El quijote de la marcha sale a caminar hacia el congreso de tierras, territorio y soberanías.

Saludo desde argentina Pañuelos en rebeldía

Encuentro de mujeres por los DESCA 2011

encuentro de mujeres por los DESCA 2011

Congreso de tierras, territorio y soberania

Santigo de Cali septiembre 30 al 4 de octubre de 2011

Proyecto hidroelectrico El Quimbo- Despojo en tiempos de prosperidad democratica

Comisión politica de la Minga Neiva(Huila)

Simposio Internacional Minero- Energetico

Comisión política Neiva (Huila) 29,30 y 31 de Julio

Comisión Politica Neiva

ACCIÓN URGENTE CONTINUA PERSECUCION CONTRA LIDERES Y COMUNIDADES DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL DE NARIÑO, COPDICONC

ACCIÓN URGENTE

CONTINUA PERSECUCIÓN CONTRA LIDERES Y COMUNIDADES DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL DE NARIÑO, COPDICONC. 

Hombres armados asaltan la oficina de COPDICONC, amenazan y hurtan los computadores y memorias USB con toda la información del Consejo Comunitario.

Santiago de Cali, 16 de Julio de 2011.

Las organizaciones abajo firmantes alarmadas por la grave situación de derechos humanos que se viene presentando en contra de los líderes y comunidades pertenecientes a COPDICONC, Consejo Mayor para el Desarrollo Integral de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño y Sur del Cauca, solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, a los organismos multilaterales de Naciones Unidas, exigir al gobierno colombiano en cabeza del presidente JUAN MANUEL SANTOS, acciones inmediatas de prevención y protección a las comunidades por los hechos que relataremos a continuación:

LOS HECHOS

1.- El pasado 13 de Julio siendo las 3:30 p.m. tres hombres armados ingresaron a la casa de la lideresa MARÍA ANTONIA AMAYA, presidenta del consejo mayor COPDICONC, ubicada en la ciudad Santiago de Cali, donde funcionó provisionalmente hasta el día de los hechos, la oficina del Consejo Comunitario. Lugar de atención a la población que viene siendo objeto de graves violaciones de derechos humanos y desplazamiento forzado de los municipios de Policarpa, Cumbitara, Leiva, El Rosario, Santa Barbará de Iscuande, El charco, Argelia y Balboa.

2.- El día de los hechos se encontraban en esta Oficina, la Asistente Administrativa, ÁNGELA MARÍA PEREA VALENCIA y el Representante Legal de COPDICONC , JOSÉ IRIS ARCO VELÁSQUEZ,

quienes fueron atacados por dos hombres que ingresaron armados, sometiéndolos, gritándoles, maltratándolos física y psicológicamente; señalándolos como “guerrilleros” mientras les tapaban la boca y cubrían sus rostros, les gritaban que dijeran a qué grupo guerrillero pertenecían o sino los asesinaban, a su vez les ordenaron repetir en varias ocasiones el número del documento de identidad. Mientras estos dos hombres intimidaban a los líderes de COPDICONC, dentro de la oficina, en la puerta de la calle un tercer hombre armado vigilaba.

3.- Los hombres preguntaban insistentemente por el lugar donde se encontraba la presidenta del Consejo Comunitario MARÍA ANTONIA AMAYA, a la vez que la señalaban de guerrillera y gritaban que venían a asesinarla. (MARIA ANTONIA no se encontraba en este lugar ya que estaba en compañía de la coordinadora de Derechos Humanos del Consejo, MARIA FERNANDA MARCILLO efectuando los trámites de visado para viajar a Costa Rica al Encuentro y Conferencia Regional de Mujeres Afro).

4.- Estos hombres, estuvieron por espacio de 20 minutos y hurtaron los equipos de oficina (como computares, grabadoras, Memorias USB, Celulares y un Video Beam) que contenían toda la información de la violación sistemática de los derechos humanos que el consejo viene visibilizando registros de víctimas del conflicto armado y población en situación de desplazamiento forzado: Documentos que contienen datos personales, descripción de los hechos y posibles autores; carpetas con información de todos los proyectos y convenios ejecutados y que están por ejecutar, además de documentos de uso exclusivo del consejo que datan del proceso que se ha venido desarrollando durante una década.

