Antonieta Mercuri- Tu ejemplo es el camino
Un sentido adios a una luchadora incansable Toñita
Nuestra Toñita se fue a caminar la resistencia al lado de sus amores libertarios, pedimos a todos y todas sumar sus memorias, vídeos, fotos, cantatas, para encontrarnos en la universidad del valle al lado del monumento a Camilo Torres el próximo miércoles 22 de febrero de 2012, a las 10:00 a.m. en los bajos de ciencias de Ciencias vamos a celebrar la vida y las luchas culturales como ella nos lo enseño.
S.O.S PACIFICO COLOMBIANO
S.O.S. PACIFICO COLOMBIANO
RIO ANCHICAYA, CALIMA Y VEREDA LA ESPERANZA
FUMIGACIONES PROVOCAN CRISIS ALIMENTARIA Y DE SALUD
Hidrocarburos y mineria
Rio Anchicaya
Hidroelectrica de Anchicaya
Hidrocarburos y minería Rio Anchicaya Hidroeléctrica de Anchicaya
FUMIGACIONES VIOLAN DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES.
Las comunidades pertenecientes a los concejos comunitarios del Rio Anchicaya, Calima y vereda la esperanza se encuentran en una grave crisis alimentaria y de salud producto de las Fumigaciones efectuadas de manera inconsulta desde el 31 de diciembre de 2011 hasta el 12 de enero de 2012, la aspersión aérea efectuada de manera inconsulta comprometió la salud y sostenibilidad alimentaria de las comunidades. (Ver Buenaventura: Fumigaciones territorios colectivos de Calima, Anchicaya y Dagua (http://www.renacientes.org)
Según la denuncia recibida las fumigaciones han ocasionado afecciones de salud a los miembros de la comunidad como mareos, dolores de cabeza, alergia y nauseas; los cultivos de pan coger fueron arruinados y varias familias se han visto obligadas a desplazarse.
Los habitantes de los concejos comunitarios de Buenaventura han manifestado al Gobierno Nacional la necesidad de erradicar los cultivos ilícitos manualmente y de manera concertada, sin embargo, los gobiernos de Colombia, incluido el actual en cabeza del Presidente JUAN MANUEL SANTOS, han hecho caso omiso de esta solicitud, violando normas internas como (la Ley 70) e internacionales como la consulta previa (convenio 169 de la OIT).
La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de Sustancias Narcóticas y Psicotrópicas en su artículo 14 estipula:
“las medidas adoptadas deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tendrán debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la evidencia histórica, así como la protección del medio ambiente”
Las fumigaciones tienen efectos nocivos a nivel social, económico y ambiental. Cuando se fumiga no solo se destruyen los cultivos ilícitos, también se arrasa la pequeña economía campesina y las culturas ancestrales. La base económica de las comunidades negras y en particular de quienes han sido afectados recientemente con las fumigaciones, depende de la pesca y la agricultura, los cultivos de pan coger como (Yuca, Plátano, maíz, chontaduro, árboles frutales, árbol de pepa pan, coco, caña, chivo, ñame, papa china) y los planes de vida de las comunidades están siendo destruidos.
El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –INCORA- ha manifestado en las resoluciones sobre la adjudicación de títulos colectivos:
“El área objeto de titulación comprende la Costa Pacífica vallecaucana, considerada dentro de la Política Ambiental Nacional como un ecosistema estratégico que debe ser conservado, porque los valiosos recursos genéticos y de biodiversidad que hoy existen en esta región, constituyen bienes públicos propiedad de toda la Nación, vitales para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias allí asentadas, para el desarrollo del país y para el futuro de la humanidad.”
Sin embargo pese a la normatividad vigente, resoluciones, leyes, convenios, pactos nacionales e internacionales la población que habita la costa pacífica vallecaucana sigue siendo víctima de violación a sus derechos étnicos territoriales. Los grandes megaproyectos mineros energéticos y monocultivos como el de palma africana, constituyen un atropello contra la biodiversidad en la zona y se han impuesto contrariando leyes internas e internacionales para comunidades negras.
