ACCIÓN URGENTE 1 DE MAYO CALI – VALLE DEL CAUCA
ACCIÓN URGENTE 1 DE MAYO
CALI – VALLE DEL CAUCA
JOVEN
ESTUDIANTE Y LIDER SINDICAL HERIDOS
POR
LA POLICIA DURANTE LA JORNADA DEL 1 DE MAYO
La joven estudiante de la Institución
Educativa Santa Librada, NATALIA
BERNAL, y el presidente de Sintraunicol
Cali, JOSE MILCIADES SANCHEZ, miembros
del Congreso de los Pueblos, fueron heridos por parte de fuerzas combinadas de la Policía
Metropolitana y el Escuadrón Movíl Anti Disturbios ESMAD, a pocos metros de la Estación Policía del
Guabal ubicada en la CR. 44 # 14B-49.
LOS
HECHOS
Los hechos se presentaron, siendo
aproximadamente las 12:00 del día cuando la marcha de conmemoración del 1 de
mayo se acercaba al final del recorrido iniciado a las 8:30 a.m. desde
el parque de las Banderas y que culminó
en el Polideportivo María Isabel Urrutia del Barrio Mariano Ramos, ubicado en el Distrito de Agua Blanca de la
ciudad de Cali.
La menor de 14 años de edad NATALIA BERNAL,
miembro del Colectivo Juvenil 26 de Febrero, fue impactada en su rostro y según
el parte médico es posible que pierda su ojo izquierdo.
Según testimonios y evidencias fotográficas
y fílmicas el efectivo del ESMAD, que disparó contra la joven y el líder
sindical se identificaba con el casco 2466.
El líder Sindical por su parte fue impactado a la altura del maxilar
derecho.
Las armas que el ESMAD utiliza regularmente
para las protestas violan los llamados “protocolos de fuerza” permitidos por el
derecho interno e internacional, pues en este caso las armas disparadas, no son
permitadas y han ocasionado un daño irreparable en la joven estudiante.
Tal y como lo establece en su articulo 2 el Código de Conducta para
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea
General de la ONU, en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979: “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios
encargados de hacer cumplir la Ley respetarán y protegerán la dignidad humana y
mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las personas.”
En el presente caso el exceso de la fuerza viola
instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos tales como la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre otros.
El ESMAD, además
de llevar consigo granadas de gas de mano, granadas de aturdimiento y un bastón
Tonfa, viene utilizando granadas recargadas que disparan esquirlas de vidrio,
polvora negra, puntillas y vidrios a la
humanidad de los manifestantes y que han sido mortales y también llevan consigo
armas de fuego con las que disparan a los manifestantes como se corrobora en
expedientes judiciales el crimen cometido contra el Estudiante JHONNY SILVA
ARANGUREN, en la Universidad del Valle.
Adicionalmente a estos hechos durante el trayecto de la
marcha personal de civil fotografiaron y
gravaron a los manifestantes con la adquiecencia y colaboración de la fuerza
pública, como lo evidenciaron y denunciaron durante el trayecto, los
sindicatos, las organizaciones de derechos humanos y las comunidades.
Por lo
anteriormente expuesto las
organizaciones abajo firmantes solicitamos de manera inmediata:
1.
Investigar la acción desmedida de la Fuerza Pública
durante la jornada del 1° de mayo de
2014 en la ciudad de Cali.
2.
Implementar las sanciones que correspondan a quienes
hicieron un uso excesivo de la fuerza y agredieron a los manifestantes.
3.
Retirar de manera inmediata a los agentes de la Policía
que atentaron contra la integridad física y sicológica de la Estudiante Natalia
Bernal y el presidente de Sintraunicol, José
Milciades Sánchez.
