II Carnaval por la vida y contra la desaparición forzada

DECLARACIÓN POLÍTICA DE LA CUMBRE AGRARIA: CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR

 DECLARACIÓN POLÍTICA DE LA CUMBRE AGRARIA: CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR

Por convocatoria de la Mesa de Interlocución Agraria – MIA, la Marcha Patriótica, el Coordinador Nacional Agrario – CNA, el Congreso de los Pueblos, el Proceso de Comunidades Negras – PCN, la Mesa de Unidad Agraria – MUA, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia – COMOSOC, la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, el Movimiento por la Constituyente Popular – MCP, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, Asociación nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC y Asociación Campesina Popular- se realizó en la ciudad de Bogotá, del 15 al 17 de marzo, la Cumbre Agraria: campesina, étnica y popular. La Cumbre reunió a 30 mil personas provenientes de todas las regiones del país.
La Cumbre es un proceso que ha venido construyéndose a partir de los paros agrarios e indígenas del 2013, movilizaciones que cobraron la vida de 19 compañeros, otros 600 resultaron heridos y decenas fueron detenidos y encarcelados. El gobierno nacional se sentó a concertar una serie de pliegos y acuerdos en mesas de interlocución y negociación. La Cumbre nace porque después de esta “rebelión de las ruanas, los ponchos y bastones” que suscitó el más amplio respaldo nacional e internacional, el presidente Santos convocó a un Pacto Agrario con las élites agroindustriales y gremiales del campo, excluyendo con esto al movimiento agrario de las definiciones y medidas a adoptar en materia de política agraria nacional.
La Cumbre realizó un balance del incumplimiento del gobierno nacional ante los compromisos adquiridos, los pliegos y acuerdos firmados; avanzó en el proceso de unidad del movimiento agrario en Colombia y desde éste; definió una ruta unificada de la movilización y mecanismos para una negociación articulada y unitaria. La Cumbre definió los caminos para enfrentar conjuntamente las nefastas políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos de turno y a sembrar dignidad, labrar esperanza y cosechar un nuevo país desde las iniciativas de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes.
La Cumbre considera que mediante un ejercicio de soberanía, debemos ser los pueblos y las comunidades quienes ordenemos el territorio, definamos sus usos y las distintas maneras de habitarlo. Este ordenamiento territorial popular debe armonizar la conservación del medio ambiente con el aprovechamiento que de él hagan, las comunidades agrarias para su pervivencia.
Nuestras propuestas territoriales exigen el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y la defensa de los territorios de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.
La reforma agraria integral sigue siendo para nosotros la solución estructural para los problemas de acceso a la tierra, formalización de la propiedad y desarrollo rural, con inversión social y políticas públicas.
En este propósito es preciso detener el modelo extractivista que concentra la propiedad de la tierra, la entrega a empresas multinacionales, acaba con la economía campesina y destruye la vida.
La Cumbre propone un modelo económico que garantice la pervivencia de los pueblos a través del fortalecimiento de las economías campesinas, indígena, afrodescendientes y de los sectores populares. La autonomía territorial es un factor determinante en la construcción de una política económica y de producción de alimentos soberana. Para tal fin se debe derogar la normatividad que permite el monopolio transnacional sobre las semillas y el conocimiento ancestral.
El acceso a la riqueza minero-energética conlleva al respeto por los bienes de la madre tierra, su explotación debe ser una decisión consultada a las comunidades y desarrollada como ejercicio de soberanía nacional.
El plantearnos una alternativa a los cultivos de coca, amapola y marihuana, nos llama a rechazar el prohibicionismo que admite tratamientos represivos, las fumigaciones indiscriminadas, la erradicación forzada y el encarcelamiento de los cultivadores como solución. Entendemos el reconocimiento de su uso tradicional, ancestral y los usos alternativos. Proponemos programas de sustitución autónoma, gradual y concertada, el impulso a los cultivos alternativos con garantías de comercialización.
Para el pueblo colombiano es imperativo conocer la verdad, complementarla con mecanismos de justicia y reparación; la memoria histórica es un aporte importante para avanzar hacia la no repetición.
Las garantías políticas incluyen la no criminalización y judicialización de la protesta social, el desmonte del fuero penal militar. Se debe permitir la participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en las instancias de planeación y definición de la políticas de producción agropecuaria y de desarrollo rural, teniendo en cuenta las propuestas construidas por las comunidades de manera autónoma.
