Denuncia Nacional e Internacional
Santiago
de Cali 5 de octubre de 2011
Denuncia
Nacional e Internacional
Inician
movilización social en todo el país contra la reforma a la ley 30 de educación
superior. La
respuesta del gobierno Santos ha sido brutal contra la comunidad Universitaria.
La
comunidad Universitaria denuncia a nivel Nacional e internacional, la
arremetida contra a Universidad del Valle por parte del ESMAD, el irrespeto por
los defensores de Derechos Humanos y la Utilización de la fuerza desmedida para
imponer una ley de educación que pone la educación superior al servicio del
capital, transnacional, el deterioro de la Calidad en función de cumplir las
metas que le imponen desde el Fondo Monetario Internacional, y de la banca
Mundial, que ve en el Derecho a la educación de los colombianos un producto del
mercado.
Hechos
Hace siete meses que el gobierno presento una ley para la educación superior, a manera
de reforma de la ley 30 existente desde el año 1992 este como un acto que
reglamentaba la educación superior en Colombia, Nunca se consultó con la comunidad
universitaria. Lo que se hicieron fue mostrar una propuesta de reforma, unos
conversatorios, en donde la comunidad universitaria no participo, no hubo
espacio para discusiones sobre los contenidos del proyecto, pues es claro que
este está orientado para cuando se apruebe el Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos para poner este derecho en función del mercado dándole el
tratamiento de un servicio; con esta nueva ley,
lo que se busca es aumentar la cobertura pero en detrimento de la
calidad, la ministra de educación y vocera de la propuesta, María
Fernanda Campo argumenta, se espera crear 640 mil nuevos cupos en
los próximos cuatro años para diferentes programas de educación superior, se
privilegia la demanda prestando plata a
los pobres, quienes compran una deuda. Manifiesta ella que “se aumentarán los créditos y subsidios, para que más jóvenes puedan entrar a la universidad
y logren culminar sus estudios profesionales”, para lograr esa meta, manifiesta
ella que “Entrarán recursos de origen público a la educación superior",
dijo la Ministra, al explicar que entre los años 2012 y 2022 ingresarán 6
billones de pesos a las universidades públicas, adicionales a los 22 billones
que ya están presupuestados.
En síntesis, este
proyecto va en contra de una plena financiación estatal de las universidades,
pues no garantiza el ejercicio real de la democracia y la autonomía, aplica
la calidad como un producto para la competitividad
en el mercado laboral, no garantiza la cobertura total de la juventud excluida
y marginada del sistema educativo sin pensar en favorecer el capital y lo más grave fue que se construyó sin la
participación de la comunidad universitaria y la sociedad colombiana en general
y hoy se quiere imponer a sangre y fuego.
Ya son varias la Universidades que desde la semana pasada iniciaron cese de actividades, como la Universidad de PAMPLONA, ahí han sido fuertemente reprimidos los estudiantes, hay varias detenciones y denuncias por el abuso de la fuerza pública, en el tratamiento de la protesta social.
Desde este 3 de octubre lunes comenzaron
los preparativos del paro nacional estudiantil en rechazo a este proyecto, paulatinamente las universidades
empezaron a cesar sus actividades. Sin embargo, se espera que el gran paro
nacional esté consolidado completamente el próximo 12 de octubre, día en el que
habrá una marcha de protesta en todo el país.
En la tarde de este lunes 3 de octubre fue radicado
el proyecto de reforma a la Educación Superior, en la Comisión VI de la Cámara de Representantes,
denuncian los miembros de la comunidad Universitaria que esta iniciativa nunca
fue discutida con la comunidad Universitaria y que se habilitaron unos espacios
de consulta, mas no de participación ciudadana, que lo que buscaban era engañar
a la comunidad Universitaria, para que con su participación legitimaran este
montaje, ante la falta de reconocimiento la comunidad universitaria no participo
de este proceso es decir que dicho documento no cuenta con la legitimidad de la
comunidad afectada.
