CARTA ABIERTA A LOS
NEGOCIADORES
UN PROCESO DE PAZ CON
PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Bogotá,
octubre 8 de 2012
Señores
negociadores plenipotenciarios del
gobierno:
Humberto de La Calle
Luis
Carlos Villegas
Óscar Naranjo
Jorge Enrique Mora
Frank Pearl
Sergio Jaramillo
Señores
Negociadores plenipotenciarios de las FARC-EP:
Iván
Márquez
Rodrigo
Granda
Andrés
París
Marco
León Calarcá
Simón
Trinidad
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes
de Estado -Movice-, saluda con mucha esperanza la proximidad del inicio de
negociaciones de paz en Colombia y
espera que a esta iniciativa se adhiera prontamente el Ejército de Liberación
Nacional (ELN).
Nosotros y nosotras, víctimas de los crímenes
del Estado colombiano, encarnando la
experiencia de una de las causas fundamentales del conflicto social y armado en
nuestro país, consideramos que la
negociación política es la
salida efectiva a más de 50 años de guerra. Sin embargo, creemos que este proceso no
compete únicamente al gobierno y a la insurgencia, sino que debe contar
con la activa participación de las
víctimas y de la sociedad civil en su conjunto, y culminar con cambios
estructurales democráticos e incluyentes; así como con reformas económicas,
sociales, políticas, culturales y
ambientales. También debe
concluir con el esclarecimiento de lo ocurrido, con la reparación y
reconstrucción de los tejidos sociales destruidos, y con el castigo a los
responsables de los crímenes de Estado como elemento fundamental para avanzar
en la reconciliación tan anhelada por la sociedad colombiana.
Desde esta perspectiva, queremos manifestar
algunas propuestas iniciales que deben ser tenidas en cuenta, en consideración
al derecho que nos asiste.
CONSIDERACIONES:
•
El
conflicto social y armado en Colombia hunde sus raíces en la exclusión
política, económica y social a la que ha estado sometida la mayoría de la
población colombiana. Las desigualdades sociales son el producto de la
concentración en una minoría de lo que es producto del esfuerzo y trabajo
de toda una colectividad, de allí la
necesidad de reconocer el carácter político de este conflicto.
•
Toda
consideración sobre la violencia en Colombia debe partir del reconocimiento de
la existencia de crímenes de Estado, y asumir que su esclarecimiento no es sólo
un elemento central del derecho que tiene la sociedad de conocer las causas que
le han llevado a la violencia, o del derecho de las víctimas a la reparación
integral; sino que este reconocimiento conduce también a sostener el carácter
político de este conflicto.
•
Las
prácticas genocidas y crímenes de Estado
se han justificado con la existencia de un conflicto armado, pero en realidad
no han tenido otro propósito que
debilitar y eliminar las iniciativas sociales que han realizado
propuestas alternativas en torno a la propiedad de la tierra, a la destinación
del territorio; a la explotación de la naturaleza y de sus recursos; al
fortalecimiento de la economía
campesina, a la necesidad de fortalecer la producción nacional, al cambio de
modelo político, social y cultural; a la restructuración y democratización del poder, y a la
redistribución de la riqueza como manera de
superar todas las formas de exclusión.
En este sentido la
criminalidad estatal hace parte de una estrategia de represión, acumulación, exclusión económica,
política, social y cultural, que ha
tenido como principal excusa al conflicto armado para debilitar y eliminar las iniciativas sociales
y propuestas alternativas. De aquí, que
las víctimas de los crímenes del Estado en Colombia han sido, y continúan siendo, las expresiones
organizadas e inconformes de la
población civil, los movimientos políticos de oposición, las organizaciones
sindicales, campesinas, indígenas y estudiantiles, los y las defensoras de
derechos humanos, entre otros. Quienes
al ser señalados como “brazos desarmados
y fachadas de la subversión” y como parte de “la guerra jurídica y política de
la guerrilla”, son estigmatizados y judicializados para poner en funcionamiento
planes y prácticas de eliminación y exterminio. El caso del partido político
Unión Patriótica (UP) es uno de los
ejemplos más palpables de nuestra historia reciente.
Mientras estas
concepciones y prácticas no sean
eliminadas de las instituciones del Estado, no se podrá avanzar hacia la paz,
ni se harán efectivas las garantías de no repetición.
•
En
la dinámica de la criminalidad estatal, también ha sido determinante el despojo
de 10 millones de hectáreas, usurpadas a sus legítimos propietarios o
tenedores gracias al desplazamiento
forzado. Este despojo, y las amenazas de
despojo que en la actualidad subsisten, coinciden con intereses en obras de
infraestructura o de explotación de recursos, y dan vía libre a la
implementación de proyectos de acumulación de capital en el campo. Un proceso de paz debe entonces redefinir los
acuerdos comerciales para que sean democráticos y justos en lo social y en lo
ambiental.
•
Los
crímenes de Estado han combinado métodos legales e ilegales, entre ellos el
impulso y apoyo a estructuras paramilitares. La Corte Interamericana de derechos humanos (CIDH) ha
reconocido como un hecho probado la responsabilidad del Estado en la creación
de estas estructuras criminales, no sólo
por haber adoptado una serie de medidas
legislativas que permitieron al Ejército colombiano armar a la población
civil; sino por los innumerables fallos judiciales que han establecido la
complicidad entre grupos paramilitares,
fuerza pública, organismos de seguridad del Estado, sectores de la clase política tradicional,
gremios económicos, y empresas nacionales y extranjeras. De aquí que el Estado deba responder de
forma directa por los crímenes cometidos por estas estructuras así como por los
problemas del proceso de desarme y desmovilización.