Los pueblos tenemos derecho a la vida digna y a que se nos garanticen las condiciones materiales necesarias. Se debe apropiar un presupuesto especial para garantizar la financiación de las iniciativas territoriales, con mecanismos autónomos de ejecución.
El Estado debe reconocer que muchas de las problemáticas que viven las ciudades son una consecuencia de la aplicación de modelos económicos y de despojo en el sector rural.
El impulso a las economías agrarias y populares tiene un soporte importante en el apoyo que reciba de los grandes centros poblados, es necesario adelantar pactos entre las grandes capitales y los municipios que le aportan los alimentos de la canasta familiar.
La solución política al conflicto social y armado sigue siendo un anhelo de la sociedad en la búsqueda de la paz con justicia social, por esa razón es fundamental y urgente, que se inicie un proceso de diálogo con las insurgencias del ELN y el EPL. Respaldamos los diálogos de La Habana entre el gobierno y las FARC. Resaltamos el papel que debemos jugar las organizaciones y procesos como movimiento social con voz propia. Los diálogos regionales son una herramienta importante para avanzar en la construcción de la agenda social y política por la paz. La Cumbre Agraria asume el impulso a un gran movimiento social que trabaje por la paz como condiciones de vida y exija garantías para la participación de la sociedad.
La Cumbre Agraria logró, por primera vez en la historia de los movimientos sociales del país, construir un pliego unitario de las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas. El pliego unitario representa las exigencias políticas, económicas, sociales, ambientales, culturales y territoriales de comunidades históricamente marginadas y excluidas, es un llamado de atención al gobierno nacional sobre la urgencia de atender estructuralmente a un mundo rural que reclama ser sujeto de derechos. La Cumbre propone también una mesa única de negociación, un escenario que permita cualificar el nivel de interlocución, evitar la dilación y dispersión gubernamental y lograr acuerdos ejecutables en el corto y mediano plazo. La unidad alcanzada hoy es también la unidad de acción, contamos ahora con una ruta de movilización social que haga exigibles y alcanzables los derechos negados. La Cumbre y sus propuestas son una apuesta definitiva por el logro de la paz. Una paz, que para ser estable y duradera requiere de ser construida desde abajo, con nosotros y nosotras, una paz socialmente incluyente, basada en la verdad, la justicia, la efectiva participación política y la vigencia plena de los derechos humanos en los campos de Colombia.
La Cumbre es parte transitoria de un proceso constituyente caminado de la mano de la Minga indígena, los congresos de los pueblos, consejos territoriales del pueblo, los procesos constituyentes por la paz con justicia social, los mecanismos de participación directa y la autonomía que a diario ejercen las comunidades del campo y la ciudad que reclaman ser reconocidas. El acuerdo político y social que edifique la paz deberá ser la parte culminante de este proceso constituyente. La posibilidad de un proceso de asamblea nacional constituyente está en el horizonte de reflexión de la sociedad colombiana en su conjunto. Estamos construyendo una ruta propia desde el movimiento popular para llegar a este momento. El camino hacia la paz, requiere, mientras tanto, de un decidido y vigoroso movimiento social por la paz, al cual convocamos a todos los sectores políticos y sociales del país. La paz incluyente no se construye con “acuerdos de élites y corbatas” que desconocen a los de poncho, a los de ruana, a los de azadón y machete, a los sujetos políticos y sociales del campo y sus propuestas.
Ante el reiterado incumplimiento del gobierno nacional frente a la palabra y los compromisos adquiridos para levantar el paro agrario del año pasado, la decisión de la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular es la de volver al paro nacional agrario, cuya hora cero dependerá de la respuesta gubernamental. La Cumbre extiende un plazo al gobierno hasta la primera semana de mayo. A partir de este momento la Cumbre bajará a los resguardos indígenas y a las veredas de los territorios afros y campesinos, a las barriadas y organizaciones sociales de las ciudades, a los sindicatos, a organizar los comités de paro y a convocar a todos los sectores sociales y populares en conflicto para acordar una dinámica coordinada en perspectiva de bloque popular.
Las propuestas del gobierno no son soluciones. El Pacto Agrario es una repartija más de recursos públicos con fines clientelares y electoreros. El gobierno nacional tiene la oportunidad histórica de solucionar la crisis estructural del campo a partir de nuestras propuestas recogidas en el pliego unitario, creemos en el diálogo social como la ruta para alcanzar la justicia social y la anhelada paz estable y duradera para Colombia. Nuestras propuestas están sobre la mesa, le queda la responsabilidad histórica al gobierno de atenderlas.