Apoyados en el concepto de la autonomía Universitaria, se han organizado
varios procesos de discusión en los diferentes estamentos de las Universidades
y se han votado varias actividades, tales como consultas para definir si se
está de acuerdo con la ley que se impone, asambleas, constituyente
universitaria como en la Universidad del Tolima, cese de actividades como en la
Universidad de Pamplona, aunque el debate está en manos de un congreso que en
sus mayorías es gobiernista este se trasladara
a todo el país por fuera del
capitolio nacional, partir del momento
en que el gobierno presento el proyecto,
las universidades desde la Mesa Nacional
Estudiantil, MANE, SINTRAUNICOL que es el Sindicato Nacional de Trabajadores y
Empleados Universitarios de Colombia, las organizaciones profesorales asumen este hecho del gobierno como una
afrenta o reto del gobierno y han iniciado un movimiento nacional por la
defensa de la educación pública con calidad, cobertura y unas financiación
verdadera, además por el respeto al constituyente primario en la toma de decisiones que le atañe, se exige adema las
garantías por el respeto a la vida y los derechos humanos e integridad física
de quienes se declararon en oposición a esta iniciativa.
En una acto soberano, democrático y en el marco de la
autonomía Universitaria, para los días 5, 6 y 7 de octubre, fecha en que se
realiza el paro nacional estatal convocado por las centrales obreras, se realizara una consulta, para que los
universitarios voten a favor o en contra del proyecto. Esta decisión será
entregada al gobierno de JUAN MANUEL SANTOS para que tenga en cuenta que piensa
la comunidad Universitaria sobre dicho proyecto, en el cual se espera que
mayoritariamente la comunidad rechace La iniciativa de una reforma, esa será la
vos de los universitarios; a renglón seguido se está convocando al paro
nacional de más de 40 universidades públicas y algunas privadas,
esta actividad se ha programado para el próximo 12 de octubre día internacional
de la raza. Ese día, además de movilizaciones en todas las ciudades del país,
se le entregará al Presidente Santos los resultados, por su parte SINTRAUNICOL
estará acompañando este proceso, pues para el próximo 19 de octubre se ha
decretado la hora cero del personal administrativo en las Universidades, El
profesorado viene discutiendo y alistando sus fuerzas para sumarse a este
movimiento.
Una vez conocido de la actividad de oposición y de las
actividades hacia el paro nacional universitario que
continua el 12 y 13 octubre que se resiste al contenido
del proyecto, la Ministra amenaza solicitando buen comportamiento, dice ella en
medios de comunicación "Acogemos
con respeto el derecho a la protesta, pero de manera pacífica, sin actos de
vandalismo; invitando a participar en los debates que se harán sobre esta iniciativa condicionando la
participación a los escenarios que el gobierno tiene controlados como el
congreso y apoyado con un espacio político que le aprueba lo que este vendedor
del patrimonio, tiene en las vitrinas, se trata de la mesa por Unidad Nacional,
lo cual no da garantías para lograr acuerdos, esta palabras de la ministra se
convierten en una declaración de guerra contra la comunidad universitaria que
se está oponiendo; es así como nos veremos
enfrentados a escenarios de violación de los DDHH de los miembros de la
comunidad Universitaria, pues lo que son protestas serán catalogadas como actos
vandálicos o terroristas y se vendrá como es costumbre en nuestro país la
represión.
La comunidad Universitaria de Pamplona comparte que “Más de 5.000
estudiantes de los distintos programas académicos de la Universidad de
Pamplona, salieron a las calles durante la marcha estudiantil celebrada en la
ciudad de Pamplona, Norte de Santander el martes 20 de septiembre. Llamaban a
la unidad y a la defensa de la educación pública con calidad mientras
repudiaban los atropellos y desmanes cometidos por más de 60 efectivos del
Escuadrón Antidisturbios de la Policía Nacional, La marcha partió a las 6 pm desde las
afueras de la universidad, recorrió gran parte de la ciudad y culminó en una
gran concentración en el parque central Águeda Gallardo hacia las 9:30
pm. Los estudiantes acordaron que mantendrían asambleas permanentes en
cada una de las facultades esta semana hasta el próximo lunes con el ánimo de
realizar un pliego de peticiones en el cual precisaran todas sus exigencias.
