamos por la paz con justicia social.
CONGRESO DE LOS PUEBLOS
Del 4 al 12 de octubre
Los pueblos unidos luchamos por la paz y la vida digna.
Mandatamos país para la vida digna y nos movilizamos por la paz con justicia social.
CONGRESO DE LOS PUEBLOS
Semana de la Indignación
SEMANA NACIONAL DE LA
INDIGNACIÓN
Del 4 al 12 de octubre
Los pueblos unidos luchamos por la paz y la vida digna.
Mandatamos país para la vida digna y nos movilizamos por la paz con justicia social.
CONGRESO DE LOS PUEBLOS
Del 4 al 12 de octubre
Los pueblos unidos luchamos por la paz y la vida digna.
Mandatamos país para la vida digna y nos movilizamos por la paz con justicia social.
CONGRESO DE LOS PUEBLOS
ACCION URGENTE
ATENTAN CONTRA LA VIDA DEL DIRIGENTE
AFROCOLOMBIANO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL DE NARIÑO
CLAUDIO ESTERILLA QUIEN CUENTA CON MEDIDAS CAUTELARES DE LA OEA
Desconocidos
dispararon contra el dirigente afrocolombiano del Consejo Comunitario de la
Cordillera Occidental de Nariño y Sur del Cauca, COPDICONC, CLAUDIO ESTERILLA,
quien cuenta con medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA. El hecho sucedió siendo aproximadamente las 8:20 de la
mañana, en inmediaciones del Barrio
Manuela Beltrán y Marroquín conocido como el asentamiento San Martin, del municipio de Santiago de Cali, Valle del
Cauca. El líder fue encontrado con un disparo en la cabeza, y trasladado al
Hospital Isaias Duarte Cancino, del Barrio Poblado II, de donde fue trasladado
a otro centro hospitalario donde se encuentra en cuidados intensivos con
dictamen reservado.
Es importante
advertir que el día domingo 29 de agosto de 2012, los líderes del Consejo
Comunitario, fueron advertidos mediante una nueva llamada de los riesgos que
corrían en la ciudad de Cali, en donde algunos de ellos se encuentran
desplazados.
Tal como se
había advertido a las autoridades colombianas, en especial al Programa de
Protección adscrito al Ministerio del Interior, Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de
Medidas CERREM, el
riesgo de Claudio Esterilla y de los demás miembros del Consejo comunitario es
extraordinario. Sin embargo según el
estudio de riesgo realizado por Cerrem en el mes de marzo determinó que el riesgo de
CLAUDIO ESTERILLA y 20 líderes más es ordinario.
Según informe
del agente de la Policía CRISTIAN CAMALLO OLAVE, de la Estación de Policía de
los Mangos, el atentado contra CLAUDIO
ESTERILLA, se produjo para robarlo, sin embargo esta versión se contradice con
lo sucedido ya que en el lugar de los hechos apareció la bicicleta en la que se
trasportaba, celular, avantel y la billetera con los documentos y $ 20.000.
Es importante
anotar que durante lo que va corrido del año 2012 los integrantes de COPDICONC
han sido objeto por lo menos 6 amenazas de muerte los ataques, e intimidaciones
en contra de los líderes, lideresas, miembros de la comunidad y del Consejo
comunitario COPDICONC han aumentado. Tal como se dio a conocer a la Fiscalía
General de la Nación, al ministerio del Interior y a los organismos
internacionales de derechos Humanos.
El caso más
reciente se presentó los días 15 y 16 de
julio pasado, cuando llegaron tres amenazas vía mensaje
de texto a los celulares de MARÍA ANTONIA AMAYA, presidenta del Consejo Comunitario Mayor COPDICONC, ARCELIANO PIALAEJO MICOLTA, Presidente del Comité Veredal de Playa Menuda, Corregimiento de Sánchez Municipio de Policarpa, Nariño y CLAUDIO ESTERILLA,
suplente de la tesorera del Concejo Mayor en las que se proferían señalamientos y
amenazas de muerte en su contra.