Bogotá Marzo 17  de 2014

José Orlando Giraldo- 8 Años de Injusticia e Impunidad

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Misión permanente por la Vida en Buenaventura

Día internacional de las víctimas de crímenes de Estado 6 de marzo de 2014

Oficina de la ONU para los Derechos Humanos condena atentado contra misión humanitaria en el Norte del Cauca

Oficina de la ONU para los Derechos Humanos
condena atentado contra misión humanitaria en el Norte del Cauca
Bogotá, D.D., 27 de febrero de 2014

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena el atentado perpetrado el 21 de febrero contra una misión humanitaria en el Norte del Cauca, a la altura del puente vehicular del Uvo, Resguardo de Jambaló, y en el cual quedaron heridos tres defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas.

La misión humanitaria, debidamente identificada, estaba conformada por ocho personas entre autoridades tradicionales, guardias indígenas, personal de salud e integrantes del Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin).

En el momento en que sufrió el atentado, la comisión estaba de retorno desde la vereda Guayope, ubicada en el resguardo indígena de Jambaló, donde había verificado la situación y prestado asistencia humanitaria a las familias indígenas afectadas por combates entre Ejército y Farc, que se dieron en la zona, desde el día jueves 20 de febrero. Los combates provocaron el desplazamiento forzado de 68 familias (65 adultos y 45 niños) del Resguardo de Jambaló.

Durante el atentado a la misión resultó gravemente herido, por arma de fuego, Yohiner Medina Tálaga, de 25 años de edad, guardia indígena y encargado del Sistema de Monitoreo de Derechos Humanos del Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Acin; y heridos de menor gravedad: Germán Valencia, comunero indígena de 45 años de edad, coordinador del Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Acin; y Nelson Pilcue, comunero indígena, asesor jurídico del Programa Mujer de la Acin.
Cabe recordar que:

  1. El atentado, perpetrado el 21 de febrero, fue contra personas protegidas con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
  2. En Jambaló, el 15 de noviembre del 2013, fue asesinado el médico tradicional indígena del Pueblo Nasa, Miguel Angel Conda.
  3. Desde 2012, cinco médicos tradicionales Nasa, The Walas, han sido asesinados en territorios indígenas del Norte del Cauca.
  4. Desde julio de 2012 han sido asesinadas selectivamente más de 50 autoridades e integrantes de comunidades indígenas del Norte del Cauca.
  5. Actualmente unos 200 integrantes de comunidades indígenas del Norte del Cauca están amenazados de muerte.
La Oficina recuerda a todos los actores armados su obligación de respetar los derechos humanos de las personas civiles, y en particular los derechos de los y las defensoras de derechos humanos, respetando el principio fundamental de distinción. Los actores armados deben entender que los pueblos indígenas en el Cauca trabajan por su derecho propio a la autonomía y al territorio, estos derechos están garantizados tanto por la Constitución de Colombia como por la Declaración de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Las guardias indígenas están conformadas por civiles que ejercen derechos cumpliendo mandatos recibidos por sus comunidades.
La Oficina, al repudiar y lamentar los crímenes antes citados, insta a que de manera pronta y diligente la Fiscalía obtenga resultados en las investigaciones, y que se dé una mayor coordinación entre las autoridades de la jurisdicción indígena y ordinaria para lograr una mejor protección de las comunidades de esta región del país. La Oficina hace además un llamado a la Unidad Nacional de Protección para seguir adelante con la implementación de medidas concertadas de protección colectiva, a través del fortalecimiento de la guardia indígena, y al mismo tiempo implementar las medidas de protección individuales.

La Oficina expresa su solidaridad con la Acin, con las víctimas del atentado, en particular con Yohiner, quien se encuentra en cuidados intensivos, y también a las demás personas afectadas por el atentado. La Oficina trabaja con la Acin desde hace varios años para promover la defensa y el ejercicio de los derechos humanos.


Finalmente la Oficina recuerda que la Acin es una organización que trabaja por la paz y los derechos humanos, y que todas y todos en Colombia deben buscar su protección y respeto. La Acin ha recibido en dos oportunidades el Premio Nacional de Paz; y la guardia indígena lo ha obtenido una vez. La Acin recibió además reconocimiento especial en el premio Franco-Alemán por la defensa de los derechos humanos en 2012. En 2010 el tejido comunicación de la Acin ganó el premio Bartolomé de las Casas por su labor a favor de la libertad de expresión y los derechos humanos.