«Casi nos matan», fue la afirmación generalizada de los estudiantes. Según uno
de ellos, de la facultad de ciencias agrarias que prefirió no dar su nombre por
motivos de seguridad: «La incursión del ESMAD,
fue a las 2:20 am sin previo aviso, no se nos informó que desalojáramos voluntariamente
el campus. Se desconectaron las cámaras por presuntos infiltrados de esta
fuerza para que no quedara registrada la represión. El ESMAD, no llegó a negociar sino atacando a los
estudiantes, incluso a las muchachas, lanzando bombas lacrimógenas y
balas de goma. Se perdieron muchas cosas como carpas, celulares, portátiles;
nadie responde por esto hasta el momento. A la gente la sacaron corriendo a
punta de golpes, pateando todo y dañando incluso nuestra propia universidad,
cosa que no habíamos hecho nosotros»”
La comunidad Universitaria
de la Universidad del Tolima informa que “En un acto sin precedentes en la
Universidad del Tolima, profesores, estudiantes y trabajadores acordaron
declararse en Asamblea Constituyente Universitaria. Esta decisión está
sustentada en el ejercicio de la autonomía universitaria, los principios de la
democracia profunda y busca superar la crisis ética, académica y
administrativa, en la que se encuentra sumida la Universidad en perspectiva de
construir en común la idea de universidad a la altura de nuestros sueños.
Finalmente, la Asamblea popular Constituyente de la Universidad del Tolima invita a todos los tolimenses a comprender la problemática universitaria y apoyar los procesos de movilización que hoy se lideran desde dicha asamblea.”
En este contexto el
pasado Octubre 4, 2011 a las 3:06 am el periódico LA
NACIÓN de NEIVA publica la siguiente información
que Jueces
de garantías en Bogotá, legalizaron las capturas de seis estudiantes
universitarios, el rector del colegio de Santa Ramos y un campesino. En la
tarde de ayer en los juzgados de Paloquemao. En las audiencias, el juez de
garantías legalizó las capturas de Jorge Eliécer Gaitán, estudiante de la
Universidad Surcolombiana en Neiva; Paola Soto, de la Corporación
Universitaria del Huila (Corhuila) y Omar Marín y Camilo Escudero, de la
Universidad de la Amazonía, en Florencia. Además de la aprehensión de Omar
Alfonso Cómbita, rector del Colegio de Santa Ramos; Luis Fernández, miembro del
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Cpdh), en el
municipio de Algeciras y Carlos Alberto Lugo.. Según la Fiscalía y la Dijin,
los ochos detenidos hacían parte de una red de apoyo a las milicias de las Farc
en Huila y Caquetá. Los detenidos son investigados por los delitos de rebelión,
concierto para delinquir agravado y administración de recursos procedentes de
actividades terroristas.
Ante esta imposición del gobierno, el día de hoy estudiantes
de la Universidad del Valle salieron a protestar a eso de la 1 de la tarde,
como es tradicional en este tipo de actividades la fuerza pública a través del
ESMAD inicia sus actividades de represión a nombre de mantener el orden público
y de terminar con los actos vandálicos que según la ministra se van a dar en
este proceso; para este tipo de confrontaciones, las organizaciones defensoras
de derechos Humanos dan un apoyo a las víctimas y hacen las mediaciones entre
los manifestantes y la fuerza pública, con el objetivo de velar por la
integridad de protestantes y de la policía misma en casos de inferioridad, es
así como el defensor de derechos Humanos JOSE
MILICIADES SANCHEZ vicepresidente de SINTRAUNICOL Cali, miembro del Comité Permanente por la defensa de los
Derechos Humanos, de la comisión de DDHH de la CUT-Valle, SINTRAUNICOL y la Universidad del Valle, en
momentos que se acercaba a dialogar con las autoridades, tal como se procede en
estos casos, le muestra a los agentes del escuadrón el distintivo de defensor
de Derechos Humanos que porta en su chaleco, la respuesta que recibió un
disparo de Truflai a tan solo tres metros de distancia, este fue accionado por
un agente del ESMAD desde la tanqueta 270451, hiriéndole en el brazo
derecho
disparó contra su cuerpo a su pecho, lo que buscaba era lesionar de manera
brutal,
El
Defensor fue auxiliado por los trabajadores quienes lo llevaron a una atención
medica y hoy afortunadamente se encuentra fuera de peligro.
La
Policía Metropolitana de Cali informó además que en los enfrentamientos que se
presentan desde la 1:00 p.m. en la Universidad del Valle entre alrededor de 150
encapuchados y miembros del ESMAD, resultaron heridos tres miembros de la
Fuerza Pública, Al parecer, uno de los heridos presenta una grave herida en una
de sus extremidades”.