Asociación para la
Investigación y Acción Social –NOMADESC-
SINTRAUNICOL Subdirectiva
Cali
MOVICE- Capitulo Valle del
Cauca
Congreso de los Pueblos
Red de Hermandad y
solidaridad Con Colombia
Central Unitaria de
Trabajadores CUT
Fundación Comité de
Solidaridad con los Presos Políticos- Seccional Valle del Cauca –CSPP-
Campaña Prohibido Olvidar
DECLARACIÓN POLÍTICA DE LA CUMBRE AGRARIA: CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR
DECLARACIÓN
POLÍTICA DE LA CUMBRE AGRARIA: CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR
Por convocatoria de la Mesa de Interlocución
Agraria – MIA, la Marcha Patriótica, el Coordinador Nacional Agrario – CNA, el
Congreso de los Pueblos, el Proceso de Comunidades Negras – PCN, la Mesa de
Unidad Agraria – MUA, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de
Colombia – COMOSOC, la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, el
Movimiento por la Constituyente Popular – MCP, Federación Nacional Sindical
Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, Asociación nacional de Zonas de Reserva
Campesina – ANZORC y Asociación Campesina Popular- se realizó en la ciudad de
Bogotá, del 15 al 17 de marzo, la Cumbre Agraria: campesina, étnica y popular.
La Cumbre reunió a 30 mil personas provenientes de todas las regiones del país.
La Cumbre es un proceso que ha venido
construyéndose a partir de los paros agrarios e indígenas del 2013,
movilizaciones que cobraron la vida de 19 compañeros, otros 600 resultaron
heridos y decenas fueron detenidos y encarcelados. El gobierno nacional se
sentó a concertar una serie de pliegos y acuerdos en mesas de interlocución y
negociación. La Cumbre nace porque después de esta “rebelión de las ruanas, los
ponchos y bastones” que suscitó el más amplio respaldo nacional e
internacional, el presidente Santos convocó a un Pacto Agrario con las élites
agroindustriales y gremiales del campo, excluyendo con esto al movimiento
agrario de las definiciones y medidas a adoptar en materia de política agraria
nacional.
La Cumbre realizó un balance del incumplimiento
del gobierno nacional ante los compromisos adquiridos, los pliegos y acuerdos
firmados; avanzó en el proceso de unidad del movimiento agrario en Colombia y
desde éste; definió una ruta unificada de la movilización y mecanismos para una
negociación articulada y unitaria. La Cumbre definió los caminos para enfrentar
conjuntamente las nefastas políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos
de turno y a sembrar dignidad, labrar esperanza y cosechar un nuevo país desde
las iniciativas de las organizaciones campesinas, indígenas y
afrodescendientes.
La Cumbre considera que mediante un ejercicio de
soberanía, debemos ser los pueblos y las comunidades quienes ordenemos el
territorio, definamos sus usos y las distintas maneras de habitarlo. Este
ordenamiento territorial popular debe armonizar la conservación del medio
ambiente con el aprovechamiento que de él hagan, las comunidades agrarias para
su pervivencia.
Nuestras propuestas territoriales exigen el
respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y la defensa de los
territorios de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.
La reforma agraria integral sigue siendo para
nosotros la solución estructural para los problemas de acceso a la tierra, formalización
de la propiedad y desarrollo rural, con inversión social y políticas públicas.
En este propósito es preciso detener el modelo
extractivista que concentra la propiedad de la tierra, la entrega a empresas
multinacionales, acaba con la economía campesina y destruye la vida.
La Cumbre propone un modelo económico que
garantice la pervivencia de los pueblos a través del fortalecimiento de las
economías campesinas, indígena, afrodescendientes y de los sectores populares.
La autonomía territorial es un factor determinante en la construcción de una
política económica y de producción de alimentos soberana. Para tal fin se debe
derogar la normatividad que permite el monopolio transnacional sobre las
semillas y el conocimiento ancestral.
El acceso a la riqueza minero-energética conlleva
al respeto por los bienes de la madre tierra, su explotación debe ser una
decisión consultada a las comunidades y desarrollada como ejercicio de
soberanía nacional.
El plantearnos una alternativa a los cultivos de
coca, amapola y marihuana, nos llama a rechazar el prohibicionismo que admite
tratamientos represivos, las fumigaciones indiscriminadas, la erradicación
forzada y el encarcelamiento de los cultivadores como solución. Entendemos el
reconocimiento de su uso tradicional, ancestral y los usos alternativos.
Proponemos programas de sustitución autónoma, gradual y concertada, el impulso
a los cultivos alternativos con garantías de comercialización.
Para el pueblo colombiano es imperativo conocer la
verdad, complementarla con mecanismos de justicia y reparación; la memoria
histórica es un aporte importante para avanzar hacia la no repetición.
