ACCIÓN URGENTE
CONTINUA PERSECUCIÓN CONTRA LIDERES Y COMUNIDADES DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL DE NARIÑO, COPDICONC.
Hombres armados asaltan la oficina de COPDICONC, amenazan y hurtan los computadores y memorias USB con toda la información del Consejo Comunitario.
Santiago de Cali, 16 de Julio de 2011.
Las organizaciones abajo firmantes alarmadas por la grave situación de derechos humanos que se viene presentando en contra de los líderes y comunidades pertenecientes a COPDICONC, Consejo Mayor para el Desarrollo Integral de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño y Sur del Cauca, solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, a los organismos multilaterales de Naciones Unidas, exigir al gobierno colombiano en cabeza del presidente JUAN MANUEL SANTOS, acciones inmediatas de prevención y protección a las comunidades por los hechos que relataremos a continuación:
LOS HECHOS
1.- El pasado 13 de Julio siendo las 3:30 p.m. tres hombres armados ingresaron a la casa de la lideresa MARÍA ANTONIA AMAYA, presidenta del consejo mayor COPDICONC, ubicada en la ciudad Santiago de Cali, donde funcionó provisionalmente hasta el día de los hechos, la oficina del Consejo Comunitario. Lugar de atención a la población que viene siendo objeto de graves violaciones de derechos humanos y desplazamiento forzado de los municipios de Policarpa, Cumbitara, Leiva, El Rosario, Santa Barbará de Iscuande, El charco, Argelia y Balboa.
2.- El día de los hechos se encontraban en esta Oficina, la Asistente Administrativa, ÁNGELA MARÍA PEREA VALENCIA y el Representante Legal de COPDICONC , JOSÉ IRIS ARCO VELÁSQUEZ,
quienes fueron atacados por dos hombres que ingresaron armados, sometiéndolos, gritándoles, maltratándolos física y psicológicamente; señalándolos como “guerrilleros” mientras les tapaban la boca y cubrían sus rostros, les gritaban que dijeran a qué grupo guerrillero pertenecían o sino los asesinaban, a su vez les ordenaron repetir en varias ocasiones el número del documento de identidad. Mientras estos dos hombres intimidaban a los líderes de COPDICONC, dentro de la oficina, en la puerta de la calle un tercer hombre armado vigilaba.
3.- Los hombres preguntaban insistentemente por el lugar donde se encontraba la presidenta del Consejo Comunitario MARÍA ANTONIA AMAYA, a la vez que la señalaban de guerrillera y gritaban que venían a asesinarla. (MARIA ANTONIA no se encontraba en este lugar ya que estaba en compañía de la coordinadora de Derechos Humanos del Consejo, MARIA FERNANDA MARCILLO efectuando los trámites de visado para viajar a Costa Rica al Encuentro y Conferencia Regional de Mujeres Afro).
4.- Estos hombres, estuvieron por espacio de 20 minutos y hurtaron los equipos de oficina (como computares, grabadoras, Memorias USB, Celulares y un Video Beam) que contenían toda la información de la violación sistemática de los derechos humanos que el consejo viene visibilizando registros de víctimas del conflicto armado y población en situación de desplazamiento forzado: Documentos que contienen datos personales, descripción de los hechos y posibles autores; carpetas con información de todos los proyectos y convenios ejecutados y que están por ejecutar, además de documentos de uso exclusivo del consejo que datan del proceso que se ha venido desarrollando durante una década.
ANTECEDENTES
Según información de la comunidad uno de los hombres que participó en estos hechos había alquilado hacía 15 días una pieza en el lugar y se le había visto merodeando en varias oportunidades a los alrededores.
Es importante resaltar que la situación del territorio en estos momentos es de alto riesgo y ha sido objeto de la emisión de Informes Defensoriales, Alertas Tempranas y Declaratorias de Alto Riesgo, por parte de la Defensoría del Pueblo y los Comités Municipales de Atención a la Población de la Población Desplazada, que dan cuenta de la presencia de grupos armados ilegales que controlan el territorio y vienen cometiendo crímenes atroces contra la población civil. Así mismo diariamente se reporta el desplazamiento forzado, confinamiento y violación al DIH en contra de los miembros de COPDICONC.
El Consejo Comunitario en los meses de agosto y septiembre de 2010, convocó a las autoridades municipales y departamentales, organizaciones humanitarias y de cooperación internacional, organizaciones sociales y de derechos humanos con el fin de visibilizar LA GRAVE CRISIS DE DERECHOS HUMANOS EN LA REGION y solicitar acciones inmediatas para prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos.
Los hechos aquí descritos aumentan el riesgo de los líderes del Consejo Mayor COPDICONC, quienes no cuentan con garantías de seguridad efectivas que permitan el ejercicio de la representación y defensa de derechos humanos de la comunidad. Situación que alarma a toda la población, máxime si se tiene en cuenta que trece miembros del Consejo Comunitario son beneficiarios de Medidas Cautelares otorgadas el 24 de julio del año 2007 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Medidas que exigen al Gobierno Colombiano la prevención y protección de los derechos de los líderes y la población perteneciente a este consejo comunitario.
Debido a la gravedad de los hechos ocurridos, REQUERIMOS del Gobierno Nacional y las Autoridades Civiles, una investigación responsable de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que generan zozobra, miedo y terror agravada por la pérdida de información confidencial de denuncia que está contenida en los equipos.
Llamamos a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales para que se pronuncien y exijan al gobierno nacional el cumplimiento irrestricto de las normas nacionales e internacionales de protección a los derechos fundamentales de las comunidades de la Cordillera Occidental de Nariño.
COPDICONC ha venido denunciando desde el año 2000 hasta la fecha, las continúas amenazas, persecuciones y la situación de alto riesgo de líderes del consejo.
Por lo anterior y de manera urgente, EXIGIMOS:
- A la oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, convocar de manera extraordinaria una sección del comité de riesgos del CREER, en donde se evalué la situación actual, se informen las acciones emprendidas por parte de las entidades competentes para proteger los derechos de las comunidades y se brinde las garantías suficientes y necesarias para el ejercicio del liderazgo y la exigibilidad de los mismos.
- A las autoridades competentes, que implementen acciones concretas que tiendan a la consecución de la información contenida en los equipos de uso exclusivo del consejo.
- A la Fiscalía General de la Nación entregar resultados acerca de la investigación que debió iniciar a raíz de la denuncia interpuesta por los líderes del consejo comunitario.
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