Por
otro lado las estructuras funcionales al gran capital como la usurpación que se
da al pueblo caleño a través del Sistema de Transporte Masivo MIO, en el país
de hoy en la tarde; el presidente de Metrocali, Luis Eduardo Barrera, señaló
“que ante los recurrentes episodios de disturbios sobre la Calle 13 con Carrera
100 frente a la Universidad del Valle, que están afectando al sistema masivo y
a sus usuarios, la ruta P10A no volverá a pasar por ese sector, El funcionario
indicó que ante los hechos que afectan al MÍO, que cada vez se vuelven más
recurrentes, espera un pronunciamiento de las directivas de la Univalle. "Esto se está saliendo de
las manos. Lo que ocurrió hoy con el conductor del bus fue secuestro, porque
fue conducido hasta la Universidad a la fuerza. Los abogados jurídicos de
Metrocali están revisando la pertinencia de la denuncia por secuestro", aseveró
Barrera.
Solicitudes
Ante
este mensaje con que se inscribió el proyecto de ley de educación superior,
Hacemos un fuerte llamado a toda la comunidad Universitaria a cerrar filas por
la defensa de la educación superior pública, a la Unidad en una plataforma que
unifique esta lucha, a organizarnos y a luchar a través de la movilización
social, entendiendo este como una posibilidad de compartir rotundamente las
intencionalidades del gobierno de Santos de vender la educación superior.
Ante
los hechos anteriormente expuestos la comunidad Universitaria solicita a las
organizaciones no gubernamentales y defensoras de los derechos humanos al
movimiento social en general, su apoyo y solidaridad en esta lucha que hoy nos
toca enfrentar desde el movimiento universitario y el pueblo en general.
Exigimos
las garantías para que en Colombia se de el libre desarrollo de la protesta
ante la inconformidad por la imposición de una reforma al servicio del capital
de las multinacionales y multinacionales
de la educación en el mundo.
Al
pueblo norteamericano, que sigan luchando contra la aprobación del TLC, que lo
único que sigue trayendo es la violación de los Derechos Humanos de los
sindicalistas en Colombia.
Organizaciones firmantes:
Asociación
para la Investigación y Acción Social –NOMADESC
SINTRAUNICOL
Subdirectiva Cali.
MOVICE-
Capitulo Valle del Cauca
Fundación
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos- Seccional Valle del Cauca
–CSPP.
Confederación
de trabajadoras y trabajadores universitarios de las Américas CONTUA
Comité
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH Valle.
Sus
pronunciamientos los pueden enviar a:
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá Fax. 5662071
comunicacionesvp@presidencia.gov.co
ANGELINO GARZÓN Vicepresidente de la República
buzon1@presidencia.gov.co y ppdh@presidencia.gov.co
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
RODRIGO RIVERA Ministro de la Defensa Avenida El dorado
con carrera 52 CAN Bogotá D.C. siden@mindefensa.gov.co
infprotocol@mindefensa.gov.co mdn@cable.net.co
GERMÁN VARGAS LLERAS Ministro del Interior y de Justicia
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C. Fax. 2221874
ministro@minjusticia.gov.co
VIVIÁN MORALES Fiscal General de la Nación Diagonal 22B
No. 52-01 Bogotá D.C. Fax. 570 20 00 contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co
WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ Defensor del Pueblo Calle 55
No. 10 – 32 Bogotá D.C. Fax. 640 04 91 defensoria@defensoria.org.co
secretaria_privada@hotmail.com
ALEJANDRO ORDÓÑEZ Procurador General de la Nación Carrera
5 No.15 – 80F Bogotá D.C.anticorrupción@presidencia.gov.co
reygon@procuraduría.gov.co
Denuncia Pública Agresión del ESMAD contra defensor de Derechos Humanos
Denunciamos
ante la comunidad nacional e internacional que, en el marco del paro
estudiantil que se adelanta en la Universidad del Valle, fue herido por el
Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD-, el defensor de Derechos Humanos JOSE
MILICIADES SANCHEZ. Dicho Escuadrón Móvil, disparó a tres metros de distancia (a
quema ropa) contra el defensor de derechos humanos perteneciente al Sindicato
de Trabajadores y al Comité de Derechos Humanos de la Universidad del Valle
(Cali-Colombia).
