DECLARACIÓN
POLÍTICA DE LA CUMBRE AGRARIA: CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR
Por convocatoria de la Mesa de Interlocución
Agraria – MIA, la Marcha Patriótica, el Coordinador Nacional Agrario – CNA, el
Congreso de los Pueblos, el Proceso de Comunidades Negras – PCN, la Mesa de
Unidad Agraria – MUA, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de
Colombia – COMOSOC, la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, el
Movimiento por la Constituyente Popular – MCP, Federación Nacional Sindical
Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, Asociación nacional de Zonas de Reserva
Campesina – ANZORC y Asociación Campesina Popular- se realizó en la ciudad de
Bogotá, del 15 al 17 de marzo, la Cumbre Agraria: campesina, étnica y popular.
La Cumbre reunió a 30 mil personas provenientes de todas las regiones del país.
La Cumbre es un proceso que ha venido
construyéndose a partir de los paros agrarios e indígenas del 2013,
movilizaciones que cobraron la vida de 19 compañeros, otros 600 resultaron
heridos y decenas fueron detenidos y encarcelados. El gobierno nacional se
sentó a concertar una serie de pliegos y acuerdos en mesas de interlocución y
negociación. La Cumbre nace porque después de esta “rebelión de las ruanas, los
ponchos y bastones” que suscitó el más amplio respaldo nacional e
internacional, el presidente Santos convocó a un Pacto Agrario con las élites
agroindustriales y gremiales del campo, excluyendo con esto al movimiento
agrario de las definiciones y medidas a adoptar en materia de política agraria
nacional.
La Cumbre realizó un balance del incumplimiento
del gobierno nacional ante los compromisos adquiridos, los pliegos y acuerdos
firmados; avanzó en el proceso de unidad del movimiento agrario en Colombia y
desde éste; definió una ruta unificada de la movilización y mecanismos para una
negociación articulada y unitaria. La Cumbre definió los caminos para enfrentar
conjuntamente las nefastas políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos
de turno y a sembrar dignidad, labrar esperanza y cosechar un nuevo país desde
las iniciativas de las organizaciones campesinas, indígenas y
afrodescendientes.
La Cumbre considera que mediante un ejercicio de
soberanía, debemos ser los pueblos y las comunidades quienes ordenemos el
territorio, definamos sus usos y las distintas maneras de habitarlo. Este
ordenamiento territorial popular debe armonizar la conservación del medio
ambiente con el aprovechamiento que de él hagan, las comunidades agrarias para
su pervivencia.
Nuestras propuestas territoriales exigen el
respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y la defensa de los
territorios de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.
La reforma agraria integral sigue siendo para
nosotros la solución estructural para los problemas de acceso a la tierra, formalización
de la propiedad y desarrollo rural, con inversión social y políticas públicas.
En este propósito es preciso detener el modelo
extractivista que concentra la propiedad de la tierra, la entrega a empresas
multinacionales, acaba con la economía campesina y destruye la vida.
La Cumbre propone un modelo económico que
garantice la pervivencia de los pueblos a través del fortalecimiento de las
economías campesinas, indígena, afrodescendientes y de los sectores populares.
La autonomía territorial es un factor determinante en la construcción de una
política económica y de producción de alimentos soberana. Para tal fin se debe
derogar la normatividad que permite el monopolio transnacional sobre las
semillas y el conocimiento ancestral.
El acceso a la riqueza minero-energética conlleva
al respeto por los bienes de la madre tierra, su explotación debe ser una
decisión consultada a las comunidades y desarrollada como ejercicio de
soberanía nacional.
El plantearnos una alternativa a los cultivos de
coca, amapola y marihuana, nos llama a rechazar el prohibicionismo que admite
tratamientos represivos, las fumigaciones indiscriminadas, la erradicación
forzada y el encarcelamiento de los cultivadores como solución. Entendemos el
reconocimiento de su uso tradicional, ancestral y los usos alternativos.
Proponemos programas de sustitución autónoma, gradual y concertada, el impulso
a los cultivos alternativos con garantías de comercialización.
Para el pueblo colombiano es imperativo conocer la
verdad, complementarla con mecanismos de justicia y reparación; la memoria
histórica es un aporte importante para avanzar hacia la no repetición.
Las garantías políticas incluyen la no
criminalización y judicialización de la protesta social, el desmonte del fuero
penal militar. Se debe permitir la participación amplia, efectiva y con
carácter decisorio en las instancias de planeación y definición de la políticas
de producción agropecuaria y de desarrollo rural, teniendo en cuenta las
propuestas construidas por las comunidades de manera autónoma.