ANTECEDENTES

Según información de la comunidad uno de los hombres que participó en estos hechos había alquilado hacía 15 días una pieza en el lugar y se le había visto merodeando en varias oportunidades a los alrededores.

Es importante resaltar que la situación del territorio en estos momentos es de alto riesgo y ha sido objeto de la emisión de Informes Defensoriales, Alertas Tempranas y Declaratorias de Alto Riesgo, por parte de la Defensoría del Pueblo y los Comités Municipales de Atención a la Población de la Población Desplazada, que dan cuenta de la presencia de grupos armados ilegales que controlan el territorio y vienen cometiendo crímenes atroces contra la población civil. Así mismo diariamente se reporta el desplazamiento forzado, confinamiento y violación al DIH en contra de los miembros de COPDICONC.

El Consejo Comunitario en los meses de agosto y septiembre de 2010, convocó a las autoridades municipales y departamentales, organizaciones humanitarias y de cooperación internacional, organizaciones sociales y de derechos humanos con el fin de visibilizar LA GRAVE CRISIS DE DERECHOS HUMANOS EN LA REGION y solicitar acciones inmediatas para prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos.

Los hechos aquí descritos aumentan el riesgo de los líderes del Consejo Mayor COPDICONC, quienes no cuentan con garantías de seguridad efectivas que permitan el ejercicio de la representación y defensa de derechos humanos de la comunidad. Situación que alarma a toda la población, máxime si se tiene en cuenta que trece miembros del Consejo Comunitario son beneficiarios de Medidas Cautelares otorgadas el 24 de julio del año 2007 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Medidas que exigen al Gobierno Colombiano la prevención y protección de los derechos de los líderes y la población perteneciente a este consejo comunitario.

Debido a la gravedad de los hechos ocurridos, REQUERIMOS del Gobierno Nacional y las Autoridades Civiles, una investigación responsable de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que generan zozobra, miedo y terror agravada por la pérdida de información confidencial de denuncia que está contenida en los equipos.

Llamamos a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales para que se pronuncien y exijan al gobierno nacional el cumplimiento irrestricto de las normas nacionales e internacionales de protección a los derechos fundamentales de las comunidades de la Cordillera Occidental de Nariño.

COPDICONC ha venido denunciando desde el año 2000 hasta la fecha, las continúas amenazas, persecuciones y la situación de alto riesgo de líderes del consejo.

Por lo anterior y de manera urgente, EXIGIMOS:

- A la oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, convocar de manera extraordinaria una sección del comité de riesgos del CREER, en donde se evalué la situación actual, se informen las acciones emprendidas por parte de las entidades competentes para proteger los derechos de las comunidades y se brinde las garantías suficientes y necesarias para el ejercicio del liderazgo y la exigibilidad de los mismos.

- A las autoridades competentes, que implementen acciones concretas que tiendan a la consecución de la información contenida en los equipos de uso exclusivo del consejo.

- A la Fiscalía General de la Nación entregar resultados acerca de la investigación que debió iniciar a raíz de la denuncia interpuesta por los líderes del consejo comunitario.

Audiencia Pública Toribio (Cauca) 20 de julio 2011

PRONUNCIAMIENTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL CAUCA: TERMINAR LA GUERRA, DEFENDER LA AUTONOMÍA, RECONSTRUIR LOS BIENES CIVILES Y CONSTRUIR LA PAZ.

PRONUNCIAMIENTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL CAUCA: TERMINAR LA GUERRA, DEFENDER LA AUTONOMÍA, RECONSTRUIR LOS BIENES CIVILES Y CONSTRUIR LA PAZ.