Denunciamos
este hecho como violación al derecho a la vida e integridad de los y las
defensoras de derechos humanos en su legítima labor de acompañamiento a las
comunidades que así lo demanden. Así mismo, alertamos sobre la respuesta violenta
que las autoridades dan al debate sobre la imposición de la Ley de Educación (Ley
30) que el gobierno de Juan Manuel Santos presentó ayer ante el Congreso de la
República. Este comunicado constituye una alerta temprana a futuras agresiones,
pues en todo el país se alista un paro nacional universitario.
En
este momento, el defensor de Derechos Humanos se encuentra en mejores
condiciones. Solicitamos a las organizaciones de derechos humanos rodeen a la
comunidad universitaria en las acciones que adelanta el sector estudiantil
colombiano.
Declaración final del congreso nacional de tierras, territorios y soberanías
La Madre
Tierra es de quien la cuida,
los
territorios son de los pueblos, la soberanía es popular
Declaración del
Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías
15.000 delegadas y delegados de las organizaciones
campesinas y de trabajadores y trabajadoras del campo y las ciudades, de los
pueblos indígenas y afrodescendientes, de pobladores urbanos, las
organizaciones de víctimas de crímenes de Estado y de víctimas del desarrollo
capitalista, nos hemos reunido en Cali
entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2011 en torno de la defensa de
la vida y de la Madre Tierra, para ratificar nuestra voluntad de trabajo y
movilización conjunta, y continuar el proceso de legislación propia sobre el
territorio.
1. Hemos venido a defender la vida y la Madre Tierra.
Hemos comprobado que la única opción de
vida no es el consumismo, la adicción al petróleo, la destrucción de la
naturaleza y la economía impulsada por la guerra. Los aquí presentes ya venimos
construyendo la alternativa: territorios gobernados por las comunidades,
relaciones sociales y de trabajo equitativas e igualitarias, economías
sustentables donde impera el uso respetuoso de los bienes de la naturaleza,
decisión autónoma sobre la producción de alimentos,
Lamentamos que el gobierno y algunos medios de
comunicación insistan en señalar que estos propósitos, y las movilizaciones que
realizamos para concretarlos, sean amenazas terroristas. Como ha dicho el
editorial de El Tiempo del 3 de octubre, hay un aumento sensible de la
movilización popular; pero se equivoca al ver que tras estas acciones está la
presencia insurgente. El uso rutinario del señalamiento les impide ver que
detrás de la movilización social en realidad está la respuesta indignada de la
gente frente a la destrucción de la naturaleza, la invasión de los territorios
por las industrias extractivas, el despojo de los bienes naturales, la
continuidad de una estructura agraria inicua --denunciada estos días en el
Informe de PNUD.
2. Dos tesis hemos confirmado: la profunda inequidad
del sistema político y socio-económico que rige a Colombia, y la oposición del
bloque político en el poder para transformar ese modelo y reformarse a sí
mismo. Por el contrario: el país sigue secuestrado por las mafias y la
parapolítica, y las acciones que el gobierno nacional dice realizar para
enfrentar estos sectores evidencian que no irá a la raíz del problema --la
persistencia del latifundio armado y la alianza de éste con la oligarquía
industrial y financiera--, y por el contrario utilizará la justa aspiración
social de combatir el paramilitarismo y el despojo de tierras, para ajustar aún
más el modelo territorial a los requerimientos del capital.
Esta certeza ratifica lo que venimos diciendo de tiempo
atrás. Que no será en los espacios de la institucionalidad donde los sectores
populares encontraremos la respuesta a nuestras exigencias por los derechos;
que nos ha tocado legislar y actuar por nuestra propia cuenta para
garantizarlos; que debemos ir más allá de ser oposición política, y construir
por nuestro lado y a nuestro modo el país que soñamos y queremos. Nuestra
intervención en espacios gubernamentales para exigir el cumplimiento de las
obligaciones del Estado frente a los derechos humanos, solo tiene sentido si al
mismo tiempo en las comunidades construimos gobierno propio y fortalecemos
nuestra capacidad de ordenar la vida y el territorio.
3. El conjunto de las medidas legislativas y de
políticas que los últimos gobiernos vienen impulsando o pretende llevar a cabo la
conversión de Colombia en una mina a cielo abierto, la imposición de las
llamadas “locomotoras del progreso”, la entrega del campo a las Zonas de
Desarrollo Empresarial, la adjudicación del país a la industria
minero-energética, el estrangulamiento de los ríos y las aguas, en suma, volver
a Colombia una zona franca de 200 millones de hectáreas, no es otra cosa que la
agenda del capital nacional y transnacional, y se sintetizan en lo que podemos
llamar la “privatización de los territorios”, es decir, quitarle a la sociedad
y los pueblos el derecho de ordenar y gobernar sus espacios de vida y
entregárselos al capital privado.