Las garantías políticas incluyen la no
criminalización y judicialización de la protesta social, el desmonte del fuero
penal militar. Se debe permitir la participación amplia, efectiva y con
carácter decisorio en las instancias de planeación y definición de la políticas
de producción agropecuaria y de desarrollo rural, teniendo en cuenta las
propuestas construidas por las comunidades de manera autónoma.
Los pueblos tenemos derecho a la vida digna y a
que se nos garanticen las condiciones materiales necesarias. Se debe apropiar
un presupuesto especial para garantizar la financiación de las iniciativas
territoriales, con mecanismos autónomos de ejecución.
El Estado debe reconocer que muchas de las
problemáticas que viven las ciudades son una consecuencia de la aplicación de
modelos económicos y de despojo en el sector rural.
El impulso a las economías agrarias y populares
tiene un soporte importante en el apoyo que reciba de los grandes centros
poblados, es necesario adelantar pactos entre las grandes capitales y los
municipios que le aportan los alimentos de la canasta familiar.
La solución política al conflicto social y armado
sigue siendo un anhelo de la sociedad en la búsqueda de la paz con justicia
social, por esa razón es fundamental y urgente, que se inicie un proceso de
diálogo con las insurgencias del ELN y el EPL. Respaldamos los diálogos de La
Habana entre el gobierno y las FARC. Resaltamos el papel que debemos jugar las
organizaciones y procesos como movimiento social con voz propia. Los diálogos
regionales son una herramienta importante para avanzar en la construcción de la
agenda social y política por la paz. La Cumbre Agraria asume el impulso a un
gran movimiento social que trabaje por la paz como condiciones de vida y exija
garantías para la participación de la sociedad.
La Cumbre Agraria logró, por primera vez en la
historia de los movimientos sociales del país, construir un pliego unitario de
las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas. El pliego unitario
representa las exigencias políticas, económicas, sociales, ambientales,
culturales y territoriales de comunidades históricamente marginadas y
excluidas, es un llamado de atención al gobierno nacional sobre la urgencia de
atender estructuralmente a un mundo rural que reclama ser sujeto de derechos.
La Cumbre propone también una mesa única de negociación, un escenario que
permita cualificar el nivel de interlocución, evitar la dilación y dispersión
gubernamental y lograr acuerdos ejecutables en el corto y mediano plazo. La
unidad alcanzada hoy es también la unidad de acción, contamos ahora con una
ruta de movilización social que haga exigibles y alcanzables los derechos
negados. La Cumbre y sus propuestas son una apuesta definitiva por el logro de
la paz. Una paz, que para ser estable y duradera requiere de ser construida
desde abajo, con nosotros y nosotras, una paz socialmente incluyente, basada en
la verdad, la justicia, la efectiva participación política y la vigencia plena
de los derechos humanos en los campos de Colombia.
La Cumbre es parte transitoria de un proceso
constituyente caminado de la mano de la Minga indígena, los congresos de los
pueblos, consejos territoriales del pueblo, los procesos constituyentes por la
paz con justicia social, los mecanismos de participación directa y la autonomía
que a diario ejercen las comunidades del campo y la ciudad que reclaman ser
reconocidas. El acuerdo político y social que edifique la paz deberá ser la
parte culminante de este proceso constituyente. La posibilidad de un proceso de
asamblea nacional constituyente está en el horizonte de reflexión de la
sociedad colombiana en su conjunto. Estamos construyendo una ruta propia desde
el movimiento popular para llegar a este momento. El camino hacia la paz,
requiere, mientras tanto, de un decidido y vigoroso movimiento social por la
paz, al cual convocamos a todos los sectores políticos y sociales del país. La
paz incluyente no se construye con “acuerdos de élites y corbatas” que
desconocen a los de poncho, a los de ruana, a los de azadón y machete, a los
sujetos políticos y sociales del campo y sus propuestas.
