La Madre
Tierra es de quien la cuida,
los
territorios son de los pueblos, la soberanía es popular
Declaración del
Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías
15.000 delegadas y delegados de las organizaciones
campesinas y de trabajadores y trabajadoras del campo y las ciudades, de los
pueblos indígenas y afrodescendientes, de pobladores urbanos, las
organizaciones de víctimas de crímenes de Estado y de víctimas del desarrollo
capitalista, nos hemos reunido en Cali
entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2011 en torno de la defensa de
la vida y de la Madre Tierra, para ratificar nuestra voluntad de trabajo y
movilización conjunta, y continuar el proceso de legislación propia sobre el
territorio.
1. Hemos venido a defender la vida y la Madre Tierra.
Hemos comprobado que la única opción de
vida no es el consumismo, la adicción al petróleo, la destrucción de la
naturaleza y la economía impulsada por la guerra. Los aquí presentes ya venimos
construyendo la alternativa: territorios gobernados por las comunidades,
relaciones sociales y de trabajo equitativas e igualitarias, economías
sustentables donde impera el uso respetuoso de los bienes de la naturaleza,
decisión autónoma sobre la producción de alimentos,
Lamentamos que el gobierno y algunos medios de
comunicación insistan en señalar que estos propósitos, y las movilizaciones que
realizamos para concretarlos, sean amenazas terroristas. Como ha dicho el
editorial de El Tiempo del 3 de octubre, hay un aumento sensible de la
movilización popular; pero se equivoca al ver que tras estas acciones está la
presencia insurgente. El uso rutinario del señalamiento les impide ver que
detrás de la movilización social en realidad está la respuesta indignada de la
gente frente a la destrucción de la naturaleza, la invasión de los territorios
por las industrias extractivas, el despojo de los bienes naturales, la
continuidad de una estructura agraria inicua --denunciada estos días en el
Informe de PNUD.
2. Dos tesis hemos confirmado: la profunda inequidad
del sistema político y socio-económico que rige a Colombia, y la oposición del
bloque político en el poder para transformar ese modelo y reformarse a sí
mismo. Por el contrario: el país sigue secuestrado por las mafias y la
parapolítica, y las acciones que el gobierno nacional dice realizar para
enfrentar estos sectores evidencian que no irá a la raíz del problema --la
persistencia del latifundio armado y la alianza de éste con la oligarquía
industrial y financiera--, y por el contrario utilizará la justa aspiración
social de combatir el paramilitarismo y el despojo de tierras, para ajustar aún
más el modelo territorial a los requerimientos del capital.
Esta certeza ratifica lo que venimos diciendo de tiempo
atrás. Que no será en los espacios de la institucionalidad donde los sectores
populares encontraremos la respuesta a nuestras exigencias por los derechos;
que nos ha tocado legislar y actuar por nuestra propia cuenta para
garantizarlos; que debemos ir más allá de ser oposición política, y construir
por nuestro lado y a nuestro modo el país que soñamos y queremos. Nuestra
intervención en espacios gubernamentales para exigir el cumplimiento de las
obligaciones del Estado frente a los derechos humanos, solo tiene sentido si al
mismo tiempo en las comunidades construimos gobierno propio y fortalecemos
nuestra capacidad de ordenar la vida y el territorio.
3. El conjunto de las medidas legislativas y de
políticas que los últimos gobiernos vienen impulsando o pretende llevar a cabo la
conversión de Colombia en una mina a cielo abierto, la imposición de las
llamadas “locomotoras del progreso”, la entrega del campo a las Zonas de
Desarrollo Empresarial, la adjudicación del país a la industria
minero-energética, el estrangulamiento de los ríos y las aguas, en suma, volver
a Colombia una zona franca de 200 millones de hectáreas, no es otra cosa que la
agenda del capital nacional y transnacional, y se sintetizan en lo que podemos
llamar la “privatización de los territorios”, es decir, quitarle a la sociedad
y los pueblos el derecho de ordenar y gobernar sus espacios de vida y
entregárselos al capital privado.