Cada una de las luchas que nuestros pueblos vienen
dando los últimos meses, son para enfrentar este despojo. En Santurbán
(Santander) para que las decisiones sobre el agua las adopten las comunidades
que la beben; en el Quimbo (Huila) e Hidroituango (Antioquia) para que la
elección entre comida para las comunidades o energía para las transnacionales
sea una decisión de los pobladores y no de las burocracias al servicio del
capital; en Puerto Gaitán (Meta) para restituir al país el patrimonio del
subsuelo; en La Toma (Cauca) para que las comunidades afrodescendientes sigan
mandando sobre sus fuentes de vida; en La Colosa (Tolima) para seguir siendo
los dueños de su agua y de su vida; en el norte del Cauca indígena, para que el
TLC con los Estados Unidos no despoje a los pueblos de su autonomía
alimentaria; en Bahía Málaga (Valle), Bahía Solano (Chocó) y Bahía Portete para
que los puertos no destruyan la base alimentaria de las comunidades; en San
Andrés para que los raizales no sean desterrados en su propia tierra; en las
grandes ciudades para que las zonas francas y los puertos secos no sean sitios
prohibidos para la población; en Teorama y El Tarra para impedir que la Madre
Tierra sea profanada. Cada una de estas luchas populares son para impedir la
desterritorialización y el despojo.
4. Aunque víctimas del desarrollo y del despojo,
nuestras comunidades han pasado a ser defensoras de la soberanía que el Estado
-que debería ser su garante- ha abandonado en la feria de la “confianza
inversionista”. La reactivación de las luchas sociales populares en Colombia se
vienen dando justo por el camino de defender la Madre Tierra, los territorios y
la soberanía nacional.
Se trata de una dinámica similar en todo el mundo. La
captura de los Estados por los intereses privados ha despertado una ola de
indignación en Europa, Suramérica y los Estados Unidos contra el despojo de la
economía y la vida pública. Todos ellos reclaman, igual que nosotros y
nosotras, el derecho de dirigir sus vidas, sus economías y sus países. No
dudamos en decir que somos parte de ésos, los indignados y las indignadas del
mundo.
5. Los pueblos, organizaciones y procesos asistentes
hemos adoptado 7 mandatos temáticos, 10 macroregionales y un Mandato de
Mandatos sobre Tierras, Territorios y Soberanías. Se trata de compromisos
serios en la construcción del nuevo país, adquiridos por organizaciones y
procesos que asumimos la responsabilidad de realizarlos. Entre ellos
consideramos de vital importancia los siguientes:
ñ Consolidar
la unidad del movimiento y las organizaciones populares para cuidar a la Madre
Tierra, defender los territorios y consolidar la soberanía popular. El
espíritu unitario y fraternal que nos ha acompañado en este Congreso, tendrá
que converger en un gran Movimiento Social y Popular por la Tierra, el
Territorio y la Soberanía. Un primer paso es la conformación de un espacio de
coordinación de los procesos que nos sumamos a estos mandatos.
ñ El
segundo mandato general es cuidar la Madre Tierra y reconocerle sus derechos.
Quien no cuida la Madre Tierra no la merece. Y no la merecen los que
destruyen las fuentes de agua para explotar oro o petróleo. Este Congreso ha
mandatado prohibir la gran minería y la explotación petrolera desaforada. En
consecuencia, ha declarado no grata e ilegal la presencia en nuestros
territorios de la Anglo Gold Ashanti, la BHP Billiton, Xtrata, Pacific
Rubiales, CosigoResources, Smurfitt Kappa, Cemex, MedoroResources, Grey Star (hoy
Eco Oro MineralsCorp) y Unión Fenosa, por su participación directa en
agresiones a las comunidades y territorios, y su atentado sistemático a la
soberanía nacional. Les notificamos que acudiendo al derecho ancestral de
indígenas y afrodescendientes, a los derechos de los pueblos y de la Madre
Tierra, al derecho a la vida y paz, y a las normas constitucionales y del
derecho internacional de los derechos humanos, realizaremos las acciones que
correspondan para impedir su presencia, para que salgan del país y sean
sancionados.