La Junta Directiva Regional de Cabildos Indígenas del Cauca –CRIC- nos hemos reunido en Toribío los días 19 y 20 de julio de 2011, para analizar y proponer caminos de solución ante los hechos de la semana anterior en los municipios de Toribío, Corinto, Caldono, Jambaló y el resguardo de San Andrés de Pisimbalá en Tierradentro, que son de responsabilidad directa de las FARC, y ante la decisión unilateral e inconsulta del gobierno nacional de copar militarmente los territorios indígenas, principalmente los del norte del Cauca. Como Comunidades originarias y Autoridades Tradicionales hoy les hablamos a los colombianos y colombianas desde el fondo de nuestro dolor y de nuestra indignación. También desde la profunda convicción de que con la reflexión y el espíritu de las comunidades es posible sacar al país del pantano a donde lo han llevado décadas de invasión y guerra armada del Estado y las guerrillas, principalmente a territorios indígenas del país. En estos dos días los delegados y delegadas de las comunidades hemos hablado y pensado como pueblos originarios, con autocrítica por lo que hemos podido hacer y no hemos hecho, y con responsabilidad por lo nuestro y por el país entero. Nos hemos reunido para manifestarle a los pobladores urbanos de estos municipios afectados por las acciones armadas que sentimos esta agresión como un ataque contra todos los pueblos indígenas, que entendemos han tumbado la casa de cada uno de nosotros y nosotras, que la lluvia y el frío sentido estos días por ausencia de techo lo hemos sentido en cada resguardo indígena del Cauca; porque no puede haber ninguna justificación para tanto desprecio por los seres humanos y por un proceso político que ha dado muestras indudables de construcción de dignidad, democracia, autonomía y justicia social. Por eso, esta Junta Directiva y esta Audiencia Pública son sobre todo un acto de dignidad, unidad y resistencia a la guerra por parte de toda la gente del Cauca. Un acto donde nos guía la convicción de que solo la solución del conflicto armado puede abrir caminos para la construcción de paz y justicia; por eso hemos ratificado la voluntad de seguir construyéndola. Desde nuestra Resolución de Vitoncó emitida en 1985, nuestras comunidades y autoridades exigieron la desmilitarización total de nuestros territorios. En aquella ocasión las FARC se comprometieron a no intervenir nuestros procesos y a respetar a nuestros territorios y autoridades; luego en 1990 se concertó la dejación de armas del grupo indigenista Quintín Lame, que contribuyó con la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual, jurídicamente, en la nueva Carta Política, devolvió el poder al pueblo y declaró que la paz es un derecho de obligatorio cumplimiento. En 1999, con nuestra Declaratoria de los Territorios de Convivencia Diálogo y Negociación nuestras autoridades reclamaron del Estado y las guerrillas la necesaria y obligante participación de la sociedad civil en todo proceso de paz para el país. Las declaraciones y mandatos de Ambaló (1996) y Jambaló (2000) fueron claras en determinar la responsabilidad de los diferentes actores que hacen presencia en nuestros territorios y en ellas se determinaron políticas y responsabilidades internas referidas al conflicto armado, a los llamados cultivos de uso ilícito, a las iglesias y a los intereses económicos de las empresas multinacionales. Sin embargo, lo ocurrido principalmente en Toribío, Corinto, Caldono, Jambaló y en el resguardo de San Andrés de Pisimbalá en Tierradentro, niega lo que el país ha avanzado constitucionalmente en materia de derechos humanos y paz, y por el contrario se ha convertido en una estrategia global que se repite cotidianamente de ocupación territorial de conquista, involucramiento de civiles con propósitos militares, y de arrasamiento con propósito de cambiar el escenario político, poniendo de presente la decisión del Estado y las FARC de una escalada del conflicto no vista antes en nuestros territorios. En consecuencia, si no detenemos esta guerra, el país asistirá a una terrible masacre de civiles y a la destrucción de buena parte del proyecto político pacífico y democrático que los indígenas hemos parido con gran esfuerzo durante años. Ante ello la Junta Directiva Regional de Cabildos indígenas del Cauca –CRIC-, ha analizado Sobre la guerra actual La guerra ha absorbido todas las otras dimensiones de la vida nacional, subordinando la política a las prioridades militares de ambos bandos,. Con la gravedad que cada actor de la guerra viola el derecho humanitario de manera consciente, bajo el argumento que el otro ya lo había hecho. En la actualidad Las FARC desplazan fuerzas hacia el norte del Cauca provenientes de otros departamentos, y recrudecen el reclutamiento forzado de menores y la incorporación de milicianos a sus filas, al parecer para responder a la estrategia del Estado. de tierra arrasada desde el entendido que su sobrevivencia depende de estar entre la población civil. Por su parte el Estado ha subordinado la ley y sus propios intereses económicos al sostenimiento de una guerra y de las mafias económico-militares que la promueven; mientras para la insurgencia ya no se trata de tener una fuerza armada para defender un proyecto político, sino de destruir todos los proyectos políticos -incluido el de ellos- con el propósito de mantener el aparato militar. Es lógico, por eso, la enorme despolitización y degradación del conflicto armado interno que vivimos. Por supuesto, cada vez tenemos menos dudas de que la guerra es