Ante el reiterado incumplimiento del gobierno
nacional frente a la palabra y los compromisos adquiridos para levantar el paro
agrario del año pasado, la decisión de la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y
Popular es la de volver al paro nacional agrario, cuya hora cero dependerá de
la respuesta gubernamental. La Cumbre extiende un plazo al gobierno hasta la
primera semana de mayo. A partir de este momento la Cumbre bajará a los
resguardos indígenas y a las veredas de los territorios afros y campesinos, a
las barriadas y organizaciones sociales de las ciudades, a los sindicatos, a
organizar los comités de paro y a convocar a todos los sectores sociales y
populares en conflicto para acordar una dinámica coordinada en perspectiva de
bloque popular.
Las propuestas del gobierno no son soluciones. El
Pacto Agrario es una repartija más de recursos públicos con fines clientelares
y electoreros. El gobierno nacional tiene la oportunidad histórica de
solucionar la crisis estructural del campo a partir de nuestras propuestas
recogidas en el pliego unitario, creemos en el diálogo social como la ruta para
alcanzar la justicia social y la anhelada paz estable y duradera para Colombia.
Nuestras propuestas están sobre la mesa, le queda la responsabilidad histórica
al gobierno de atenderlas.
Bogotá
Marzo 17 de 2014
Oficina de la ONU para los Derechos Humanos condena atentado contra misión humanitaria en el Norte del Cauca
Oficina de la ONU para los Derechos Humanos
condena atentado contra misión humanitaria en el Norte del Cauca
Bogotá, D.D., 27 de febrero de 2014
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena el atentado perpetrado el
21 de febrero contra una misión humanitaria en el Norte del Cauca, a la altura
del puente vehicular del Uvo, Resguardo de Jambaló, y en el cual quedaron
heridos tres defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas.
La misión humanitaria, debidamente identificada,
estaba conformada por ocho
personas entre autoridades tradicionales, guardias indígenas, personal de salud
e integrantes del Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin).
En el momento en que sufrió el atentado, la comisión
estaba de retorno desde la vereda Guayope, ubicada en el resguardo indígena de
Jambaló, donde había verificado la situación y prestado asistencia humanitaria
a las familias indígenas afectadas por combates entre Ejército y Farc, que
se dieron en la zona, desde el día jueves 20 de febrero. Los combates
provocaron el desplazamiento forzado de 68 familias (65 adultos y 45 niños) del
Resguardo de Jambaló.
Durante el atentado a la misión resultó gravemente
herido, por arma de fuego, Yohiner
Medina Tálaga, de 25 años de edad, guardia indígena y encargado del Sistema de
Monitoreo de Derechos Humanos del Tejido Defensa de la Vida y los Derechos
Humanos de la Acin; y heridos de menor gravedad: Germán Valencia, comunero
indígena de 45 años de edad, coordinador del Tejido Defensa de la Vida y los
Derechos Humanos de la Acin; y Nelson Pilcue, comunero indígena, asesor
jurídico del Programa Mujer de la Acin.
Cabe recordar que:
- El atentado, perpetrado el 21
de febrero, fue contra personas protegidas con medidas cautelares
otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- En Jambaló, el 15 de noviembre
del 2013, fue asesinado el médico tradicional indígena del Pueblo Nasa,
Miguel Angel Conda.
- Desde 2012, cinco médicos
tradicionales Nasa, The Walas, han sido asesinados en territorios
indígenas del Norte del Cauca.
- Desde julio de 2012 han sido
asesinadas selectivamente más de 50 autoridades e integrantes de
comunidades indígenas del Norte del Cauca.
- Actualmente unos 200
integrantes de comunidades indígenas del Norte del Cauca están amenazados
de muerte.
La Oficina recuerda a todos
los actores armados su obligación de respetar los derechos humanos de las
personas civiles, y en particular los derechos de los y las defensoras de
derechos humanos, respetando el principio fundamental de distinción. Los
actores armados deben entender que los pueblos indígenas en el Cauca trabajan
por su derecho propio a la autonomía y al territorio, estos derechos están
garantizados tanto por la Constitución de Colombia como por la Declaración de
Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Las guardias indígenas están
conformadas por civiles que ejercen derechos cumpliendo mandatos recibidos por
sus comunidades.