•
En
la actualidad continúan ejecutándose crímenes de Estado sin que se generen
avances satisfactorios para su no repetición y para las garantías de nuestros
derechos. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) afirma que entre el 7 de
agosto de 2010 y el 23 de julio de 2012 se cometieron 58 homicidios contra
sindicalistas; la Organización Nacional
Indígena de Colombia (ONIC) informa que entre enero y julio de 2012 se
presentaron 54 homicidios en contra de integrantes de los pueblos indígenas; y el Movimiento Nacional de Víctimas de
Crímenes de Estado ha registrado durante el periodo del gobierno de Juan Manuel
Santos 186 agresiones contra sus integrantes.
•
Durante
el Gobierno de Juan Manuel Santos se han implementado numerosos mecanismos legales de impunidad como el Marco
Jurídico para la Paz, la prórroga de la Ley de Justicia y Paz, y la propuesta
de fortalecimiento del Fuero Penal Militar.
Que más allá de facilitar un diálogo con la insurgencia, buscan aplicar
indultos velados a los militares, policías y paramilitares involucrados en la
comisión de crímenes de lesa humanidad.
•
Expresamos
nuestra preocupación por la carencia de garantías en materia de participación
de la sociedad en los diálogos de paz. A la fecha no conocemos de la
existencia de escenarios o mecanismos
para escuchar a las víctimas de crímenes de Estado y mucho menos de garantías
políticas y materiales para preservar la vida e integridad física de quienes
eventualmente pudiesen participar en el proceso.
Conforme a lo anterior expresamos lo siguiente:
•
Exigimos
que se avance hacia el cese bilateral de hostilidades como garantía fundamental
para la preservación de la vida de las comunidades en las zonas donde se
desarrollan las confrontaciones. En esa
perspectiva, hacemos un llamado a los respectivos actores armados a cumplir con
las prescripciones del Derecho Internacional Humanitario y comprometerse a la
suscripción de un Acuerdo Humanitario que priorice como mínimo aspectos como la
no militarización de centros escolares, la prohibición del desplazamiento
forzado, el no reclutamiento de menores de edad, la protección y respecto a la
misión médica, la prohibición de las minas antipersonales y la proscripción de
ataques a bienes indispensables para la supervivencia de la población
•
Exigimos
que cesen los hostigamientos contra la población organizada por parte de las
Fuerzas Armadas y de los grupos paramilitares. Y exigimos el desmonte real de
las estructuras paramilitares.
•
En
virtud del derecho a la participación que corresponde a las víctimas frente a
todas las decisiones que les afecten, exigimos la apertura de escenarios de
expresión, seguimiento y diálogo en los niveles nacional y regional. Esta participación debe ser regida por el
respeto a la autonomía de las víctimas y de sus organizaciones, propender
por el fortalecimiento de las
organizaciones de víctimas y garantizar que las propuestas de las víctimas sea
tenidas en cuenta en el logro de una paz estable y duradera.
•
Solicitamos
que la participación de las víctimas de crímenes de Estado se de más allá de la
participación en el Consejo Nacional de Paz (escenario propuesto por el gobierno nacional), por considerar que
este espacio no permite la participación real de las víctimas y es susceptible
de la cooptación por parte de los funcionarios del gobierno.
•
Con
el fin de dar pasos adelante, el MOVICE comunica a todas las víctimas, a la
sociedad colombiana, al Estado y a la
insurgencia, la existencia de un trabajo de más de diez años en la construcción
de la verdad y resguardando la memoria de las víctimas de crímenes de Estado en
Colombia, sintetizado en propuestas como el Proyecto Colombia Nunca Más y la
Comisión Ética por la Verdad. Este
trabajo, entre otros, debe fortalecerse, garantizarse e impulsarse como parte
de los escenarios de participación que las víctimas exigimos.
•
Exigimos
que cesen los montajes judiciales, las desapariciones forzadas, los
hostigamientos y amenazas, y la injusta persecución y judicialización de la
protesta social, ya que en la movilización y en
ejercicio de la ciudadanía se encuentran las posibilidades de éxito del
proceso de paz como proceso de
democratización, de no repetición, de garantía de los derechos humanos y de
transformaciones estructurales.
•
Por
último, valoramos que se incluya en las negociaciones el tema de los presos y
presas(as) políticas, pero este punto debe permitir el abordaje de la
problemática carcelaria en general como elemento necesario para la construcción
de la paz.
Esperamos que los hombres y mujeres que hemos
sufrido las causas y los efectos de esta
guerra seamos tenidos en cuenta, y que se consulte de manera prioritaria las
propuestas de las iniciativas de la sociedad por la paz, expresadas en el
Congreso de Paz, las Constituyentes por la Paz y la Ruta Social Común por la
Paz.
Agradecemos la atención.
Cordialmente,
Movimiento Nacional de Víctimas de
Crímenes de Estado, Movice
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