funcional al modelo de colonización minero-energético, de la expansión de los agrocombustibles y de la expropiación de los territorios indígenas y de los afrodescendientes y campesinos, impulsada por las transnacionales. Tanto la invasión de nuestro territorios por el Ejército oficial, como la ocupación de nuestras comunidades por la insurgencia, promueven un modelo territorial y económico extractivo y dependiente de las rentas de los recursos naturales, reproduciendo un sistema de despojo y aniquilamiento que los indígenas conocemos desde hace siglos. Todo indica que en el departamento del Cauca, especialmente en la zona norte y en las áreas contiguas de los departamentos del Huila, Tolima y Valle, todas ellas territorio del pueblo Nasa, se prepara una enorme batalla de incalculables consecuencias para la población. La Madre Tierra nos dio un territorio que por sus características ha resultado ser el más adecuado para la guerra irregular, donde la derrota de la guerrilla solo puede darse mediante el copamiento militar terrestre, el arrasamiento y el uso de bombardeos indiscriminados. Y eso es lo que, desde los planes de quienes dirigen la guerra, vendrá para nuestro territorio y nuestras comunidades en los próximos meses. El Ejército concentra un número cada vez mayor de unidades; miles de hombres armados han desembarcado en helicópteros la última semana en Corinto, Caloto, y Miranda y Tierradentro, preparando una nueva oleada militar. Se ha anunciado la decisión unilateral e inconsulta de establecer un nuevo Batallón de Alta Montaña en Tacueyó, y es de esperar que otros pequeños batallones se instalen en el páramo. Casi 15 mil soldados invaden la Cxhab Wala Kiwe, el territorio del gran pueblo. El Plan de consolidación territorial del gobierno nacional combina una estrategia de “desarrollo armado y humanitarismo armado”, por medio del cual los recursos públicos destinados a garantizar los derechos sociales y el desarrollo de infraestructura, pasan a través de los batallones. Con la clara intención de involucrar a las comunidades civiles en la estrategia de guerra, los dineros de Acción Social son pagados en los batallones, los puentes reparados por el ejército, las alcaldías presionadas a aceptar el tutelaje de los militares. En la práctica las comunidades se convierten en una especie de escudos humanos para proteger forzadamente a los soldados. El Plan Colombia obligó a la insurgencia al repliegue, la dispersión y el retorno a la guerra de guerrillas. Al no tener ya capacidad para subordinar territorialmente a las comunidades y los gobiernos autónomos indígenas, han optado por erosionar la organización en su conjunto, promoviendo estructuras paralelas que tratan de deslegitimar a nuestras autoridades, al proceso político del CRIC y a sus organizaciones zonales. Derivado de lo anterior, mientras el ejército involucra a la población civil. La guerrilla se camufla entre ella dando como resultado que sea la población civil la que lleve la peor parte. Entonces, como ambos bandos comparten la misma estrategia, disparan, hacen estallar explosivos o bombardean indiscriminadamente, con la supuesta certeza de que los civiles muertos o heridos, por estar cerca de sus enemigos, también son blancos legítimos. Con base en lo anterior recordamos que al firmar la Constitución de 1991 nos comprometimos a la construcción de un país en paz y respetuoso de la diferencia. Nosotros como pueblos indígenas hemos cumplido, pero no así los promotores de la guerra y quienes tienen otros designios sobre nuestros territorios. Ratificamos nuestras posiciones y mandatos expresados en la Resolución de Vitoncó, la Resolución de Jambaló, los Congresos del CRIC, la propuesta de Diálogo de La María Piendamó, de los cuales resaltamos los siguientes puntos: 1. Los armados no nos representan, no pueden hablar ni mucho menos realizar acciones en nombre nuestro o de nuestros intereses. 2. Reclamamos la desmilitarización total de nuestros territorios de parte y parte. 3. Tanto el Estado como la guerrilla y demás grupos armados, los gremios económicos, narcotráfico y multinacionales y demás actores externos deben respetar nuestro territorio y autonomía Exigimos la recuperación de la armonía y nuestros territorios indígenas y en general de la nación colombina, por ello construimos una ruta de solución política al conflicto armado donde la sociedad civil sea un actor fundamental . Con base en esta lectura realizamos el siguiente PRONUNCIAMIENTO: Como nuestros llamados a los actores armados para que respeten la autonomía de las comunidades, la vida de las personas y las leyes de la guerra no han sido escuchados, hemos decidido convocar la Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra. Esta Minga tiene tres propósitos. El primero es la desmilitarización de los territorios indígenas y el freno a la militarización promovida por el ejército y las FARC. Reiteramos la exigencia a estos actores para que desmonten sus bases militares y campamentos en territorio indígena, y para que dejen de utilizar los bienes civiles para usos de guerra. Sabemos que no lo harán por su propia voluntad, y que requerirá una enorme presión de la sociedad civil colombiana. En los próximos meses, con la intervención de todas las comunidades indígenas del Cauca, y con la compañía de las organizaciones amigas que luchan por la paz, iniciaremos acciones hacia el desmonte -como lo hemos hecho en anteriores circunstancias- de las trincheras y bases de la Policía y el Ejército, y simultáneamente de los campamentos