Es importante anotar que durante el año 2011 y lo que va corrido del 2012, se han efectuado varias reuniones de prevención y protección a los líderes, lideresas y comunidad de la zona.
El día 18 de agosto 2011 en el Municipio de Chachagui, se efectuó una reunión con el Secretario de Gobierno del Departamento de Nariño, la Defensoría del Pueblo, ACNUR, Coordinación Regional del Pacifico, Oficina de derechos Humanos de las Policía, el Ministerio del Interior y organizaciones defensoras de derechos Humanos, entre otras entidades con el fin de presentar el Plan de Prevención y Protección del Consejo Mayor COPDICONC.
El día 15 de diciembre de 2011, se efectuó una reunión en la ciudad de Pasto con la Oficina de Paz de la Gobernación, Ministerio del Interior para hacer seguimiento de la situación y dar respuesta al Plan de Prevención, donde nuevamente COPDICONC, informo lo que estaba sucediendo en el territorio y su preocupación por la seguridad de la comunidad, líderes y lideresas.
Es
importante anotar que el día 17 de julio
de 2012, solicitamos al Gobierno colombiano un informe las acciones emprendidas por
parte de las entidades competentes para proteger los derechos de los líderes,
lideresas y las comunidades pertenecientes al Concejo Mayor de COPDICONC;
garantías suficientes y necesarias para el ejercicio del liderazgo y la
exigibilidad de los derechos de las comunidades pertenecientes a COPDICONC;
e iniciar las investigaciones acerca de las amenazas. Sin embargo hasta el día
de hoy no se tiene respuesta y los hechos ocurridos en contra de la vida e
integridad de CLAUDIO ESTERILLA,
demuestran la falta de garantías y el alto grado de vulnerabilidad de los
líderes y lideresas de la Cordillera Occidental de Nariño y la ineficacia del
programa de protección.
CONSEJO MAYOR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE COMUNIDADES NEGRAS
DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL DE NARIÑO COPDICONC
ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION Y ACCION SOCIAL NOMADESC
CAMPAÑA PROHIBIDO OLVIDAR
PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS
PALENQUE EL CONGAL
Apoyan
la denuncia:
MOVICE CAPITULO VALLE DEL CAUCA
RED
DE HERMANDAD VALLE DEL CAUCA
SINTRAUNICOL
– VALLE DEL CAUCA
MINGA
DE RESISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
Comunicado a la opinión pública
Comunicado a la opinión pública
"No vamos a agredir a nadie, pero utilizaremos la fuerza de nuestra comunidad reunida, de nuestra palabra y de nuestros derechos para recuperar nuestros territorios."
Las organizaciones sociales, sindicales y de DDHH del Valle del Cauca abajo firmantes manifestamos ante la comunidad nacional e internacional nuestra solidaridad y apoyo a las comunidades indígenas del Cauca quienes adelantan la jornada de desmilitarización de sus territorios ancestrales: Minga por la vida: “¡No queremos oír ni un tiro, donde se oye un tiro para allá vamos!” De igual forma rechazamos la respuesta represiva que el Estado colombiano ha dado a tan delicada situación y el carácter intransigente de sus pronunciamientos en medios que ha desembocado en una polarización de la opinión pública, así como el papel que han desempeñado los medios de comunicación, tergiversando y parcializando la información a favor de las versiones oficiales.
Históricamente el Departamento del Cauca, ubicado en el suroccidente del país ha sido un territorio en el que han hecho presencia los diferentes actores del conflicto social y armado de Colombia. Esta presencia ha hecho que la población civil, indígena y campesina, quede en medio de las acciones bélicas que ahí se desarrollan ocasionando numerosas muertes, desplazamiento y constante situación de riesgo a la población. Cansados de los atropellos de los diferentes actores armados y en un acto de dignidad y autonomía decidieron retomar el control de sus territorios expulsando al ejército nacional y a la guerrilla de las FARC, actividad que adelantan desde el pasado 16 de julio de 2012.