ATENTADO CRIMINAL CONTRA MISIÓN HUMANITARIA, AUTORIDADES Y GUARDIAS INDÍGENAS EN JAMBALÓ - CAUCA

Comunicado desde la ACIN 

ATENTADO CRIMINAL CONTRA MISIÓN HUMANITARIA, AUTORIDADES Y GUARDIAS INDÍGENAS EN JAMBALÓ - CAUCA
 
 Comunicado público. 
 
El recrudecimiento del conflicto armado en el norte del Cauca, cobra nuevas víctimas indígenas, en esta ocasión y trasgrediendo todas las normas humanitarias y del DIH, una misión que se trasladaba luego de prestar asistencia humanitaria a comunidades indígenas concentradas resultados de las fuertes confrontaciones armadas que se registran en Jambaló, fue víctima de un atentado criminal en donde resultaron heridos el coordinador de Derechos Humanos ACIN, el asesor jurídico para las mujeres víctimas y el responsable del sistema de información de Derechos Humanos de la ACIN. 
 
Antecedentes. 
 
De manera reiterada y sistemática las comunidades, la organización y los territorios indígenas vienen siendo víctimas de hechos de violencia tales como: señalamientos, asesinatos selectivos, masacres, amenazas, atentados, hostigamientos, persecuciones, controles constantes a la movilidad, restricción de alimentos, combustibles, medicamentos, elementos básicos de asistencia humanitaria, utilización de mujeres y menores como estrategia de guerra, instalación de campos minados, acciones delincuenciales por parte de milicianos de las Farc, confrontaciones armadas en medio de la población civil, así como constantes procesos de intervención económica de multinacionales entre otras muchas situaciones son acciones diarias de la que somos víctimas las comunidades que hacen parte de la ACIN – CXHAB WALA KIWE en el norte del Cauca. 
 
Ejercicios del gobierno propio. 
 
Antes esta situación desde años anteriores las autoridades tradicionales, la guardia indígena y las comunidades dispuestas a seguir defendiendo el territorio, la vida y el proceso organizativo han fortalecido ejercicios autonómicos de control territorial en los territorios de Tacueyo, Munchique los Tigres, Canoas, Jambaló y la Cilia la Calera Miranda tal y como se ha mandatado a través de marchas, jornadas de reflexión, rituales espirituales en clave de “atravesarnos a la guerra para construir la paz” jornadas que se extenderán a todos los territorios organizados en la CXHAB WALA KIWE ACIN.
 
Resultados del control territorial en el norte del Cauca. 
 
Detención de personas e incautación de marihuana y pasta de coca en Munchique los Tigres y Canoas municipio de Santander de Quilichao Cauca Detención y judicialización de milicianos de las Farc sindicados de asesinatos cometidos contra comuneros y sabios indígenas en Toribio. 
 
Ubicación y destrucción de trincheras del ejército y policía nacional ubicado en sitios sagrados y centros urbanos en Toribio, Jámbalo, Miranda. 
 
Recuperación de menores de edad reclutados por parte de la guerrilla de las Farc. 
 
Ubicación y destrucción de laboratorios de procesamiento de alucinógenos y destrucción de cultivos de uso ilícito. 
 
Ubicación y expulsión de empresas de minería ilegal en territorios de Canoas, Munchique los Tigres y Caloto. 
 
Ubicación y expulsión de multinacionales de explotación hídrica y minera en las Delicias Buenos Aires. 
 
Recuperación de funcionarios públicos secuestrados por las farc por parte de la guardia indígena en Jambaló. 
 
Ubicación y destrucción de campos minados por parte de la guardia indígena en Tacueyó, Jambaló y Toribio. 
 
Ubicación y destrucción de campamentos pertenecientes a la guerrilla de las farc. 
 
Ejercicios de control social por parte de la guardia indígena en los territorios del norte del Cauca contra vehículos y motos hurtadas. 
 
Desafortunadamente estos y muchos hechos autonómicos son los que consideramos que ha producido descontento, malestar y reacción violenta por parte de los diferentes actores armados que operan dentro de los territorios indígenas del norte del Cauca.
 
Hechos recientes de guerra y atentado contra misión humanitaria. 
 