de las FARC, que se encuentran en medio de la población civil. No queremos darle ventaja militar a ninguno de los bandos, sino defender la vida y la autonomía de las comunidades. Esperamos que ambos actores entiendan que nuestro propósito es esencialmente humanitario. Llamamos a nuestros amigos y amigas para que así se lo hagan entender al gobierno y a las FARC. Y recordamos a los actores armados que los territorios indígenas son bienes culturales especialmente protegidos por el derecho internacional humanitario, y por tanto deben ser excluidos de las acciones militares. La Declaración de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas es absolutamente clara en que no podrán montarse bases militares sin que se realicen “consultas eficaces” con las autoridades y comunidades de los pueblos indígenas; y ya la Corte Constitucional ha dicho que la Declaración hace parte del derecho internacional consuetudinario, que es obligación para el Estado. En consecuencia, no aceptamos el establecimiento de Batallones de Alta Montaña en los territorios indígenas, anunciados por el gobierno nacional. El gobierno viola la Constitución y la ley al imponerlos sin nuestro consentimiento; además son inútiles para proteger a la población civil y no los necesitamos para ordenar el resguardo. Emprenderemos acciones jurídicas, políticas y humanitarias contra su implementación. Hacemos un llamado al Relator de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para que se pronuncie sobre este inminente irrespeto a la normatividad internacional. El segundo propósito de la Minga es convocar al gobierno nacional y a la guerrilla a Diálogos Humanitarios en territorio indígena del Cauca para exigir el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. Para la interlocución sobre estos temas, el CRIC y sus organizaciones zonales hemos conformado una Comisión especial, con la presencia de mujeres, mayores y exgobernadores, encargada de apoyar a las autoridades, que es responsable de presentar nuestros puntos de vista ante los grupos armados. Enviaremos invitaciones formales al presidente de la República y al comandante de las FARC. Los temas que proponemos a ambos actores son los que venimos impulsando en la Red de Iniciativas de Paz desde la Base: El cese inmediato de reclutamiento de menores o su vinculación como informantes; la prohibición y castigo de la violencia sexual, especialmente contra las mujeres; el uso de minas y armas de efecto indiscriminado; y el respeto a la autonomía, que ya los tratados internacionales reconocen sin discusión alguna. Con las FARC queremos discutir adicionalmente los problemas relacionados con los milicianos, y sobre el compromiso del Secretariado de no reclutar indígenas, incumplido reiteradamente. Y con el gobierno, vemos pertinente discutir el cese de la instalación de bases militares en medio de la población civil y el reclutamiento de informantes; así como que haya total claridad sobre la orden de destruir las viviendas de las comunidades, porque no vemos convincentes las explicaciones dadas por el presidente y el ministro de Defensa. El tercer propósito de la Minga es reactivar los Debates públicos con el gobierno y la insurgencia, sobre los proyectos políticos y territoriales que están en juego. Como estamos convencidos de que la solución del conflicto requiere una negociación política, nuestro compromiso es elevar el nivel político de estos diálogos y debates, y exigimos a estos actores que se comprometan a poner en claro sus apuestas estratégicas. La Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra está fundamentada en el derecho ancestral que nos asiste de ordenar nuestra casa, de equilibrar el territorio y buscar la armonía comunitaria. Así mismo, en los instrumentos internacionales que reconocen nuestro derecho a la libre determinación como pueblos y a dotarnos de las instituciones políticas que decidamos libremente. Todas estas medidas que hemos tomado hacen parte de los Planes de Salvaguarda que los pueblos indígenas del Cauca venimos formulando para impedir la desaparición física y cultural, cuya aceptación es obligatoria para el Estado frente a la sentencia 025 de la Corte Constitucional. Llamamos a la sociedad civil colombiana, a la Conferencia Episcopal y a la comunidad internacional para que contribuyan en generar condiciones de protección y respeto a las acciones que emprenderemos. Para realizar la Minga necesitamos del acompañamiento político y humanitario de todos nuestros amigos y amigas. Los convocaremos para que nos acompañen en la protección de los sitios sagrados y humanitarios, y en las acciones para liberar la Madre Tierra de la guerra y armonizar el territorio. Hemos tomado también la decisión de recuperar para la comunidad, a los jóvenes indígenas involucrados en los grupos armados. Dos acciones realizaremos para hacerlo realidad: En primer lugar, profundizar nuestros planes de Retorno a Casa, mediante el diálogo, la discusión política, la armonización y el remedio, para que se reencuentren con el camino de la lucha indígena por la dignidad; y en segundo lugar, emprenderemos Misiones de exigencia para que los niños y niñas reclutados regresen a casa; entendemos que las FARC dicen no defender esta práctica prohibida, lo que deberá hacer más fácil la entrega de los menores de edad a sus familias y comunidades. Mantenemos nuestra posición de buscar una solución autónoma para la situación de la economía ilegal. Reconocemos que los cultivos de coca, marihuana y amapola son una aparente solución