Cada una de las luchas que nuestros pueblos vienen
dando los últimos meses, son para enfrentar este despojo. En Santurbán
(Santander) para que las decisiones sobre el agua las adopten las comunidades
que la beben; en el Quimbo (Huila) e Hidroituango (Antioquia) para que la
elección entre comida para las comunidades o energía para las transnacionales
sea una decisión de los pobladores y no de las burocracias al servicio del
capital; en Puerto Gaitán (Meta) para restituir al país el patrimonio del
subsuelo; en La Toma (Cauca) para que las comunidades afrodescendientes sigan
mandando sobre sus fuentes de vida; en La Colosa (Tolima) para seguir siendo
los dueños de su agua y de su vida; en el norte del Cauca indígena, para que el
TLC con los Estados Unidos no despoje a los pueblos de su autonomía
alimentaria; en Bahía Málaga (Valle), Bahía Solano (Chocó) y Bahía Portete para
que los puertos no destruyan la base alimentaria de las comunidades; en San
Andrés para que los raizales no sean desterrados en su propia tierra; en las
grandes ciudades para que las zonas francas y los puertos secos no sean sitios
prohibidos para la población; en Teorama y El Tarra para impedir que la Madre
Tierra sea profanada. Cada una de estas luchas populares son para impedir la
desterritorialización y el despojo.
4. Aunque víctimas del desarrollo y del despojo,
nuestras comunidades han pasado a ser defensoras de la soberanía que el Estado
-que debería ser su garante- ha abandonado en la feria de la “confianza
inversionista”. La reactivación de las luchas sociales populares en Colombia se
vienen dando justo por el camino de defender la Madre Tierra, los territorios y
la soberanía nacional.
Se trata de una dinámica similar en todo el mundo. La
captura de los Estados por los intereses privados ha despertado una ola de
indignación en Europa, Suramérica y los Estados Unidos contra el despojo de la
economía y la vida pública. Todos ellos reclaman, igual que nosotros y
nosotras, el derecho de dirigir sus vidas, sus economías y sus países. No
dudamos en decir que somos parte de ésos, los indignados y las indignadas del
mundo.
5. Los pueblos, organizaciones y procesos asistentes
hemos adoptado 7 mandatos temáticos, 10 macroregionales y un Mandato de
Mandatos sobre Tierras, Territorios y Soberanías. Se trata de compromisos
serios en la construcción del nuevo país, adquiridos por organizaciones y
procesos que asumimos la responsabilidad de realizarlos. Entre ellos
consideramos de vital importancia los siguientes:
ñ Consolidar
la unidad del movimiento y las organizaciones populares para cuidar a la Madre
Tierra, defender los territorios y consolidar la soberanía popular. El
espíritu unitario y fraternal que nos ha acompañado en este Congreso, tendrá
que converger en un gran Movimiento Social y Popular por la Tierra, el
Territorio y la Soberanía. Un primer paso es la conformación de un espacio de
coordinación de los procesos que nos sumamos a estos mandatos.
ñ El
segundo mandato general es cuidar la Madre Tierra y reconocerle sus derechos.
Quien no cuida la Madre Tierra no la merece. Y no la merecen los que
destruyen las fuentes de agua para explotar oro o petróleo. Este Congreso ha
mandatado prohibir la gran minería y la explotación petrolera desaforada. En
consecuencia, ha declarado no grata e ilegal la presencia en nuestros
territorios de la Anglo Gold Ashanti, la BHP Billiton, Xtrata, Pacific
Rubiales, CosigoResources, Smurfitt Kappa, Cemex, MedoroResources, Grey Star (hoy
Eco Oro MineralsCorp) y Unión Fenosa, por su participación directa en
agresiones a las comunidades y territorios, y su atentado sistemático a la
soberanía nacional. Les notificamos que acudiendo al derecho ancestral de
indígenas y afrodescendientes, a los derechos de los pueblos y de la Madre
Tierra, al derecho a la vida y paz, y a las normas constitucionales y del
derecho internacional de los derechos humanos, realizaremos las acciones que
correspondan para impedir su presencia, para que salgan del país y sean
sancionados.