 
Desde el día 20 de febrero de 2014 en el Resguardo Indígena de Jambaló - Cauca, exactamente en las veredas de Guayope, el Maco y el Epiro, se vienen presentando fuertes enfrentamientos armados entre la fuerza pública y la guerrilla de las Farc ep, lo que provocó el desplazamiento de 68 familias al Sitio de Asamblea Permanente - SAP ubicados en la vereda Guayope.
 
 
Hasta este sitio el día 21 de febrero se trasladó una misión humanitaria conformada por autoridades tradicionales, guardia indígena y personal de salud para prestar asistencia humanitaria y atención en salud y, cuando se dirigían de regreso a Santander de Quilichao a la altura del puente el Uvo fueron víctimas de un brutal atentado criminal perpetrado por sujetos desconocidos quienes dispararon ráfagas de arma de fuego impactando el vehículo y la humanidad de los ocupantes, en el hecho resultaron gravemente heridos el coordinador del área de derechos humanos ACIN, el comunero GERMAN VALENCIA MEDINA quien recibió un disparo en el brazo izquierdo, YOINER MEDINA TALAGA guardia indígena y encargado del Sistema de Monitoreo de derechos humanos ACIN quien presenta un disparo a la altura del tórax siendo el más grave, y el comunero NELSON PILCUE asesor jurídico del Programa Mujer quien resultó afectado por esquirlas del parabrisas y una contusión en el índice de la mano derecha, dichos comuneros fueron remitidos de manera inmediata al Hospital de la ciudad de Santander de Quilichao - Cauca. 
 
Violación al DIH y normas humanitarias. 
 
Este caso es de suprema gravedad toda vez que el atentado criminal se presentó contra misión humanitaria debidamente identificadas, en vehículo que portaba los correspondientes emblemas de misión humanitaria, contra personas protegidas por medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y en territorio beneficiario de medidas cautelares colectivas e individuales también proferidas por parte de la CIDH. Dicho atentando se presenta justo en donde hace un mes fue asesinado el Sabio Tradicional Indígena MIGUEL ANGEL CONDA. 
 
Ante estos hechos, la ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA ACIN, EL CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA CRIC Y LA ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA ONIC elevan el más enérgico rechazo dado que dicho atentado se presenta transcurrido dos días de haber circulado un panfleto de amenazas proferidas por supuestas Águilas Negras en contra de autoridades, comuneros y dirigentes políticos indígenas del orden zonal, regional y nacional. 
 
Exigencias 
 
Implementación inmediata de las medidas cautelares colectivas e individuales a los territorios de Toribio, Tacueyó, San Francisco y Jámbalo Cauca proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en el año 2011 
 
Implementación de las medidas de protección a las personas de alto riesgo pertenecientes a las comunidades indígenas del norte del Cauca. 
 
Garantías plenas y respeto al ejercicio humanitario por parte de los actores armados en confrontación 
 
Respeto pleno al ejercicio autonómico de las autoridades indígenas, la guardia y las acciones colectivas de las comunidades por parte del gobierno, los grupos armados ilegales y la fuerza pública. 
 
Acompañamiento permanente de los órganos de control del Estado, defensoría del pueblo y organismos humanitarios 
 
Investigación y sanción a los responsables de este atentado criminal proferido contra misión humanitaria. 
 

MISIÓN PERMANENTE POR LA VIDA EN EL PUERTO DE BUENAVENTURA

Programa de defensores y defensoras de derechos humanos del País Vasco- visita de verificación

Universidad Intercultural del suroccidente Colombiano

FISCALIA GENERAL DE LA NACION EXPONE VICTIMAS Y TESTIGOS Y ASI PROMUEVE LA IMPUNIDAD

ACCION URGENTE
FISCALIA GENERAL DE LA NACION EXPONE VICTIMAS Y TESTIGOS Y ASI PROMUEVE LA IMPUNIDAD

Las organizaciones abajo firmantes, en nuestra calidad de organismos no gubernamentales de derechos humanos, por medio del presente escrito acudimos ante Ustedes a efectos de informar las recientes medidas adoptadas por parte del Programa de Protección de la Fiscalía General de la Nación, las cuales ponen en grave riesgo a víctimas y testigos de ejecuciones extrajudiciales y promueven la impunidad de estos crímenes, en particular en relación con los hechos ocurridos el 8 de febrero de 2008 en la vereda Java, de la ciudad de Manizales (Caldas).