CASO ANCHICAYA
Esta situación se suma a las consecuencias sociales, económicas, humanas y ambientales por la aplicación del proyecto Hidroeléctrico, de la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. –EPSA- que genera energía eléctrica utilizando para ello la energía potencial del agua de los ríos Anchicayá y Digua, en los cuales operan dos embalses -Bajo Anchicayá y Alto Anchicayá-. y que han afectado a los concejos comunitarios 1.) Coco Llano 2.) Santa Barbará, 3.) San José, 4.) Calle Larga, 6.) Las Contras, 7.) Humanes, 8.) Firme Bonito, 9.) Las Palmas, 10.) Bracito, 11.) Amazonas, 12.) Humanes Rio, 13.) Caparal, que hoy son objeto de las fumigaciones.
“El 23 de julio de 2001, con el fin de descender el nivel de la cota del embalse de 195 a 156 metros sobre el nivel del mar, la –EPSA S.A. ESP- abrió las compuertas de la represa del Bajo Anchicayá sin consultar a las comunidades, ni informar a la autoridad ambiental produciéndose una descarga de 500.000 metros cúbicos de lodos, sobre la cuenca del río del mismo nombre, resultando afectadas aproximadamente 3.000 personas. El vertimiento, contaminación y degradación de la flora y la fauna del río; los hechos demostraron que la liberación de lodos almacenados en el embalse mediante la descarga de fondo afectó las condiciones físico-químicas, atentó contra la hidrobiota del río, degradó la calidad del ecosistema e interfirió con el bienestar de la comunidad” (Ver Resolución Defensorial No. 35 acerca de la Situación Ambiental Del Rio Anchicayá emitida el Marzo 16 De 2005E informe de seguimiento 5 de noviembre de 2007, informes defensoriales 2009, 2011.”
Por lo anterior mente expuesto y ante la crisis alimentaria y de salud producto de las fumigaciones solicitamos:
1.- Que el gobierno colombiano se abstenga de ordenar nuevas fumigaciones en la zona y se respete la autonomía y autoridad propia, cumpliendo los mandatos de la ley 70 y las normas internas e internacionales.
2.- Se repare integralmente a las comunidades por los daños causados y se desarrolle de inmediato un plan de emergencia para atender la crisis de salud y alimentaria en la zona.
3.- Se conforme una comisión de verificación compuesta por los organismos multilaterales de la ONU, Cuerpo Diplomático, organizaciones de derechos humanos para verificar la situación de violación de los derechos fundamentales de las comunidades y en consecuencia se desarrollen las acciones tendientes a resarcir los derechos violados.
ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION Y ACCION SOCIAL NOMADESC
CONCEJO MAYOR DEL RIO ANCHICAYA
CONCEJO COMUNITARIO RIO CALIMA
CONCEJO COMUNITARIO VEREDA LA ESPERANZA – DAGUA
PALENQUE EL CONGAL
PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS
CAMPAÑA PROHIBIDO OLVIDAR
Sus pronunciamientos los pueden enviar a:
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN Presidente de la República Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá Fax. 5662071
comunicacionesvp@presidencia.gov.co
ANGELINO GARZÓN Vicepresidente de la República buzon1@presidencia.gov.co y ppdh@presidencia.gov.co Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
RODRIGO RIVERA Ministro de la Defensa Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C. siden@mindefensa.gov.co infprotocol@mindefensa.gov.co mdn@cable.net.co
GERMÁN VARGAS LLERAS Ministro del Interior y de Justicia Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C. Fax. 2221874 ministro@minjusticia.gov.co VIVIÁN MORALES Fiscal General de la Nación Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C. Fax. 570 20 00 contacto@fiscalia.gov.co denuncie@fiscalia.gov.co
WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ Defensor del Pueblo Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C. Fax. 640 04 91 defensoria@defensoria.org.co secretaria_privada@hotmail.com
ALEJANDRO ORDÓÑEZ Procurador General de la Nación Carrera 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.anticorrupción@presidencia.gov.co reygon@procuraduría.gov.co
RIO ANCHICAYA, CALIMA Y VEREDA LA ESPERANZA
FUMIGACIONES PROVOCAN CRISIS ALIMENTARIA Y DE SALUD
Hidrocarburos y mineria
Rio Anchicaya
Hidroelectrica de Anchicaya
Hidrocarburos y minería Rio Anchicaya Hidroeléctrica de Anchicaya
Las organizaciones abajo firmantes manifestamos ante la comunidad nacional e internacional nuestra preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos que se vienen presentando en el pacifico colombiano. Tal y como lo hemos denunciado en las últimas acciones preventivas, acciones urgentes y S.O.S. confirmamos la presencia de los actores armados (paramilitares, ejercito, guerrilla) en los territorios, el control de la movilidad, fumigaciones inconsultas, el impedimento para ingresar alimentos, la instalación de retenes y crímenes de lesa humanidad, que arrasan los derechos étnico territoriales de las comunidades ancestrales que habitan estos territorios.
