Relatora de la ONU vio en Colombia un ‘Avatar’
Foto: Archivo Naciones UnidasGay McDougall, experta independiente de Naciones Unidas sobre asuntos de las Minorías.
Antes de hacer su trabajo de campo, alguien le dijo a Gay McDougall que la gente negra de Colombia era violenta e incapaz de organizarse.
Sin embargo, esta experta sobre minorías que vino a hacer un informe para Naciones Unidas, se fue para Cartagena, Urabá, Apartadó, Quibdó, Cali, Buenaventura, Suárez (Cauca) y San Basilio de Palenque (Bolívar). En esos sitios, se reunió con afrocolombianos y “encontré que reinaba el consenso, la participación de todos, el respecto y el sentimiento de igualdad”.
Y no sólo notó esto, sino que se trata de personas que “durante siglos han vivido en regiones de aislamiento extremo, clima arduo y, a menudo, en extrema pobreza”, según dijo. Además de que la Ley 70 dice que estas personas son las únicas dueñas de esa tierra, McDougall encontró que allí tienen su fuente de sustento y supervivencia, la conservación de su cultura, de su idioma y sus tradiciones.
Justamente en esos sitios, donde vive la mayoría de gente negra de Colombia, hay grupos armados que tienen intereses en cultivar y traficar coca. Y también “hay nuevos planes de desarrollo macroeconómico que han escogido estas regiones para inversiones de monocultivo, que incluyen el cultivo de palma de aceite y el banano, para las concesiones mineras, para la ganadería extensiva y para operaciones madereras y otros intereses económicos”, registró la experta en su declaración al terminar su visita.
En aquel documento, dice que “los megaproyectos han desplazado a muchos afrocolombianos. Se trata de operaciones económicas a gran escala, a menudo con la participación de compañías nacionales y multinacionales que fomenta el gobierno para traer el desarrollo y el beneficio económico a toda Colombia. Sin embargo, las comunidades sienten grandes temores por la intromisión en sus derechos a la tierra y el impacto medioambiental adverso. Ante semejantes intereses económicos y megaproyectos, parecería que los derechos de las comunidades son derechos “incómodos” y que las leyes que se promulgaron para protegerlos son igual de incómodas”.
Todo aquello se ha convertido en lo que ella llamó “las motivaciones en años recientes” de desplazamientos, muertes, violaciones sexuales a mujeres y cualquier manifestación de violencia en tierras de afrocolombianos. Los grupos armados ya no hacen masacres ni crímenes muy visibles, sino muertes selectivas, amenazas, desapariciones y agresiones a líderes que ven como obstáculos para sus planes.
No hace mucho, Semana.com había publicado cómo algunas personas estaban apoderándose de la explotación de la madera en Chocó. Y luego publicó denuncias que decían que posiblemente son paramilitares los que están controlando el comercio en ese departamento.
Estos hechos están pasando en momentos en que “el Gobierno ha adoptado una posición política según la cual ya no hay conflicto armado y que los grupos paramilitares se han desmovilizado”, de acuerdo con McDougall. Pero lo que ella encontró fue que “en muchas comunidades rurales negras que yo visité, he escuchado relatos conmovedores y creíbles de asesinatos y amenazas contra los líderes comunitarios”.
Para la experta, lo que está ocurriendo es que “los paramilitares se quitaron los uniformes y se armaron como ‘Águilas Negras’ u otros nombres”. La gente sabe que son ellos los mismos que los habían acosado anteriormente porque “los rostros se reconocen en la comunidad. Es difícil olvidar las caras de los verdugos de sus parientes y amigos”.
La gente sabe que necesita protección, pero “temen que la presencia del ejército o de la policía en sus comunidades las expongan a retaliaciones de la guerrilla o de otros grupos ilegales armados”, según McDougall. Ella advirtió que las autoridades tienen mucho por hacer para recuperar la confianza de estas personas e instó al Ministro de Defensa para que proteja a estas comunidades.
Claro que para el Gobierno es complejo atender las quejas de aquellas violaciones porque afectaría sus intereses y sus políticas. “Los proyectos de desarrollo agroindustriales de monocultivo, como las plantaciones de palma de aceite, figuran de manera destacada en los planes nacionales de desarrollo”, dice la experta en su declaración.
Ella conoció que “el Gobierno tiene un programa de préstamos y financiación para proyectos de conformidad con objetivos de planificación nacional en agricultura y minería, que algunos dicen, ha financiado proyectos en tierras usurpadas de afrocolombianos”. A este respecto, “me atrevería a decir que ni una comunidad con títulos ha recibido aportes del Gobierno para desarrollar sus proyectos en su propia tierra”.
Sin embargo, McDougall reconoce que en Colombia existen leyes, autos de la Corte Constitucional y programas de Acción Social que apuntan a atender y respetar los derechos de la gente negra. Pero poco se materializa sobre el terreno.
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