HECHOS

1. El día de hoy, 16 de enero de 2014, el Programa de Protección a Testigos de la Fiscalía General de la Nación ha notificado al señor JOSÉ DIDIER MARÍN CAMACHO la decisión de excluirlo del Programa de Protección a Testigos de la Fiscalía General de la Nación, indicando que tiene hasta el medio día de hoy para abandonar el lugar de alojamiento que le había sido asignado. Desde el año 2012 por parte del Señor José Didier Marín se ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación que la protección se extienda a su núcleo familiar, dadas la amenazas, vigilancias y seguimientos de que ha sido objeto su núcleo familiar.
2. El señor José Didier Marín fue víctima de tentativa de ejecución extrajudicial por integrantes del Batallón Nº 57 Mártires de Puerres, adscrito al momento de los hechos a la VIII Brigada del Ejército Nacional. En desarrollo de estos hechos fueron asesinados Alex Hernando Ramírez Hurtado y Darbey Mosquera Castillo, quienes fueron presentados como muertos en combate, hechos ocurridos el 7 de febrero de 2008, en la vereda Java de la ciudad de Manizales (Caldas).
3. José Didier ha participado como testigo de la Fiscalía General de la Nación en el proceso adelantado en contra de siete (7) integrantes del Ejército Nacional, que fueron condenados a penas superiores a los treinta años de prisión por estos crímenes.
Recientemente la Fiscalía General de la Nación ha solicitado que José Didier intervenga como testigo en el proceso que se adelanta en contra del Mayor Josue Yobanny Linares, ex comandante del Batallón Nº 57 Mártires de Puerres, y el Capitán Julio César Álvarez Pedreros. En dicho proceso también se encuentra vinculado Juan Carlos Arenas, integrante de la Oficina de Envigado.
4. Abogados de las víctimas y familiares de las mismas han insistido ante la Fiscalía General de la Nación en la necesidad de que sean vinculados los Generales EMIRO JOSÉ BARRIOS JIMÉNEZ y JORGE ENRIQUE NAVARRETE JADETH Comandante y Jefe del Estado Mayor de la VIII Brigada del Ejército para marzo de 2008, pues se ha podido establecer que en este caso hubo el pago de dos millones de pesos (USD 1100) a informantes por la supuesta información que buscaba dar legalidad al asesinato premeditado y a sangre fría de DARBEY MOSQUERA y ALEX RAMIREZ.
La protección a José Didier Marín se decide retirar por parte de la Fiscalía cuatro (4) días antes de que se realice la audiencia preparatoria en contra del Mayor Linares y el Capitán Álvarez, en la cual se decidirá sobre la participación de José Didier como testigo.
5. En desarrollo de esta investigación familiares de las víctimas y testigos han sido sometidos a intensas amenazas, las cuales motivaron que el 12 de octubre de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgara medidas cautelares a la Señora Alfamir Castillo, precisando la Comisión que “el 28 de agosto de 2012, una persona a bordo de una motocicleta dio dos disparos al aire al pasar al lado de ella, y el 10 de octubre de 2012, un desconocido le apuntó un arma de fuego al pecho y la amenazó de muerte. La solicitud indica que estas acciones estarían ligadas a su participación en la investigación penal sobre la muerte de su hijo”.
En relación con el señor José Didier Marín, otro de los testigos y familiares, la CIDH solicitó información al gobierno de Colombia durante el año 2012, dado el riesgo advertido.
La exclusión que hace la Fiscalía General de la Nación del programa de protección a José Didier Marín, es entregarlo a los victimarios ya condenados o investigados, poniendo en riesgo extremo su vida e integridad personal.
Por lo anterior les solicitamos dirigirse de manera URGENTE y a la mayor brevedad a las autoridades de Colombia, a efectos de que les sea exigido:
a) Sean restablecidas a la mayor brevedad medidas de protección a favor del señor JOSE DIDIER MARIN CAMACHO, a efectos de evitar que se produzcan daños irreparables para la vida, integridad y libertad del mismo.
b) Se adopten medidas de protección a favor de los integrantes del núcleo familiar del señor JOSE DIDIER MARIN CAMACHO.
Bogotá, enero 16 de 2014
Suscriben,

Asociación Nomadesc Campaña Prohibido Olvidar Corporación Sembrar dhColombia

SERIE ACUERDOS INCUMPLIDOS CASO REPRESA DE LA SALVAJINA 1986 -- 2014

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