FUMIGACIONES VIOLAN DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES.
Las comunidades pertenecientes a los concejos comunitarios del Rio Anchicaya, Calima y vereda la esperanza se encuentran en una grave crisis alimentaria y de salud producto de las Fumigaciones efectuadas de manera inconsulta desde el 31 de diciembre de 2011 hasta el 12 de enero de 2012, la aspersión aérea efectuada de manera inconsulta comprometió la salud y sostenibilidad alimentaria de las comunidades. (Ver Buenaventura: Fumigaciones territorios colectivos de Calima, Anchicaya y Dagua (http://www.renacientes.org)
Según la denuncia recibida las fumigaciones han ocasionado afecciones de salud a los miembros de la comunidad como mareos, dolores de cabeza, alergia y nauseas; los cultivos de pan coger fueron arruinados y varias familias se han visto obligadas a desplazarse.
Los habitantes de los concejos comunitarios de Buenaventura han manifestado al Gobierno Nacional la necesidad de erradicar los cultivos ilícitos manualmente y de manera concertada, sin embargo, los gobiernos de Colombia, incluido el actual en cabeza del Presidente JUAN MANUEL SANTOS, han hecho caso omiso de esta solicitud, violando normas internas como (la Ley 70) e internacionales como la consulta previa (convenio 169 de la OIT).
La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de Sustancias Narcóticas y Psicotrópicas en su artículo 14 estipula:
“las medidas adoptadas deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tendrán debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la evidencia histórica, así como la protección del medio ambiente”
Las fumigaciones tienen efectos nocivos a nivel social, económico y ambiental. Cuando se fumiga no solo se destruyen los cultivos ilícitos, también se arrasa la pequeña economía campesina y las culturas ancestrales. La base económica de las comunidades negras y en particular de quienes han sido afectados recientemente con las fumigaciones, depende de la pesca y la agricultura, los cultivos de pan coger como (Yuca, Plátano, maíz, chontaduro, árboles frutales, árbol de pepa pan, coco, caña, chivo, ñame, papa china) y los planes de vida de las comunidades están siendo destruidos.
El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –INCORA- ha manifestado en las resoluciones sobre la adjudicación de títulos colectivos:
“El área objeto de titulación comprende la Costa Pacífica vallecaucana, considerada dentro de la Política Ambiental Nacional como un ecosistema estratégico que debe ser conservado, porque los valiosos recursos genéticos y de biodiversidad que hoy existen en esta región, constituyen bienes públicos propiedad de toda la Nación, vitales para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias allí asentadas, para el desarrollo del país y para el futuro de la humanidad.”
Sin embargo pese a la normatividad vigente, resoluciones, leyes, convenios, pactos nacionales e internacionales la población que habita la costa pacífica vallecaucana sigue siendo víctima de violación a sus derechos étnicos territoriales. Los grandes megaproyectos mineros energéticos y monocultivos como el de palma africana, constituyen un atropello contra la biodiversidad en la zona y se han impuesto contrariando leyes internas e internacionales para comunidades negras.
CASO ANCHICAYA
Esta situación se suma a las consecuencias sociales, económicas, humanas y ambientales por la aplicación del proyecto Hidroeléctrico, de la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. –EPSA- que genera energía eléctrica utilizando para ello la energía potencial del agua de los ríos Anchicayá y Digua, en los cuales operan dos embalses -Bajo Anchicayá y Alto Anchicayá-. y que han afectado a los concejos comunitarios 1.) Coco Llano 2.) Santa Barbará, 3.) San José, 4.) Calle Larga, 6.) Las Contras, 7.) Humanes, 8.) Firme Bonito, 9.) Las Palmas, 10.) Bracito, 11.) Amazonas, 12.) Humanes Rio, 13.) Caparal, que hoy son objeto de las fumigaciones.