que adoptan algunas familias para resolver una situación económica angustiosa, que en el mediano plazo abren las puertas a una creciente crisis económica, crisis de valores y crisis de gobernabilidad. Reiteramos el compromiso de profundizar las acciones para resolver el problema; al respecto, realizaremos una consulta a las comunidades para decidir los elementos centrales de la estrategia. Llamamos al gobierno nacional, las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que apoyen la adopción de un Plan Regional de solución a la economía ilegal, que debe consistir no en erradicar los cultivos de uso ilícito, sino en cambiar una economía de renta por otra economía armoniosa con la naturaleza. Por nuestra parte, vamos a fortalecer decididamente nuestra Guardia Indígena, a la que ratificamos el mandato de ser actores de paz y cuidadores del territorio. Con la Guardia, y con la participación de todas las comunidades, vamos a reforzar el control territorial interno. La Junta Directiva ha adoptado un plan interno para hacer cumplir los mandatos que los diversos congresos han aprobado. Es urgente buscar caminos para la solución política del conflicto armado 1. La gran confrontación que se avecina en nuestros territorios, y en otras regiones del país, nos obliga a profundizar nuestro llamado a abrir caminos para la solución del conflicto armado interno. Compartimos la visión de muchos sectores, acerca de la inutilidad de propiciar más muertes para llegar a un escenario de diálogo que podemos constituir desde ahora. Conocemos la falta de confianza de muchos colombianos y colombianas en una negociación política; pero hechos como los de Toribío y Corinto prueban que la solución militar es inaceptable. No es coherente condenar y lamentar la destrucción de nuestras poblaciones, los ataques indiscriminados, la muerte dela población civil, y al mismo tiempo defender la continuidad de la guerra. 2. Creemos que nuestra Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra, es un aporte en la apertura de estos caminos. Como señalamos en La María, a los 40 años de conformación del CRIC, los diálogos humanitarios pueden y deben llevar a una solución del conflicto armado, y la solución del conflicto armado puede y debe llevar a un escenario para la construcción de una paz digna y duradera. 3. Ante la negativa de los actores armados de propiciar este escenario con acciones ciertas de paz y su insistencia en crearlo mediante el incremento de la acción militar, llamamos a la sociedad colombiana a ser la protagonista directa de un nuevo esfuerzo por la terminación de la guerra en Colombia. El movimiento indígena del Cauca ratifica su disposición a converger con todas aquellas voces que de nuevo se pronuncian sobre la inutilidad de la guerra y la urgencia de acabarla. 4. Consideramos que la comunidad internacional puede desempeñar un papel mucho más activo en la búsqueda de una solución política del conflicto y en la construcción de la paz; no solo al manifestarse más enfáticamente sobre la necesidad del diálogo político, sino en abstenerse de promover proyectos económicos que alimentan el conflicto, en particular los relacionados con la industria minero-energética. 5. Agradecemos al Relator Especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas y a la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, que insistan al gobierno nacional sobre la urgencia de buscar una salida política con participación de la sociedad civil y en especial de los pueblos indígenas, así como la necesidad de apoyar las iniciativas de diálogo y de construcción de paz propuestas por las comunidades. Llamamos a estos Relatores para que programen visitas de emergencia a los territorios indígenas del Cauca para que constaten la situación de violaciones generalizadas de los derechos humanos y el DIH. Igualmente solicitamos sean garantes de la reconstrucción de los daños físicos producidos por los actores armados, hagan seguimiento a la atención de las víctimas, y refuercen las acciones indígenas por la paz que los instrumentos internacionales protegen especialmente. 6. Al mismo tiempo, insistimos a los organismos internacionales que hacen seguimiento y control al DIH, para que no abandonen su tarea de exigir a los actores armados el acatamiento de los principios de protección a los civiles y de no uso de armas de efecto indiscriminado, y en particular la instalación de campamentos y bases en cercanías de la población civil. 7. Hacemos un llamado perentorio al gobierno nacional para que la reconstrucción de Toribío, Corinto y Caldono sea rápida y digna. Demandamos que no se convierta en un nuevo acto de guerra, por lo que exigimos que ésta se haga por parte de la comunidad y mediante procedimientos civiles, sin involucramiento de los militares. 8. Como dijimos en los 40 años del CRIC: Es hora de la paz y no de la guerra. Hora para que desde el Estado, desde la insurgencia y demás grupos armados, no se levanten las armas contra el pueblo. Que cesen las masacres, los homicidios selectivos, los desplazamientos, las amenazas, las torturas, las desapariciones forzadas, las mutilaciones, los señalamientos, la muerte y la ignominia. Hora de la Verdad y de la Justicia. Hora de que la riqueza del país sea puesta a favor de la igualdad y la equidad, que el presupuesto nacional sea invertido fundamentalmente en lo social y no en la guerra. Cuenten con nosotros para la Paz... Nunca para la Guerra. CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA – CRIC Toribio, 20 de julio del 2011