Son múltiples las causas del conflicto social y armado en el departamento del Cauca; este se ha caracterizado por ser un departamento abandonado por el Estado colombiano, con una infraestructura vial precaria, un sistema de salud que no es ajeno a la crisis nacional de este sector, un sistema educativo insuficiente, un sector agrícola que se debate entre los cultivos ilícitos y la agricultura tradicional, y la solicitud de un elevado número de licencias para la explotación minero-energética y de desarrollo de monocultivos en la región que superan el 67% del total del territorio caucano; paradójicamente Popayán –capital del departamento- acuna una de las más rancias oligarquías del país, de tintes claramente racistas y agresivos hacia las comunidades indígenas. Todos estos factores han convertido al departamento del Cauca en el epicentro de la guerra en el país, consideramos que la solución a estas problemáticas no es convertir el departamento en una zona de consolidación donde la única respuesta es la militar.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional en cabeza de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas, al Comité Internacional de la Cruz Roja CICR, a la Organización de Estados Americanos a que se haga una verificación del cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario en cuanto a las acciones de los actores armados, la construcción de guarniciones militares en medio de la población civil y acciones bélicas que no cumplen el principio de distinción de los combatientes.
A la Defensoría Nacional del Pueblo para que propicie un ambiente de diálogo entre las comunidades indígenas y el gobierno nacional para que se adelanten acuerdos que respeten la autonomía de los pueblos indígenas y sus territorios ancestrales.
Por último, hacemos un llamado a los medios de comunicación: RCN, CARACOL, El ESPECTADOR, EL TIEMPO, EL PAÍS, a que ejerzan una verdadera labor periodística que debe caracterizarse por su imparcialidad y ética a la hora de informar y que no atente al derecho fundamental a la información de todos las y los colombianos, ya que creemos que el cubrimiento que han hecho de este proceso condiciona la mirada de la opinión pública en contra de las comunidades. En este sentido, rechazamos radicalmente los hechos acaecidos la noche del 17 de julio de 2012 donde una multitud de personas convocada por la emisora de la Policía Nacional se concentró a las afueras de la sede del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- ubicada en Popayán para insultarlos, señalarlos como guerrilleros y exigirles su retiro de la ciudad.
Instamos a toda la sociedad a que le exija al Estado colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos que inicie un proceso de diálogo con las comunidades indígenas para darle una salida a la situación crítica del departamento del Cauca ya que los problemas estructurales de un país no se solucionan por la militarización de la vida civil.
Finalmente, invitamos a toda la comunidad nacional e internacional a solidarizarse con la lucha que adelantan las comunidades indígenas en Colombia a través de pronunciamientos de rechazo a la salida única y militarista que ofrece el Estado.
Organizaciones firmantes:
Central Unitaria de Trabajadores CUT –Seccional Valle del Cauca-
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –Seccional Valle del Cauca-
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos –Seccional Valle del Cauca-
Proceso Nacional Identidad Estudiantil
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –Capítulo Valle-
Sindicato de Trabajadores de las Universidades de Colombia SINTRAUNICOL – Valle
Zona Pública –Colectivo de Comunicación alternativa y popular-
Coordinación Colombia - Europa – Estados Unidos -Nodo Suroccidente-
Colectivo Memoria Viva
NOMADESC
Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia –Nodo Valle del Cauca-
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –Seccional Valle del Cauca-
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos –Seccional Valle del Cauca-
Proceso Nacional Identidad Estudiantil
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –Capítulo Valle-
Sindicato de Trabajadores de las Universidades de Colombia SINTRAUNICOL – Valle
Zona Pública –Colectivo de Comunicación alternativa y popular-
Coordinación Colombia - Europa – Estados Unidos -Nodo Suroccidente-
Colectivo Memoria Viva
NOMADESC
Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia –Nodo Valle del Cauca-