“El 23 de julio de 2001, con el fin de descender el nivel de la cota del embalse de 195 a 156 metros sobre el nivel del mar, la –EPSA S.A. ESP- abrió las compuertas de la represa del Bajo Anchicayá sin consultar a las comunidades, ni informar a la autoridad ambiental produciéndose una descarga de 500.000 metros cúbicos de lodos, sobre la cuenca del río del mismo nombre, resultando afectadas aproximadamente 3.000 personas. El vertimiento, contaminación y degradación de la flora y la fauna del río; los hechos demostraron que la liberación de lodos almacenados en el embalse mediante la descarga de fondo afectó las condiciones físico-químicas, atentó contra la hidrobiota del río, degradó la calidad del ecosistema e interfirió con el bienestar de la comunidad” (Ver Resolución Defensorial No. 35 acerca de la Situación Ambiental Del Rio Anchicayá emitida el Marzo 16 De 2005E informe de seguimiento 5 de noviembre de 2007, informes defensoriales 2009, 2011.”
Por lo anterior mente expuesto y ante la crisis alimentaria y de salud producto de las fumigaciones solicitamos:
1.- Que el gobierno colombiano se abstenga de ordenar nuevas fumigaciones en la zona y se respete la autonomía y autoridad propia, cumpliendo los mandatos de la ley 70 y las normas internas e internacionales.
2.- Se repare integralmente a las comunidades por los daños causados y se desarrolle de inmediato un plan de emergencia para atender la crisis de salud y alimentaria en la zona.
3.- Se conforme una comisión de verificación compuesta por los organismos multilaterales de la ONU, Cuerpo Diplomático, organizaciones de derechos humanos para verificar la situación de violación de los derechos fundamentales de las comunidades y en consecuencia se desarrollen las acciones tendientes a resarcir los derechos violados.
ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION Y ACCION SOCIAL NOMADESC
CONCEJO MAYOR DEL RIO ANCHICAYA
CONCEJO COMUNITARIO RIO CALIMA
CONCEJO COMUNITARIO VEREDA LA ESPERANZA – DAGUA
PALENQUE EL CONGAL
PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS
CAMPAÑA PROHIBIDO OLVIDAR
Sus pronunciamientos los pueden enviar a:
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN Presidente de la República Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá Fax. 5662071
comunicacionesvp@presidencia.gov.co
ANGELINO GARZÓN Vicepresidente de la República buzon1@presidencia.gov.co y ppdh@presidencia.gov.co Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
RODRIGO RIVERA Ministro de la Defensa Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C. siden@mindefensa.gov.co infprotocol@mindefensa.gov.co mdn@cable.net.co
GERMÁN VARGAS LLERAS Ministro del Interior y de Justicia Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C. Fax. 2221874 ministro@minjusticia.gov.co VIVIÁN MORALES Fiscal General de la Nación Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C. Fax. 570 20 00 contacto@fiscalia.gov.co denuncie@fiscalia.gov.co
WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ Defensor del Pueblo Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C. Fax. 640 04 91 defensoria@defensoria.org.co secretaria_privada@hotmail.com
ALEJANDRO ORDÓÑEZ Procurador General de la Nación Carrera 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.anticorrupción@presidencia.gov.co reygon@procuraduría.gov.co
ACCIÓN URGENTE
ACCIÓN URGENTE
NUEVO MENSAJE AMENAZANTE CONTRA ORGANIZACIONES SOCIALES, DEFENSORES(AS) DE DERECHOS HUMANOS, LÍDERES INDÍGENAS Y MINEROS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
Santiago de Cali, diciembre 21 2011
LOS HECHOS
Organizaciones firmantes:
Asociación para la Investigación y Acción Social –NOMADESC
MOVICE- Capitulo Valle del Cauca
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos- Seccional Valle del Cauca –CSPP
SINTRAUNICOL Subdirectiva Cali.