ñ El
tercer mandato es realizar –como organizaciones sociales populares-- todas las
acciones políticas civiles para construir un camino hacia la solución política y
negociada del conflicto social y armado. La guerra en nuestros territorios
altera profundamente la armonía de las comunidades y de la naturaleza, y no es
posible esperar mejoras en los derechos humanos si el conflicto continúa. El
derecho a la paz solo se cumplirá si la realizamos nosotros y nosotras mismas
con la resistencia a la guerra, la exigencia a los actores armados para que
respeten el derecho humanitario --en especial la oposición a que el cuerpo de
las mujeres sea utilizado como botín de guerra--, y las acciones directas de
desmilitarización de nuestros territorios. El pueblo colombiano y todas sus
expresiones sociales adoptaremos una agenda de diálogos nacional y regionales
en el Congreso Nacional de Paz que tendrá lugar el próximo año, al cual nos
convocamos.
ñ El
cuarto mandato general es profundizar la liberación de la Madre Tierra y la
realización participativa de la reforma agraria. No permitiremos que en el
lugar de los grandes latifundios del narcotráfico y el paramilitarismo, que
deben ser desmantelados, se instale el gran latifundio de los conglomerados
agroindustriales. Por el contrario, esas tierras –robadas en cientos de años a
indígenas, campesinos y afrodescendientes-- deben restituirse a nuestras
comunidades. Ocuparemos pacíficamente lo que por historia y por derecho nos
pertenece; y allí donde se puedan presentar diferencias sobre los derechos
territoriales de cada pueblo o sector, acudiremos a los principios de la unidad
y el respeto interétnico para resolverlas.
ñ El
quinto mandato general es constituir a las organizaciones sociales y comunidades
como protectoras del agua. Desde el ejercicio del gobierno propio y
autoridad, abordaremos el manejo, gestión y protección de las fuentes de agua,
confrontando su privatización y degradación producto de la expansión de la
frontera agropecuaria y minero-energética y el desarrollo de megaproyectos que
amenazan su disponibilidad.
ñ El
sexto mandato general es construir una economía propia y articulada de los
pueblos, no supeditada al mercado global, que garantice la soberanía y
autonomía alimentarias y los saberes asociados a las semillas, las plantas y
los alimentos. Vamos a fortalecer las prácticas de producción, transformación,
intercambio y consumo culturalmente apropiadas, socialmente justas y en armonía
con la vida; no utilizaremos ni permitiremos agrotóxicos y transgénicos;
impediremos la presencia de los agrocombustibles, plantaciones forestales y
otros monocultivos que amenazan nuestra soberanía territorial y alimentaria.
ñ El
séptimo mandato es realizar una reforma urbana del país que contenga un ordenamiento
territorial urbano popular democrático de las regiones reconociendo la
diversidad y las diferencias tanto de pueblos que habitan al interior de los
territorios urbanos, como entre las ciudades de Colombia.
ñ El
octavo mandato general es emprender todas las acciones necesarias hasta que los
responsables intelectuales y materiales del exterminio contra nuestros pueblos
sean juzgados. Recogemos las semillas de vida, memoria, verdad, justicia y
reparación, sembradas por las luchadoras y luchadores populares en la defensa
de la vida y de la Madre Tierra, y víctimas de este conflicto.
ñ Los niños
y niñas presentes en Congreso han aprobado un mandato: debemos consolidar
espacios para que deliberen y sus aportes sean tenidos en cuenta. El futuro
del territorio está en peligro si no despertamos sus corazones y sus
conciencias para que lo defiendan. Obedeciendo su palabra mayor, generaremos
siempre los espacios donde los niños y niñas de nuestros pueblos puedan pensar
y construir el país de sus sueños.
Éstos
son los mandatos de los pueblos y las organizaciones populares. Los
cumpliremos. Nos movilizaremos en calles y campos para hacerlos realidad.
Llamamos a todos y todas a comprometerse con ellos, a la intelectualidad a
sumarse a esta construcción de país, a los partidos políticos populares a
acatarlos.
Cansados de obedecer. Cansados de ser consultados
mientras otros deciden. Queremos gobernar. ¡Vamos a gobernar en nuestros
territorios!
Cali, 3 de octubre de 2011.
La Madre
Tierra es de quien la cuida, los territorios son de los pueblos, la soberanía
es popular
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