ñ El
tercer mandato es realizar –como organizaciones sociales populares-- todas las
acciones políticas civiles para construir un camino hacia la solución política y
negociada del conflicto social y armado. La guerra en nuestros territorios
altera profundamente la armonía de las comunidades y de la naturaleza, y no es
posible esperar mejoras en los derechos humanos si el conflicto continúa. El
derecho a la paz solo se cumplirá si la realizamos nosotros y nosotras mismas
con la resistencia a la guerra, la exigencia a los actores armados para que
respeten el derecho humanitario --en especial la oposición a que el cuerpo de
las mujeres sea utilizado como botín de guerra--, y las acciones directas de
desmilitarización de nuestros territorios. El pueblo colombiano y todas sus
expresiones sociales adoptaremos una agenda de diálogos nacional y regionales
en el Congreso Nacional de Paz que tendrá lugar el próximo año, al cual nos
convocamos.
ñ El
cuarto mandato general es profundizar la liberación de la Madre Tierra y la
realización participativa de la reforma agraria. No permitiremos que en el
lugar de los grandes latifundios del narcotráfico y el paramilitarismo, que
deben ser desmantelados, se instale el gran latifundio de los conglomerados
agroindustriales. Por el contrario, esas tierras –robadas en cientos de años a
indígenas, campesinos y afrodescendientes-- deben restituirse a nuestras
comunidades. Ocuparemos pacíficamente lo que por historia y por derecho nos
pertenece; y allí donde se puedan presentar diferencias sobre los derechos
territoriales de cada pueblo o sector, acudiremos a los principios de la unidad
y el respeto interétnico para resolverlas.
ñ El
quinto mandato general es constituir a las organizaciones sociales y comunidades
como protectoras del agua. Desde el ejercicio del gobierno propio y
autoridad, abordaremos el manejo, gestión y protección de las fuentes de agua,
confrontando su privatización y degradación producto de la expansión de la
frontera agropecuaria y minero-energética y el desarrollo de megaproyectos que
amenazan su disponibilidad.
ñ El
sexto mandato general es construir una economía propia y articulada de los
pueblos, no supeditada al mercado global, que garantice la soberanía y
autonomía alimentarias y los saberes asociados a las semillas, las plantas y
los alimentos. Vamos a fortalecer las prácticas de producción, transformación,
intercambio y consumo culturalmente apropiadas, socialmente justas y en armonía
con la vida; no utilizaremos ni permitiremos agrotóxicos y transgénicos;
impediremos la presencia de los agrocombustibles, plantaciones forestales y
otros monocultivos que amenazan nuestra soberanía territorial y alimentaria.
ñ El
séptimo mandato es realizar una reforma urbana del país que contenga un ordenamiento
territorial urbano popular democrático de las regiones reconociendo la
diversidad y las diferencias tanto de pueblos que habitan al interior de los
territorios urbanos, como entre las ciudades de Colombia.
ñ El
octavo mandato general es emprender todas las acciones necesarias hasta que los
responsables intelectuales y materiales del exterminio contra nuestros pueblos
sean juzgados. Recogemos las semillas de vida, memoria, verdad, justicia y
reparación, sembradas por las luchadoras y luchadores populares en la defensa
de la vida y de la Madre Tierra, y víctimas de este conflicto.
ñ Los niños
y niñas presentes en Congreso han aprobado un mandato: debemos consolidar
espacios para que deliberen y sus aportes sean tenidos en cuenta. El futuro
del territorio está en peligro si no despertamos sus corazones y sus
conciencias para que lo defiendan. Obedeciendo su palabra mayor, generaremos
siempre los espacios donde los niños y niñas de nuestros pueblos puedan pensar
y construir el país de sus sueños.
Éstos
son los mandatos de los pueblos y las organizaciones populares. Los
cumpliremos. Nos movilizaremos en calles y campos para hacerlos realidad.
Llamamos a todos y todas a comprometerse con ellos, a la intelectualidad a
sumarse a esta construcción de país, a los partidos políticos populares a
acatarlos.
Cansados de obedecer. Cansados de ser consultados
mientras otros deciden. Queremos gobernar. ¡Vamos a gobernar en nuestros
territorios!
Cali, 3 de octubre de 2011.
La Madre
Tierra es de quien la cuida, los territorios son de los pueblos, la soberanía
es popular