La Oficina, al repudiar y lamentar los crímenes antes
citados, insta a que de manera pronta y diligente la Fiscalía obtenga
resultados en las investigaciones, y que se dé una mayor coordinación entre las
autoridades de la jurisdicción indígena y ordinaria para lograr una mejor
protección de las comunidades de esta región del país. La Oficina hace además
un llamado a la Unidad Nacional de Protección para seguir adelante con la
implementación de medidas concertadas de protección colectiva, a través del
fortalecimiento de la guardia indígena, y al mismo tiempo implementar las
medidas de protección individuales.
La Oficina expresa su solidaridad con la Acin, con
las víctimas del atentado, en particular con Yohiner, quien se encuentra en
cuidados intensivos, y también a las demás personas afectadas por el atentado.
La Oficina trabaja con la Acin desde hace varios años para promover la defensa
y el ejercicio de los derechos humanos.
Finalmente la Oficina recuerda que la Acin es una
organización que trabaja por la paz y los derechos humanos, y que todas y todos
en Colombia deben buscar su protección y respeto. La Acin ha recibido en dos
oportunidades el Premio Nacional de Paz; y la guardia indígena lo ha obtenido
una vez. La Acin recibió además reconocimiento especial en el premio
Franco-Alemán por la defensa de los derechos humanos en 2012. En 2010 el tejido
comunicación de la Acin ganó el premio Bartolomé de las Casas por su labor a
favor de la libertad de expresión y los derechos humanos.
ATENTADO CRIMINAL CONTRA MISIÓN HUMANITARIA, AUTORIDADES Y GUARDIAS INDÍGENAS EN JAMBALÓ - CAUCA
Comunicado desde la ACIN
ATENTADO CRIMINAL CONTRA MISIÓN HUMANITARIA, AUTORIDADES Y GUARDIAS INDÍGENAS EN JAMBALÓ - CAUCA
Comunicado público.
El recrudecimiento del conflicto armado en el norte del Cauca, cobra nuevas víctimas indígenas, en esta ocasión y trasgrediendo todas las normas humanitarias y del DIH, una misión que se trasladaba luego de prestar asistencia humanitaria a comunidades indígenas concentradas resultados de las fuertes confrontaciones armadas que se registran en Jambaló, fue víctima de un atentado criminal en donde resultaron heridos el coordinador de Derechos Humanos ACIN, el asesor jurídico para las mujeres víctimas y el responsable del sistema de información de Derechos Humanos de la ACIN.
Antecedentes.
De manera reiterada y sistemática las comunidades, la organización y los territorios indígenas vienen siendo víctimas de hechos de violencia tales como: señalamientos, asesinatos selectivos, masacres, amenazas, atentados, hostigamientos, persecuciones, controles constantes a la movilidad, restricción de alimentos, combustibles, medicamentos, elementos básicos de asistencia humanitaria, utilización de mujeres y menores como estrategia de guerra, instalación de campos minados, acciones delincuenciales por parte de milicianos de las Farc, confrontaciones armadas en medio de la población civil, así como constantes procesos de intervención económica de multinacionales entre otras muchas situaciones son acciones diarias de la que somos víctimas las comunidades que hacen parte de la ACIN – CXHAB WALA KIWE en el norte del Cauca.
Ejercicios del gobierno propio.
Antes esta situación desde años anteriores las autoridades tradicionales, la guardia indígena y las comunidades dispuestas a seguir defendiendo el territorio, la vida y el proceso organizativo han fortalecido ejercicios autonómicos de control territorial en los territorios de Tacueyo, Munchique los Tigres, Canoas, Jambaló y la Cilia la Calera Miranda tal y como se ha mandatado a través de marchas, jornadas de reflexión, rituales espirituales en clave de “atravesarnos a la guerra para construir la paz” jornadas que se extenderán a todos los territorios organizados en la CXHAB WALA KIWE ACIN.
Resultados del control territorial en el norte del Cauca.
Detención de personas e incautación de marihuana y pasta de coca en Munchique los Tigres y Canoas municipio de Santander de Quilichao Cauca Detención y judicialización de milicianos de las Farc sindicados de asesinatos cometidos contra comuneros y sabios indígenas en Toribio.
Ubicación y destrucción de trincheras del ejército y policía nacional ubicado en sitios sagrados y centros urbanos en Toribio, Jámbalo, Miranda.
Recuperación de menores de edad reclutados por parte de la guerrilla de las Farc.