ACCIÓN URGENTE TOMA ARMADA A TORIBIO‏

TOMA ARMADA A TORIBIO
Hoy 09 de julio del año 2011, nuevamente la cabecera municipal de Toribio y sus habitantes son blanco de una fuerte toma guerrillera que se adelanta desde las 9:30 a.m. por parte de la guerrilla de las FARC. El balance parcial de los enfrentamientos armados hasta el momento es: 63 heridos entre niños, mujeres y adultos por esquirlas, 2 civiles muertos, uno de ellos de nombre Jesús Muñoz de profesión expendedor de carne y el otro sin identificar hasta el momento, varias casas averiadas por impactos de artefactos explosivos. Las personas heridas en este momento son trasladadas a los Hospitales de Caloto, Santander de Quilichao, Popayán y la ciudad de Cali Valle.
Los Guardias indígenas reportan de la misma forma enfrentamientos armados en el municipio de Corinto donde fue destruido el puente las vacas en el área urbana, Caloto específicamente en la vereda el Chocho, en el Corregimiento de Mondomo Santander de Quilichao y en veredas del municipio de Jámbalo, vereda Vista Hermosa Corregimiento del Palo Caloto.
Por lo que se observa en el contexto la situación en el transcurso de las horas tiende a ser más compleja razón por la cual y teniendo en cuenta situaciones anteriores, hacemos un llamado a todos los Organismos de Derechos Humanos en términos de activar planes de contingencia a fin de atender de manera oportuna cualquier situación que se pueda presentar en la región.

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA ACIN – CXHAB WALA KIWE.
Santander de Quilichao Cauca, julio 09 de 2011
Organizaciones que adherimos y difundimos este boletín y alertamos a la comunidad nacional e internacional:
Colectivo de DDHH Surcando Dignidad
Identidad Estudiantil

Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia Nodo Valle
Movice-Capítulo Valle
Asociación Nomadesc
Sintraunicol Cali
CSPP-Valle

Cuarta comisión politica del congreso de los pueblos_Dosquebradas