Los pueblos tenemos derecho a la vida digna y a
que se nos garanticen las condiciones materiales necesarias. Se debe apropiar
un presupuesto especial para garantizar la financiación de las iniciativas
territoriales, con mecanismos autónomos de ejecución.
El Estado debe reconocer que muchas de las
problemáticas que viven las ciudades son una consecuencia de la aplicación de
modelos económicos y de despojo en el sector rural.
El impulso a las economías agrarias y populares
tiene un soporte importante en el apoyo que reciba de los grandes centros
poblados, es necesario adelantar pactos entre las grandes capitales y los
municipios que le aportan los alimentos de la canasta familiar.
La solución política al conflicto social y armado
sigue siendo un anhelo de la sociedad en la búsqueda de la paz con justicia
social, por esa razón es fundamental y urgente, que se inicie un proceso de
diálogo con las insurgencias del ELN y el EPL. Respaldamos los diálogos de La
Habana entre el gobierno y las FARC. Resaltamos el papel que debemos jugar las
organizaciones y procesos como movimiento social con voz propia. Los diálogos
regionales son una herramienta importante para avanzar en la construcción de la
agenda social y política por la paz. La Cumbre Agraria asume el impulso a un
gran movimiento social que trabaje por la paz como condiciones de vida y exija
garantías para la participación de la sociedad.
La Cumbre Agraria logró, por primera vez en la
historia de los movimientos sociales del país, construir un pliego unitario de
las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas. El pliego unitario
representa las exigencias políticas, económicas, sociales, ambientales,
culturales y territoriales de comunidades históricamente marginadas y
excluidas, es un llamado de atención al gobierno nacional sobre la urgencia de
atender estructuralmente a un mundo rural que reclama ser sujeto de derechos.
La Cumbre propone también una mesa única de negociación, un escenario que
permita cualificar el nivel de interlocución, evitar la dilación y dispersión
gubernamental y lograr acuerdos ejecutables en el corto y mediano plazo. La
unidad alcanzada hoy es también la unidad de acción, contamos ahora con una
ruta de movilización social que haga exigibles y alcanzables los derechos
negados. La Cumbre y sus propuestas son una apuesta definitiva por el logro de
la paz. Una paz, que para ser estable y duradera requiere de ser construida
desde abajo, con nosotros y nosotras, una paz socialmente incluyente, basada en
la verdad, la justicia, la efectiva participación política y la vigencia plena
de los derechos humanos en los campos de Colombia.
La Cumbre es parte transitoria de un proceso
constituyente caminado de la mano de la Minga indígena, los congresos de los
pueblos, consejos territoriales del pueblo, los procesos constituyentes por la
paz con justicia social, los mecanismos de participación directa y la autonomía
que a diario ejercen las comunidades del campo y la ciudad que reclaman ser
reconocidas. El acuerdo político y social que edifique la paz deberá ser la
parte culminante de este proceso constituyente. La posibilidad de un proceso de
asamblea nacional constituyente está en el horizonte de reflexión de la
sociedad colombiana en su conjunto. Estamos construyendo una ruta propia desde
el movimiento popular para llegar a este momento. El camino hacia la paz,
requiere, mientras tanto, de un decidido y vigoroso movimiento social por la
paz, al cual convocamos a todos los sectores políticos y sociales del país. La
paz incluyente no se construye con “acuerdos de élites y corbatas” que
desconocen a los de poncho, a los de ruana, a los de azadón y machete, a los
sujetos políticos y sociales del campo y sus propuestas.
Ante el reiterado incumplimiento del gobierno
nacional frente a la palabra y los compromisos adquiridos para levantar el paro
agrario del año pasado, la decisión de la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y
Popular es la de volver al paro nacional agrario, cuya hora cero dependerá de
la respuesta gubernamental. La Cumbre extiende un plazo al gobierno hasta la
primera semana de mayo. A partir de este momento la Cumbre bajará a los
resguardos indígenas y a las veredas de los territorios afros y campesinos, a
las barriadas y organizaciones sociales de las ciudades, a los sindicatos, a
organizar los comités de paro y a convocar a todos los sectores sociales y
populares en conflicto para acordar una dinámica coordinada en perspectiva de
bloque popular.
Las propuestas del gobierno no son soluciones. El
Pacto Agrario es una repartija más de recursos públicos con fines clientelares
y electoreros. El gobierno nacional tiene la oportunidad histórica de
solucionar la crisis estructural del campo a partir de nuestras propuestas
recogidas en el pliego unitario, creemos en el diálogo social como la ruta para
alcanzar la justicia social y la anhelada paz estable y duradera para Colombia.
Nuestras propuestas están sobre la mesa, le queda la responsabilidad histórica
al gobierno de atenderlas.
Bogotá
Marzo 17 de 2014
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