Sus pronunciamientos los pueden enviar a:
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN Presidente de la República Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá Fax. 5662071
comunicacionesvp@presidencia.gov.co
ANGELINO GARZÓN Vicepresidente de la República
buzon1@presidencia.gov.co y ppdh@presidencia.gov.co Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
Juan Carlos Pinzón Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C. siden@mindefensa.gov.co infprotocol@mindefensa.gov.co mdn@cable.net.co
GERMÁN VARGAS LLERAS Ministro del Interior y de Justicia
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C. Fax. 2221874 ministro@minjusticia.gov.co
VIVIÁN MORALES Fiscal General de la Nación Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C. Fax. 570 20 00 contacto@fiscalia.gov.co denuncie@fiscalia.gov.co
VOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ Defensor del Pueblo Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C. Fax. 640 04 91 defensoria@defensoria.org.co secretaria_privada@hotmail.com
ALEJANDRO ORDÓÑEZ Procurador General de la Nación
Carrera 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.anticorrupción@presidencia.gov.co reygon@procuraduría.gov.co
NUEVO MENSAJE AMENAZANTE CONTRA ORGANIZACIONES SOCIALES, DEFENSORES(AS) DE DERECHOS HUMANOS, LÍDERES INDÍGENAS Y MINEROS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
Santiago de Cali, diciembre 21 2011
LOS HECHOS
Las organizaciones abajo firmantes informamos que siendo las 12:33 y 12:39 a.m del día 20 de diciembre de 2011 llegó, respectivamente, al celular de OLGA ARAUJO y BERENICE CELEITA, integrantes del equipo de trabajo de la Asociación de derechos humanos Nomadesc el siguiente mensaje de texto, procedente del número 3117349593:
“Todos ustds los q> apoyan el vall del cauk y suroccte y apoyan las mil?sias de la farc y eln los dclarmos enmigos del gobierno. Cric emcali cutvall pcn ddhh univalle alcal jorgearis alexlope jog.velez Feliciano val.edwarvillgas g?stbizquied enriqktio licifreddy att blquecaptlaguilas negras”.
El mismo mensaje fue recibido a las 12:17 a.m por la abogada, defensora de derechos humanos y secretaria privada del Senador Alexander López Maya, Selene Lozada. En el momento estamos verificando si otras personas recibieron la amenaza. Alertamos la reincidencia con la que líderes sociales afrocolombianos(as), indígenas, campesinos(as) y defensores(as) de derechos humanos son amenazados en su labor de defensa y denuncia de las violaciones de derechos humanos cometidas en territorios ancestrales y legítimos de las comunidades sin que existan, por parte de los organismos de investigación competentes, resultados concretos sobre la procedencia de dichas amenazas.
Solicitud
A los organismos de investigación del Estado establecer de manera inmediata la procedencia de estos mensajes de texto y en consecuencia aplicar las medidas judiciales del caso.
A todos y todas ustedes, pronunciarse a la mayor brevedad y exigir al Estado colombiano se adopten medidas de prevención y atención que garanticen la labor de defensa de los derechos humanos en Colombia.
Asociación para la Investigación y Acción Social –NOMADESC
MOVICE- Capitulo Valle del Cauca
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos- Seccional Valle del Cauca –CSPP
SINTRAUNICOL Subdirectiva Cali.
Sus pronunciamientos los pueden enviar a:
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN Presidente de la República Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá Fax. 5662071
comunicacionesvp@presidencia.gov.co
ANGELINO GARZÓN Vicepresidente de la República
buzon1@presidencia.gov.co y ppdh@presidencia.gov.co Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
Juan Carlos Pinzón Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C. siden@mindefensa.gov.co infprotocol@mindefensa.gov.co mdn@cable.net.co
GERMÁN VARGAS LLERAS Ministro del Interior y de Justicia
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C. Fax. 2221874 ministro@minjusticia.gov.co
VIVIÁN MORALES Fiscal General de la Nación Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C. Fax. 570 20 00 contacto@fiscalia.gov.co denuncie@fiscalia.gov.co
VOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ Defensor del Pueblo Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C. Fax. 640 04 91 defensoria@defensoria.org.co secretaria_privada@hotmail.com
ALEJANDRO ORDÓÑEZ Procurador General de la Nación
Carrera 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.anticorrupción@presidencia.gov.co reygon@procuraduría.gov.co