Ubicación y destrucción de laboratorios de procesamiento de alucinógenos y destrucción de cultivos de uso ilícito.
Ubicación y expulsión de empresas de minería ilegal en territorios de Canoas, Munchique los Tigres y Caloto.
Ubicación y expulsión de multinacionales de explotación hídrica y minera en las Delicias Buenos Aires.
Recuperación de funcionarios públicos secuestrados por las farc por parte de la guardia indígena en Jambaló.
Ubicación y destrucción de campos minados por parte de la guardia indígena en Tacueyó, Jambaló y Toribio.
Ubicación y destrucción de campamentos pertenecientes a la guerrilla de las farc.
Ejercicios de control social por parte de la guardia indígena en los territorios del norte del Cauca contra vehículos y motos hurtadas.
Desafortunadamente estos y muchos hechos autonómicos son los que consideramos que ha producido descontento, malestar y reacción violenta por parte de los diferentes actores armados que operan dentro de los territorios indígenas del norte del Cauca.
Hechos recientes de guerra y atentado contra misión humanitaria.
Desde el día 20 de febrero de 2014 en el Resguardo Indígena de Jambaló - Cauca, exactamente en las veredas de Guayope, el Maco y el Epiro, se vienen presentando fuertes enfrentamientos armados entre la fuerza pública y la guerrilla de las Farc ep, lo que provocó el desplazamiento de 68 familias al Sitio de Asamblea Permanente - SAP ubicados en la vereda Guayope.
Hasta este sitio el día 21 de febrero se trasladó una misión humanitaria conformada por autoridades tradicionales, guardia indígena y personal de salud para prestar asistencia humanitaria y atención en salud y, cuando se dirigían de regreso a Santander de Quilichao a la altura del puente el Uvo fueron víctimas de un brutal atentado criminal perpetrado por sujetos desconocidos quienes dispararon ráfagas de arma de fuego impactando el vehículo y la humanidad de los ocupantes, en el hecho resultaron gravemente heridos el coordinador del área de derechos humanos ACIN, el comunero GERMAN VALENCIA MEDINA quien recibió un disparo en el brazo izquierdo, YOINER MEDINA TALAGA guardia indígena y encargado del Sistema de Monitoreo de derechos humanos ACIN quien presenta un disparo a la altura del tórax siendo el más grave, y el comunero NELSON PILCUE asesor jurídico del Programa Mujer quien resultó afectado por esquirlas del parabrisas y una contusión en el índice de la mano derecha, dichos comuneros fueron remitidos de manera inmediata al Hospital de la ciudad de Santander de Quilichao - Cauca.
Violación al DIH y normas humanitarias.
Este caso es de suprema gravedad toda vez que el atentado criminal se presentó contra misión humanitaria debidamente identificadas, en vehículo que portaba los correspondientes emblemas de misión humanitaria, contra personas protegidas por medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y en territorio beneficiario de medidas cautelares colectivas e individuales también proferidas por parte de la CIDH. Dicho atentando se presenta justo en donde hace un mes fue asesinado el Sabio Tradicional Indígena MIGUEL ANGEL CONDA.
Ante estos hechos, la ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA ACIN, EL CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA CRIC Y LA ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA ONIC elevan el más enérgico rechazo dado que dicho atentado se presenta transcurrido dos días de haber circulado un panfleto de amenazas proferidas por supuestas Águilas Negras en contra de autoridades, comuneros y dirigentes políticos indígenas del orden zonal, regional y nacional.
Exigencias
Implementación inmediata de las medidas cautelares colectivas e individuales a los territorios de Toribio, Tacueyó, San Francisco y Jámbalo Cauca proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en el año 2011
Implementación de las medidas de protección a las personas de alto riesgo pertenecientes a las comunidades indígenas del norte del Cauca.
Garantías plenas y respeto al ejercicio humanitario por parte de los actores armados en confrontación
Respeto pleno al ejercicio autonómico de las autoridades indígenas, la guardia y las acciones colectivas de las comunidades por parte del gobierno, los grupos armados ilegales y la fuerza pública.
Acompañamiento permanente de los órganos de control del Estado, defensoría del pueblo y organismos humanitarios
Investigación y sanción a los responsables de este atentado criminal proferido contra misión humanitaria.
